El parlamento de Ecuador decidió este martes crear una comisión especial para vigilar las investigaciones del crimen de la abogada María Belén Bernal, cuyo cuerpo fue hallado en un cerro cerca a la Escuela de Policía donde trabajaba su esposo, el principal sospechoso ahora prófugo.
Con 88 votos de 128 legisladores presentes en el pleno del foro legislativo, se resolvió crear la Comisión Especializada Ocasional por la verdad, Justicia y reparación del caso María Belén Bernal, integrada por cinco asambleístas de diferentes grupos políticos.
Bernal, una abogada de 34 años, desapareció el pasado 11 de septiembre cuando acudió a la Escuela Superior de Policía para visitar a su esposo, Germán Cáceres, agente instructor en ese centro de formación de cadetes.
Diez días después de su desaparición, la policía anunció el hallazgo de su cuerpo, lo que generó una indignación generalizada por las dudas de la actuación policial.
El mismo parlamento, que se encontraba en receso legislativo, decidió reanudar sus labores para conocer el caso y definir la creación de la comisión especializada.
Dicha comisión realizará un proceso de fiscalización en un plazo de treinta días y deberá presentar un informe pormenorizado del caso para que sea conocido y debatido por el pleno de la Asamblea Nacional, informó la Cámara en su web.
La legisladora Victoria Desintonio, quien propuso la creación de la comisión, destacó la apertura de los diferentes partidos para aprobar su moción, en un momento en que en el país se ha desatado un debate sobre la actuación policial en este caso y el fenómeno del femicidio en el país.
Solo entre enero y septiembre de 2022 se han registrado en el país 206 mujeres asesinadas, 32 de ellas con antecedentes de violencia y 8 con boletas de auxilio.
Según Desintonio, esas cifras convierten a este año en el más violento desde 2014, cuando se tipificó el femicidio en la normativa penal del país.
El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, destacó la comparecencia ante el legislativo de la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, y expresó el compromiso de la cámara para evitar que el tratamiento de este caso se politice y, más bien, se destaque por la transparencia en la investigación.
Otavalo, en su comparecencia, se lamentó de no haber recibido el apoyo de ninguna institución pública y remarcó que su lucha por la verdad la ha enarbolado con el respaldo de organizaciones de derechos humanos, de mujeres y de medios de comunicación.
La madre pidió a la Asamblea que haga un seguimiento de la gestión de las autoridades de la Policía, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura en torno a las investigaciones de este caso.
“¿Cómo puedo estar segura de que la Policía me dirá la verdad? ¿Cómo puedo estar segura de que el Estado me dirá la verdad sobre qué pasó con mi hija?”, subrayó.
Además, advirtió de que no hay, siquiera, un parte policial sobre lo ocurrido esos días y que sospecha que “hay espíritu de cuerpo de todos quienes estuvieron a cargo de la Escuela Superior de la Policía la noche del 11 de septiembre”.
“Quiero Justicia y verdad”, remarcó Otavalo, que exigió a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura una mayor celeridad en las investigaciones, sobre todo en la ubicación de Cáceres.
La Asamblea Nacional ha pedido la comparecencia de varias autoridades y mandos policiales, así como del ex ministro Carrillo, quien también afronta un “juicio político” en la cámara por otros hechos relacionados con haber supuestamente ordenado una excesiva represión durante las duras manifestaciones indígenas del pasado junio.
(Con información de EFE)
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