La protesta contra la minería que anunció el movimiento indígena en Ecuador se cumplirá en Quito con replicas en las 23 capitales provinciales, el próximo 13 de junio. Esta manifestación está impulsada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Frente Antiminero y otros grupos de la sociedad civil. Las protestas rechazarán el Decreto Ejecutivo 754 firmado por el presidente Guillermo Lasso que modifica las disposiciones reglamentario del Código Orgánico del Ambiente.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, acompañado de varios activistas, anunció que el próximo martes entregarán esta orden popular a las autoridades locales, como alcaldes, prefectos y gobiernos parroquiales, exigiéndoles que asuman una mejor gestión de los territorios.
En la ciudad de Quito, la marcha se dirigirá a la Corte Constitucional, donde presentarán recurso de inconstitucionalidad de decreto presidencial. Iza, presidente de la confederación indígena, acusó a Guillermo Lasso de emitir esta disposición que reforma la reglamentación de la codificación ambiental “aprovechando la ausencia del pleno de la Asamblea Nacional”, órgano legislativo que fue disuelto el 17 de mayo debido a una grave crisis política interna.
El líder indígena acusó al mandatario de intentar promulgar decretos para permitir la entrada de empresas transnacionales en ausencia del Congreso. Iza también señaló que esta medida confunde la consulta previa, libre e informada para los pueblos y nacionalidades con una materia que debe regularse por la ley.
Aunque en esta circunstancia excepcional (cuando se opta por la disolución cruzada) el artículo 148 de la Constitución del Ecuador permite al presidente emitir decretos con fuerza de ley en materia económica, Iza considera que el presidente está actuando en contra de la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y ambientales.
La protesta, denominada Marcha para la entrega del Mandato del 12 de enero por la Defensa de la Vida, tiene como objetivo expresar la oposición a la militarización de las zonas con concesiones mineras y para derogar el instrumento administrativo expedido por el presidente Lasso. El decreto reforma varios aspectos del reglamento para la aplicación del Código Orgánico del Ambiente, particularmente en lo relacionado con la consulta ambiental y la participación ciudadana previas a procesos extractivos en concesiones de recursos naturales no renovables.
En relación con esta marcha, los activistas recuerdan que este mes de junio se cumple un año desde las violentas movilizaciones que paralizaron el país durante 18 días en junio de 2022, y que culminó con un diálogo nacional con el gobierno cuyo resultado fue un acuerdo antiminero. Sin embargo, este acuerdo no se ha implementado debido a la falta de elaboración de una propuesta de ley que permita la consulta previa, libre e informada que pueda instrumentarse con la participación de los pueblos y nacionalidades.
Leonidas Iza, principal impulsor de la intangibilidad del Bloque 43 del Yasuní, Ishpingo, Tiputini y Tambococha (Yasuní-ITT), han instado a los actores políticos a mantenerse al margen de esta plataforma de lucha durante la campaña presidencial y las elecciones generales anticipadas previstas para el 20 de agosto próximo.
El primer gobernante en defender esta zona amazónica fue el presidente Jamil Mahuad que en 1998 emitió un decreto que establecía la zona como intangible con la intención de prohibir la intervención de actividades extractivas en sus territorios con el objetivo de proteger los lugares de asentamiento de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario y evitar la extracción de petróleo en varias áreas de la selva amazónica ecuatoriana.
El actual decreto emitido por Guillermo Lasso consta de nueve artículos que reforman varios aspectos relacionados con la consulta ambiental para proyectos mineros, e incluye disposiciones transitorias. Una de estas disposiciones establece que todos los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto ambiental que se produzcan en los sectores estratégicos y no estratégicos, registrados en el Sistema Único de Información Ambiental hasta el 11 de octubre del 2021, deberán someterse a un proceso de consulta, compromiso ciudadano y participación de conformidad con las normas vigentes en el momento del registro, para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional.
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