
Luis Arce y Evo Morales acordaron una tregua en sus batallas dentro del MAS para enfrentar, juntos, al desafío de los departamentos que exigen un censo nacional que elimine el fraude electoral impuesto por ese partido.
El gobierno había dispuesto que se haga un censo nacional este año, pero por cálculo político lo aplazó para 2024, calculando que los resultados se conozcan después de las elecciones de 2025, cuando el fraude haya dado al MAS otro triunfo electoral ficticio, afirma la oposición.
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Según los dirigentes opositores, el censo podría demostrar que, debido al fraude, en este momento en Bolivia hay más votantes que habitantes, como lo ha denunciado la ex vocal del ente electora, Rosario Baptista: “El fraude garantiza que el MAS jamás pierda una elección”.
La gobernación de Santa Cruz, el departamento que en este momento tiene cerca de la mitad de la población de Bolivia, con el respaldo de todas las instituciones, decidió ir ahora a una paralización de todas las actividades exigiendo que el censo de haga en 2023.
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Con el estilo de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, o como comienza a verse también en Colombia, el gobierno de Arce se propone enfrentar en las calles de Santa Cruz, con garrotes y armas, a los ciudadanos que protesten.
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El ministro de Obras Públicas, Cesar Montaño, ha anunciado que dirigirá grupos de choque para garantizar el libre tránsito por las calles de la ciudad, usando un verdadero ejército llevado desde el resto del país.
El gobierno está trasladando a miles de ciudadanos desde los valles y el altiplano a Santa Cruz para esta guerra. Los autobuses están repletos de esos guerreros, y la empresa de aviación estatal, BoA, ha rebajado el precio de los pasajes para quienes quieran sumarse a ese ejército y llegarse a la capital del oriente boliviano.
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El último censo se realizó el 2012, después de diez años del anterior, como es tradición, pero esta vez el gobierno se empeña en que las elecciones de 2025 se rijan según el censo realizado trece años antes.
La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, se suma a la exigencia de que el censo se haga el próximo año. Dice que desde 2012 hasta ahora esa urbe se ha convertido en la segunda ciudad más poblada de Bolivia y que es injusto que no reciba los recursos que le corresponden.
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Esta guerra que se avecina en Santa Cruz es el segundo enfrentamiento entre el MAS y su esquema de fraude electoral con los ciudadanos que quieren elecciones limpias. El primer enfrentamiento se dio en 2019, cuando el fraude estuvo a punto de darle el triunfo a Morales, pero una protesta nacional, masiva y contundente, lo obligó a renunciar y fugar.
Ahora se sabe, debido a las declaraciones del general Jorge Mendieta en el juicio que le sigue el gobierno por los hechos de 2019, que en aquellos días el comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kalimán, le pidió a Morales que no huya del país. Y que Morales se subió al avión mexicano diciendo que sus 15.000 guerreros iban a incendiar la ciudad de La Paz.
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Pues ahora, en esta segunda guerra contra el fraude, Morales ha decidido apoyar a Arce, a pesar de sus diferencias. Es que el fraude es vital para el futuro del MAS, ya sea con Morales o Arce como candidatos.
En septiembre de 2009, una delegación de jóvenes venezolanos enviados por Hugo Chávez produjo el milagro de inscribir, en nada más que quince días, a 1.100.000 nuevos votantes bolivianos, lo que es el principal elemento del fraude. Y es lo que lleva a decir que hay más votantes que habitantes.
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Pero el fraude tiene también otros elementos. Ocurre que siete diputados indígenas representan a 1% de la población y son elegidos en lugares donde la oposición no tiene pisada. Otros 36 diputados de áreas rurales, donde tampoco llega la oposición, representan a 31% de la población, pero sólo 27 diputados de centros urbanos, aunque representan a 68% de los bolivianos.
La OEA detectó en 2019 un total de 27 hechos fraudulentos que cometió el MAS en esas elecciones que fueron anuladas por el parlamento con dos tercios del MAS, antes de llamar a las elecciones de 2020. Las observaciones de la OEA no fueron corregidas y en esas elecciones Luis Arce obtuvo 55% de los votos.
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