La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez manifestó este martes su “rechazo” a la visita de una comisión del Parlamento boliviano y pidió que organismos internacionales intercedan para “recuperar” los derechos que considera le fueron violados.
En un texto manuscrito que fue difundido en sus redes sociales, Áñez sostiene que la comisión parlamentaria “es una comisión política” y que su intención no es la de “velar” por sus derechos humanos ni por el estado de su salud, tras diez meses de su reclusión.
“Requiero a organismos internacionales, que están acreditados y que verdaderamente se preocupan por mi salud y mi integridad física para que me ayuden a recuperar todos mis derechos”, señala.
En la carta Áñez se define como “presa política” y apunta al presidente del país, Luis Arce, al ex mandatario Evo Morales, “la élite” del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y a la justicia boliviana como principales responsables para que se violen sus derechos.
La semana pasada, Áñez hizo pública otra carta en la que se declaró en “indefensión” tras la negación de un juez a un pedido de libertad por encontrar “riesgo de fuga” y “obstaculización” en los procesos por los que se la acusa.
En una carta manuscrita difundida por sus familiares en redes sociales, Áñez señala que es “una presa política” que está en “total indefensión” y que los procesos en su contra son “juicios políticos” que no tienen “ningún valor”.
La ex jefa de Estado transitoria cumple detención preventiva por delitos de terrorismo, sedición y conspiración por el caso llamado “golpe de Estado” por el que en primera instancia se dispuso encarcelamiento por cuatro meses que luego se ampliaron a seis.
Después se instauró otro proceso penal denominado “golpe de Estado II” con acusaciones de incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución por lo que su reclusión se amplió por otros seis meses.
En diciembre pasado, Áñez ya había denunciado lo que considera una “tortura psicológica” por algunos altercados con funcionarios de la cárcel en la que está recluida en La Paz.
Durante su detención, hace casi diez meses, Áñez ha sufrido varios problemas de salud como una crisis por hipertensión arterial y en una ocasión se autolesionó un brazo manifestando que ya no quería vivir.
El Gobierno de Bolivia considera que Áñez llegó al poder en 2019 a través de un “golpe de Estado” y no por sucesión Constitucional en su condición de segunda presidenta del Senado tras la renuncia de Evo Morales y la dimisión masiva de las autoridades en la línea de sucesión.
(Con información de EFE)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Salida de médicos cubanos afectará atención en zonas rurales de Guatemala
El gobierno guatemalteco concluye acuerdo con brigada médica cubana. La decisión de las autoridades implica el retiro escalonado de 400 profesionales extranjeros, lo que representa una transición significativa en el modelo de atención pública
Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en empate técnico en las encuestas de intención de voto
La más reciente encuesta de Quaest y Genial Investimentos revela que ambos dirigentes suman el mismo respaldo para una eventual segunda vuelta en las presidenciales de octubre, reflejando un escenario altamente polarizado en Brasil
Propuesta de reforma a Ley de Partidos Políticos “evitaría infiltración de ilícitos” en República Dominicana
La iniciativa, impulsada por la dirección de la organización y entregada a líderes legislativos, contempla medidas orientadas a elevar la transparencia financiera y establecer mayores exigencias a postulantes a cargos de elección popular
Creatividad, transparencia y representatividad imponen retos a los partidos políticos salvadoreños para 2027
La coyuntura electoral obliga a los institutos a rediseñar mecanismos de selección de candidatos y cumplir con nuevas exigencias, ante una competencia intensa y reformas recientes que afectan la organización interna y la financiación de sus campañas.
Organizaciones opositoras exhortan a la comunidad internacional a actuar contra el régimen de Ortega
El llamado incluye el uso de vías legales y diplomáticas, destacando informes que identifican funcionarios implicados en violaciones de derechos y en acciones represivas sostenidas dentro y fuera del país desde 2018
