Para que el juicio político impulsado en el Congreso de Ecuador resulte en la destitución del presidente Guillermo Lasso se necesitan al menos 92 de 137 votos. En una entrevista con Andrés Oppenheimer, el mandatario ecuatoriano aseguró que los opositores no cuentan con los votos para sacarlo del cargo. Según los plazos establecidos en la ley se espera que entre la primera y segunda semana de mayo se celebre la sesión de interpelación, defensa, debate y votación del juicio político que ha puesto a Lasso contra las cuerdas.
“No los tienen ahora (a los votos)”, dijo Lasso en la conversación donde aseguró que este es otro de los cuatro intentos para destituirlo en menos de dos años de gestión. El presidente asumió el cargo el 24 de mayo de 2021 y tuvo un exitoso plan de vacunación anticovid que lo encumbró con una popularidad mayor al 70%. Sin embargo, una vez que la vacunación concluyó, la crisis carcelaria, los altos niveles de violencia y delincuencia, los atentados, los cambios en su gabinete y la nula creación de puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo lo han dejado con una aceptación que no llega ni al 20%.
Lasso se ha autodenominado como un político incómodo para sus opositores. Además, ha sostenido que la violencia que se vive en las cárceles y calles del país es una respuesta a los golpes que su administración ha dado al tráfico de drogas: “Quieren verme fuera porque soy incómodo para muchos de ellos, no para todos, por la lucha frontal de mi Gobierno contra el narcotráfico y también contra diferentes grupos acostumbrados a cooptar el Estado y llevar a cabo actos de corrupción”, dijo.

El presidente ecuatoriano tampoco ha descartado decretar la disolución anticipada de poder representativos, conocida en Ecuador como “muerte cruzada”. Este mecanismo constitucional permite que el Jefe de Estado disuelva el congreso y convoque a elecciones anticipadas. Mientras se preparan los nuevos comicios, el presidente gobierna bajo decreto ley. La muerte cruzada también puede ser activada por la Asamblea Nacional bajo tres causales dispuestas en la Constitución. En junio de 2022, durante las protestas que paralizaron al país por 18 días, el congreso intentó utilizar este recurso, pero no hubo los votos necesarios.
Lasso ha asegurado que no ha decretado la muerte cruzada “porque la estabilidad es lo que nos permite bajar la inflación, crecimiento económico, generación de empleo”. A esto se suma el temor del mandatario frente a la comunidad internacional, que podría interpretar la disolución del congreso como la instalación de un régimen dictatorial.
De acuerdo con el presidente, el 75% de los ecuatorianos no quieren una desestabilización política. No obstante, un sondeo de opinión reciente de Click Report indicó que el 38% de encuestados están de acuerdo con que Lasso cumpla su mandato, mientras que el 18% preferirían que la Asamblea lo destituya. El 28%, en cambio, creen que la muerte cruzada es una opción que el mandatario debería tomar.

El juicio político impulsado por la oposición, que está cumpliendo las instancias reglamentarias en el congreso, ahora con la presentación de pruebas y llamamiento a testigos, busca declarar a Lasso como culpable político por peculado. El argumento de los proponentes se basa en un contrato firmado entre Amazonas Tanker y la Flota Petrolera Ecuatoriana. Aunque el contrato se firmó en 2020, cuando Lasso aún no asumía, la oposición asegura que el mandatario debió actuar frente a un contrato que perjudica al país.
“Tengo que defenderme, defender mi honor. No he cometido peculado, se lo tengo que decir a todos los asambleístas en la Asamblea y luego de eso tomaré la decisión que considere más adecuada para el Ecuador porque tenemos que procurar la estabilidad”, indicó Lasso. Además, para el presidente, Ecuador tiene dos escenarios: “uno populista y totalitario que los ecuatorianos ya lo conocemos de 2007 a 2017 (cuando gobernó Rafael Correa) y un modelo que representa mi Gobierno, que es un modelo democrático, liberal y humanista y esto es lo que está pasando”.
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