Human Rights Watch denunció un “declive muy grave” del estado de derecho en Guatemala

Human Rights Watch (HRW) reportó que en Guatemala existe un “declive muy grave” en cuanto al respeto a los derechos humanos y la justicia, con cierta proyección a la situación que vive Nicaragua, aunque también con otros matices.

“Guatemala está en un momento de declive muy grave en la vigencia del Estado de Derecho en el país, con muy pocas garantías para el ejercicio de los derechos humanos porque hoy la enorme mayoría de las instituciones están cooptadas”, aseguró Juan Pappier, investigador de la organización internacional en el país centroamericano, en una entrevista con la agencia EFE.

Añadió que en el país “no hay independencia judicial” y “cualquier fiscal u operador de justicia que se atreva a investigar a los corruptos tristemente sufre demandas penales espurias y algunos de ellos han sido arrestados o han tenido que salir al exilio”.

Al menos 24 funcionarios de justicia (fiscales y jueces) han tenido que salir de Guatemala desde 2018, aunque con mayor frecuencia en los últimos meses, debido a su protagonismo en la lucha anticorrupción registrada entre 2014 y 2021, según denunció la ex fiscal general (2014-2019) Thelma Aldana el 20 de mayo pasado.

Dichos funcionarios han señalado de la persecución judicial a la actual jefa del Ministerio Público y fiscal general del país, Consuelo Porras, sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de “obstruir” la Justicia en Guatemala.

“Esto no es normal en una democracia del siglo XXI, en una democracia funcional”, expuso el abogado argentino sobre los 24 ex funcionarios guatemaltecos exiliados.

Precisamente el último informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala en el capítulo IV.B del mismo por violaciones a los derechos humanos, en un listado donde le acompañan Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Pappier, investigador de la división de las Américas de Human Rights Watch, considera que Guatemala podría estar siguiendo los pasos del régimen de Nicaragua en cuanto a justicia, cooptación del Estado y derechos humanos, pero con otros matices.

“Hay diferencias por supuesto con Nicaragua, donde estamos hablando de un dictador o una familia de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que controlan todo el poder”, recordó.

Por el contrario, en Guatemala “estamos hablando de un modelo oligopólico de poder” en el sentido económico, donde “hay un conjunto de actores que controlan y han cooptado las instituciones”, puntualizó el abogado.

De cualquier manera, Pappier sí considera que “el ejemplo de Nicaragua tiene algunas similitudes con lo que pasa en Guatemala y la primera es este tema de la destrucción del Estado de Derecho, y Nicaragua es un ejemplo claro de lo que pasa cuando se cooptan las instituciones democráticas”.

La segunda similitud donde el investigador de HRW cree que “la comparación es valiosa” es en referencia a la comunidad internacional.

“Yo creo que la comunidad internacional cometió un error en Nicaragua, porque dejó pasar el tiempo y no reaccionó cuando las instituciones democráticas se estaban destruyendo. Y las reacciones más fuertes recién vinieron cuando habían muertos en las calles de Managua, cuando había sangre en las calles”, subrayó.

Por eso, Pappier piensa que “es un error de la comunidad internacional esperar tanto” y esa “lección” hay que “aplicarla” en Guatemala si se quiere evitar que “termine en una situación como la de Nicaragua o Venezuela”.

De igual forma, el investigador de Human Rights Watch ve como trascendental que “los guatemaltecos entiendan que sin Estado de Derecho no hay” derechos humanos.

“Y esto es importante que lo entiendan todos los guatemaltecos, incluyendo los empresarios que promueven y apoyan el desmantelamiento de las instituciones del país, porque el día de mañana puede haber un Gobierno distinto y si este Gobierno por ejemplo no respeta la propiedad privada, ¿a quién van a acudir estos empresarios?”, concluyó Pappier.

Guatemala vivió entre 2014 y 2019 una cruzada anticorrupción que dejó más de 200 políticos y empresarios de élite acusados por el Ministerio Público de la ex fiscal general Thelma Aldana, exiliada actualmente en Estados Unidos, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigida por el colombiano Iván Velásquez, recientemente nombrado ministro de Defensa en su país.

(Con información de EFE)

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