
El capo narco apodado el “Pablo Escobar de Brasil”, sospechoso de estar al mando de una organización de tráfico de cocaína hacia Europa, compareció este jueves ante un tribunal de Hungría para evitar ser extraditado a su país.
Sergio Roberto de Carvalho, a quien la policía brasileña describe como uno de los “mayores traficantes internacionales” y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, fue arrestado el martes pasado en Budapest, la capital húngara.
El juez ante quien compareció este jueves indicó que el arresto se llevó a cabo sobre la base de una notificación roja de Interpol emitida por un tribunal brasileño en noviembre de 2020.
Según esa notificación, Carvalho fue acusado de estar implicado en el tráfico de 45 toneladas de cocaína de Brasil a Europa entre 2017 y 2019 y de haber blanqueado millones de dólares a través de varias empresas tapadera.
Carvalho afirmó que el caso contra él obedecía a razones políticas y su abogado adujo que en Brasil no sería sometido a un juicio justo.
El magistrado dejó la decisión final en manos de la ministra de Justicia, Judit Varga, y prorrogó su detención hasta el 2 de agosto.
La policía húngara indicó el miércoles que fueron sus socios internacionales quienes le avisaron de que Carvalho se encontraba en el país, pero que la investigación se vio obstaculizada porque el acusado poseía diez documentos de identidad distintos.

Según la policía, en un primer momento, el brasileño negó su verdadera identidad, que al final se estableció gracias a sus huellas digitales. No obstante, el detenido sigue negando que sea la persona sobre la que pesaba la orden de búsqueda internacional, “a pesar de que sus huellas dactilares coinciden con las de la persona buscada”, afirmó el coronel Zoltan Boross, de la policía húngara.
Según la prensa brasileña, Carvalho es un ex policía y utilizaba documentos falsos para burlar a las autoridades en Europa, donde vivía. El traficante llevaba un pasaporte mexicano falso y no opuso resistencia en el momento de su detención.
En España, llegó a ser detenido bajo una identidad falsa -Paul Wouter- por supuesto tráfico de drogas y, tras pagar una fianza que le permitió responder en libertad, simuló en 2020 su muerte por covid con un certificado falso para librarse de la justicia, de acuerdo con un reportaje de TV Globo del año pasado.
La orden de prisión de Carvalho se había emitido en el marco de la Operación “Enterprise” y permitió decomisar “más de 500 millones de reales (alrededor de 100 millones de dólares al cambio actual) a la organización criminal que él lideraba”, indicó la policía brasileña.
Las investigaciones apuntan que incluso su organización lavó dinero a través de la compra de material médico para combatir la pandemia de coronavirus, según el portal brasileño UOL.
(Con información de AFP)
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Ecuador y Estados Unidos acordaron eliminar aranceles y ampliar el acceso comercial bilateral
Productos agrícolas, flores y minerales accederán a su principal mercado de destino sin la sobretasa que restringía sus ventas

Diez panameños presos en Cuba están en “condiciones apropiadas”, dice canciller de Panamá
La máxima autoridad de la diplomacia panameña ha expresado su decisión de trasladarse a la capital cubana para analizar con funcionarios locales la situación judicial de los detenidos y procurar protección legal a los involucrados
El gobierno de República Dominicana autoriza subsidio extraordinario para combustibles
Las autoridades dominicanas implementan una partida fiscal especial con el objetivo de mitigar las repercusiones externas sobre el costo de los energéticos, tras los efectos generados por la escalada del conflicto en Medio Oriente

El Salvador: Hércules asegura su futuro inmediato tras cumplir con la FESFUT
El Club Deportivo Hércules entregó los comprobantes de pago exigidos por la Federación Salvadoreña de Fútbol. Con la Licencia Temporal asegurada, el club podrá disputar su próximo partido del Clausura 2026.

El gobierno de Nicaragua otorga nuevas concesiones mineras a empresas chinas
Las recientes autorizaciones abren paso a la explotación de más de un millón de hectáreas, incluyendo territorios protegidos y zonas habitadas por comunidades originarias, bajo regulaciones ajustadas para evitar sanciones extranjeras

