Sanciones a Nicaragua: “El sector minero permitió a Ortega y sus aliados mantener el control autoritario”

Estados Unidos endureció este lunes las sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, imponiendo restricciones de viaje contra más de 500 individuos e identificando al sector del oro como uno de los principales medios con los que cuenta el régimen para “financiar las actividades autoritarias y desestabilizadoras” en Nicaragua.

Horas después del anuncio de las sanciones, Ricardo Zúñiga, subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, encabezó una teleconferencia de la que participó Infobae para brindar detalles sobre las recientes medidas del gobierno de Joe Biden, quien firmó una nueva orden ejecutiva que permite ampliar las sanciones contra el régimen sandinista.

Las sanciones individuales están dirigidas a agentes de los servicios de seguridad, como la Policía, funcionarios penitenciarios, jueces, fiscales, y actores no gubernamentales que permiten la represión y la corrupción del régimen. Sus respectivas familias también están incluidas. “Nadie que facilite los abusos del régimen de Ortega-Murillo debe creer que puede viajar libremente a Estados Unidos”, dijo el funcionario norteamericano.

Entre los sancionados se encuentra Lenín Cerna, quien es considerado “un confidente cercano” de Ortega y está involucrado en numerosos casos de asesinatos y de torturas cuando fue jefe de Seguridad del Estado en la década de 1980, de acuerdo a lo indicado por el Departamento del Tesoro.

Al referirse a las sanciones contra la Dirección General de Minas, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, Zúñiga aseguró que “queda claro que el sector minero benefició de una forma desproporcionada a Ortega, su familia, y a sus aliados para mantener el control autoritario en Nicaragua”.

“El mercado de oro es un mercado global, siempre hemos tenido preocupaciones por el movimiento ilícito para apoyar acciones que pueden poner en peligro la paz global y el estado de derecho”, indicó Zúniga, quien remarcó que el enfoque de Washington es afectar el financiamiento del régimen.

En esa línea, detalló que eran más de 750 millones de dólares los que estaban involucrados en la relación comercial del oro con Estados Unidos: “Eran ciertos elementos de un sector que beneficiaban al régimen de una manera preocupante, por eso empezamos por este sector”.

Zúñiga advirtió que en el futuro puede haber nuevas medidas similares para cortar el flujo de financiamiento de la dictadura. “Es importante subrayar que estamos hablando de oro hoy, pero esta nueva autorización de la orden ejecutiva, permite sancionar a otros sectores”. Aclaró, sin embargo, que estas decisiones se toman “con bastante cuidado para no afectar la vida cotidiana de los nicaragüenses”.

“Tomaremos las próximas decisiones en función de qué vemos en el rumbo de la situación de los derechos humanos y acciones contra el estado democrático de aquí en adelante”, adelantó.

En ese sentido, el funcionario del Departamento de Estado aseguró que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, convirtieron al país “en un estado autoritario que encarcela opositores, cierra medios independientes y organizaciones no gubernamentales, y ataca a líderes religiosos y sus seguidores”. Asimismo, condenó el apoyo del régimen sandinista a la invasión de Ucrania lanzada por la Rusia de Vladimir Putin.

“Lo que vemos en Nicaragua es ejemplo tras ejemplo de violaciones serias a los derechos humanos, al estado de derecho; vemos un empeoramiento general sin relieve de la situación de cualquier crítico del régimen; por eso actuamos en este momento”, agregó.

La orden ejecutiva firmada por Biden contempla restricciones contra entidades o individuos por “operar o haber operado en el sector del oro de la economía nicaragüense”. El Gobierno remarcó que la orden “autoriza ciertas restricciones a nuevas inversiones en sectores de la economía nicaragüense para evitar que Estados Unidos contribuya a las arcas del régimen corrupto”.

En el marco de estas acciones, el Departamento del Tesoro norteamericano emitió sanciones contra la Dirección General de Minas, subordinada al Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua.

Según argumentó Washington, la DGM gestionó la mayoría de las operaciones mineras de Nicaragua y es “una pieza importante de las operaciones de oro controladas por el Estado”: “Ortega y sus compinches continúan utilizando las ganancias derivadas de la producción y venta de oro para llenar sus propios bolsillos y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder”.

Zúñiga, por su parte, aseveró que “es esencial el retorno a la democracia” en Nicaragua. Para eso, afirmó que Estados Unidos “utilizará sus herramientas económicas, políticas, y diplomáticas para la rendición de cuentas del régimen”. Y concluyó reiterando el llamado del gobierno de Biden “para la liberación inmediata de los presos políticos y la restauración del espacio cívico para el pueblo de Nicaragua”.

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