El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, informó este jueves que 26 de las 27 cúpulas regionales de la Policía de Carreteras Federal (PRF) han sido sustituidas, mientras que en la Policía Federal (PF) fueron 18 los jefes cuya actividad se vio finalizada.
Dino comentó que esta decisión no va en línea con las destituciones ocurridas a raíz de los episodios del pasado 8 de enero sino que se trata de un hecho que ya había sido abordado en la etapa de transición hacia el nuevo gobierno de Lula.
Desde este jueves, entonces, el único superintendente regional de la PRF que mantiene su cargo es el de Piauí; en tanto, en lo que respecta a la PF, dejaron su puesto los de Río Grande del Norte, Mato Grosso, Tocantins, Paraíba, Alagoas, Sao Paulo, Paraná, Pará, Amazonas y Minas Gerais.
El nuevo superintendente de la PF en Río de Janeiro es Leandro Almada, quien es conocido por liderar una investigación que rebeló trabas en el esclarecimiento del asesinato del concejal Marielle Franco y la persona que viajaba con él, Anderson Gomes, según destacaron varios medios brasileños.
Estos recambios se dieron a la par de una serie de modificaciones que el Gobierno de Lula ha estado implementando en los últimos días sobre los gabinetes de seguridad encargados de custodiar las instalaciones del Palacio del Planalto, sede de la Presidencia, y del de la Alvorada, la residencia oficial, luego de los ataques de principios de mes en manos de seguidores ultraderechistas. A partir de estos episodios, Lula ha sentido cierta desconfianza sobre los altos mandos militares y ha avanzado con su sustitución por algunos más afines a su figura.
Sin ir más lejos, este miércoles, el Presidente prescindió de 13 militares que trabajaban en el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), que es responsable por la seguridad del jefe de Estado. Los militares desplazados se desempeñaban en diversas áreas de la Secretaría de Seguridad y Coordinación Presidencial, la División Administrativa y las oficinas del GSI en Río de Janeiro, cuna política del ex mandatario Jair Bolsonaro.
A su vez, ésta movida se sumó a la del miércoles, cuando el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia anunció también el cese de actividades de otros 40 militares que trabajaban en la administración del Palacio de la Alvorada.
Desde el intento de golpe de Estado, Lula se ha sentido traicionado por las fuerzas de seguridad que lo rodeaban y acusó a “muchos” policías y militares de haber sido “conniventes” con la invasión y la destrucción de los edificios gubernamentales.
“Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que esas personas entraran porque no hay ninguna puerta quebrada, es decir, alguien les facilitó la entrada”, denunció días atrás el líder del Partido de los Trabajadores.
Sin embargo, aseguró que le gustaría mantener relaciones civilizadas con las fuerzas armadas de Brasil aunque enfatizó en que no deben politizarse. “Yo no quiero tener problemas con las fuerzas ni ellos conmigo. Pero los que quieran meterse en la política que se quiten el uniforme, renuncien al cargo y luego entren en política”, dijo.
A su vez, este mismo jueves Lula apuntó contra los servicios de inteligencia por no prevenir este asalto. “Cometimos un error elemental: mi inteligencia no existía (ese día)”, comenzó señalando en una entrevista televisiva en GloboNews. “Tenemos inteligencia del Ejército, inteligencia de la Fuerza Aérea, ABIN (Agencia de Inteligencia de Brasil), ninguno de ellos me advirtió”, continuó.
(Con información de Europa Press)
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