Las personas perjudicadas por el reciente terremoto en Ecuador deben cumplir al menos tres requisitos para recibir una renta de emergencia declarada por el gobierno: haber sido afectada por el desastre, ser la propietaria de una de las viviendas damnificadas y ubicarse en la zona declarada en estado de emergencia.
Un terremoto de magnitud 6,7 golpeó el sábado 18 de marzo varias zonas especialmente de la región costera del Ecuador y dejó a varias familias sin hogar. Frente a esta realidad el gobierno ecuatoriano decretó un incentivo que tiene como objetivo brindar asistencia temporal a las víctimas del desastre cuyas casas han sido destruidas o quedado inhabitables y que se encuentran en el área declarada en estado de emergencia.
Para lograr este objetivo, el régimen anunció que modificará la normativa administrativa vigente desde 2022, por el que se establecen los lineamientos para la actuación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en caso de emergencia, desastre natural, accidentes graves, fuerza mayor o casos fortuitos.
De esta manera, el presidente Guillermo Lasso anunció que comprará directamente casas prefabricadas al sector privado para asegurar soluciones habitacionales rápidas. Según cifras del gobierno, 235 viviendas han resultado dañadas y más de 90 están destruidas.
Leonardo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, en declaraciones a El Universo señaló que en el país existen casas prefabricadas que se pueden armar de inmediato para servir a la gente damnificada. Agregó que tales casas son tan confiables y seguras como cualquier otra de bloque o ladrillo. Las casas se pueden construir en una semana. El rango de precios varía entre USD 12.000 y USD 25.000, aunque depende del metro cuadrado de construcción.
Según la cuenta de Twitter de la Secretaria General de la Presidencia del Ecuador, en el cantón Milagro de la provincia del Guayas, la Secretaría de Riesgos entregó 297 paquetes de alimentos a damnificados por inundaciones en las parroquias Chobo, Mariscal Sucre y Roberto Astudillo. Y lo mismo está sucediendo en otras zonas del país. Los operativos son coordinados por las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, las gobernaciones provinciales y las alcaldías.
Además, técnicos del Miduvi siguen desplegándose en las zonas afectadas recogiendo información sobre la situación de las víctimas. En Santa Rosa, provincia de El Oro, hasta el momento se han identificado 11 viviendas más, de las cuales 3 se encuentran destruidas, 4 son instalaciones públicas y 2 son centros médicos.
Según un comunicado del Miduvi, el bono de emergencia ascenderá a 1,5 veces el salario básico unificado, o USD 675, y se dividirá en partes iguales durante los próximos tres meses con pagos mensuales de hasta USD 225. Se puede extender el mismo beneficio para el mismo período de gracia de forma excepcional y para los casos más graves.
Para construcciones nuevas se destinará hasta USD 28.800, mientras que para reparaciones hasta USD 14.400. El Miduvi es la organización que dará las instrucciones para gestionar estos incentivos. La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gabriela Aguilera, en el mismo comunicado afirmó que los bonos se aplicarán de manera transitoria mientras continúen los procesos de contratación para la construcción, reforma y/o compra de vivienda.
El artículo 18 del Decreto Ejecutivo 405 de 2022, que está a punto de ser reformado, establece que, en caso de emergencia, desastre natural, caso fortuito o fuerza mayor, el Estado realizará la inversión social necesaria para construir, reconstruir o renovar la vivienda siniestrada. Pero no establece los casos de compra directa o incentivos.
En cuanto a las medidas de alivio del terremoto, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, explicó en Radio City de Guayaquil que los fondos disponibles en el presupuesto estatal ya han sido destinados a los ministerios de salud, educación, obras públicas, vivienda e inclusión económica que van desde los USD 100 millones hasta los USD 200 millones, y que esta cantidad está sujeta a cambios, que puede ser variable según la necesidad de cada cartera y que será un fondo de libre disponibilidad y reposición.
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