El servicio de telefonía está garantizado en Ecuador mientras el gobierno y las empresas negocian nuevos contratos

El gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Guillermo Lasso, debía cerrar la renovación de la concesión de las frecuencias para el servicio de telefonía móvil con las multinacionales Claro (Conecel S.A.) y Movistar (Otecel S.A.), pero aún no lo ha hecho. En agosto de 2021, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) anunció el inicio del proceso. Alrededor de diez millones de usuarios están alerta ante una posible suspensión de sus líneas, aunque la Arcotel y el Ministerio de Telecomunicaciones han reiterado que el servicio se mantendrá sin interrupciones.

La renegociación debía culminar el 7 de junio pasado, pero el 25 de mayo, la Arcotel resolvió suspender los plazos de finalización de la negociación. En un comunicado, la entidad gubernamental aseguró que “el servicio de telecomunicaciones se mantendrá vigente, de manera ininterrumpida, sin perjuicio de los plazos contractuales con las operadoras telefónicas, mientras avanza el proceso de renegociación”.

La ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, en exclusiva con Infobae dijo que los usuarios de telefonía móvil no deben temer una posible suspensión del servicio y aseguró que aquel temor es parecido a “una leyenda urbana”. Según Maino, tanto la Constitución como la normativa ecuatoriana vigente definen al servicio de telecomunicaciones como un servicio público por lo que está garantizado por el Estado: “Ningún servicio público se puede dar por terminado independientemente que lo preste el Estado, a través de una empresa pública, o un privado. Jamás se puede dar de baja, inclusive si se terminase el contrato otorgado al privado no quiere decir que el servicio se corta ese día”, reiteró.

Infobae también tuvo acceso al anuncio de la Arcotel que indica que la entidad “está trabajando en la prórroga temporal de la vigencia de los contratos con el objetivo de generar mayor estabilidad y mejores condiciones a los usuarios y también brindarle a las empresas telefónicas seguridad jurídica, para que su título se mantenga vigente y exista claridad en la base legal para el cobro de los tributos al Estado”. Esto fue confirmado por la ministra Maino, quien explicó que el gobierno trabaja en la prórroga para dar seguridad a las empresas que están bajo un contrato porque en el caso de los ciudadanos “el servicio está garantizado”.

En el 2008, Claro y Movistar llegaron a acuerdos con el gobierno de Rafael Correa para que se les otorgue las concesiones de telefonía móvil por 15 años. Según la información compartida por Maino a Infobae, en el 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, ambas empresas solicitaron que se inicie el procedimiento de renovación del Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado. Esa fue la primera etapa.

En agosto de 2021, a dos meses de que Lasso tomara posesión, empezó la segunda etapa cuando la Dirección Ejecutiva de la Arcotel dispuso el inicio del proceso de negociación para la renovación del contrato de concesión con las empresas. La tercera etapa, en cambio, sucedió entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. Entonces el Directorio de la Arcotel emitió políticas y lineamientos para el proceso de negociación del servicio móvil avanzado. La ministra de Telecomunicaciones explicó que esta fase se extendió porque “había que verificar, que de acuerdo con sus contratos vigentes, las operadores hayan cumplido algunas condiciones de calidad de servicio, nivel de cobertura en carretera y otros parámetros que se tuvieron que revisar uno a uno”.

Luego de esas revisiones, el 13 de diciembre del 2022 comenzó la cuarta fase correspondiente al proceso de negociación de la renovación. La Arcotel también se ha referido a una quinta etapa con la participación de entidades multilaterales y veedores del proceso.

Para esto el gobierno realizó la contratación de una consultoría a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas para la realización de la valoración de los derechos de concesión del servicio y valoración del espectro radioeléctrico y a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el asesoramiento y valoración de la explotación del servicio a prestarse por las operadoras. Además, son parte integrante de la renegociación como veedores el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL) y la veeduría ciudadana calificada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Hasta que las negociaciones concluyan estas permanecerán como confidenciales. Maino explicó que “los procesos de negociaciones en temas estratégicos sobre servicios públicos tienen esa figura a nivel internacional”. Los términos que ahora se discuten no se podrían publicitar “porque no son los definitivos”, dijo la ministra.

El gobierno de Guillermo Lasso terminará anticipadamente su mandato en noviembre de este año cuando las nuevas autoridades, elegidas en agosto, se posesionen. La negociación entonces podría extenderse y quedar en manos de la nueva administración. La prórroga que tramita el gobierno de Lasso haría que no exista “un apuro existencial” para que las rondas de negociación terminen en noviembre, en palabras de Maino. Según la ministra, las entidades encargadas del proceso continuarán “trabajando día a día para que se logre una transacción que sea de interés para los ecuatorianos”.

Algunos expertos consultados por medios locales han indicado que la renovación de la concesión podría realizarse por un valor inferior al que se pactó en el 2008. En ese momento fue un total de USD 700 millones. Esto porque ahora los usuarios de telefonía móvil ocupan a sus celulares sobre todo para conectarse a internet y cada vez envían menos mensajes de texto y realizan menos llamadas. Aunque Maino reconoció que el escenario actual difiere de aquel de hace 15 años por el cambio en las condiciones tecnológicas, aseguró que “hay muchos más clientes, muchos más usuarios, más aplicaciones tecnológicas y mucho más tráfico”.

Las empresas no se han pronunciado públicamente porque han anunciado que el vocero de la renegociación de las concesiones es el gobierno.

Seguir leyendo: