
El exembajador nicaragüense ante la OEA, Edgard Parrales, conocido crítico del régimen de Daniel Ortega, fue capturado el lunes por desconocidos frente a su vivienda en Managua, denunció su esposa, Carmen Dolores Córdova.
Córdova dijo a The Associated Press que el ex diplomático de 79 años iba a ingresar a su casa cuando “aparecieron dos hombres de civil que lo metieron por la fuerza en un vehículo y se lo llevaron”.
“Mi esposo fue secuestrado, porque (sus captores) no presentaron orden de detención ni se identificaron”, afirmó. La esposa de Parrales es hija del fallecido abogado Rafael Córdova Rivas, quien formó parte junto a Ortega de la primera Junta de Gobierno durante la revolución sandinista (1979-1990).
En los últimos días, Edgard Parrales criticó en declaraciones públicas la decisión de Ortega de retirar a Nicaragua de la OEA, la cual calificó como “un disparate”.
Parrales fue uno de los cuatro sacerdotes que en 1983 fueron sancionados por el Vaticano por ocupar cargos públicos en el régimen sandinista. Los otros tres, todos ya fallecidos, eran el poeta Ernesto Cardenal, ministro de Cultura; su hermano Fernando Cardenal, ministro de Educación, y el canciller Miguel D’Escoto. En 1989, Parrales dejó el sacerdocio para casarse con Carmen Córdova.
Tras el triunfo electoral de Violeta Chamorro frente a Ortega (1990), Parrales tomó distancia de sus antiguos compañeros del Frente Sandinista y se acercó a la disidencia. Aunque no forma parte de ninguna organización partidista, es uno de los pocos analistas políticos que no se ha exiliado de Nicaragua y continuaba expresando opiniones muy críticas frente al gobierno.
Las autoridades no han confirmado ni desmentido de momento la información en torno a la captura del ex diplomático.
El pasado 15 de noviembre, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron nuevas sanciones contra funcionarios e instituciones del régimen de Daniel Ortega, en un aparente intento de aumentar la presión diplomática, tras la reelección del líder sandinista en la urnas este mes.

El departamento del Tesoro impuso sanciones al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve altos cargos del gobierno, entre ellos varios alcaldes implicados en la “represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales” durante las manifestaciones pacíficas en 2018.
Entre los sancionados figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.
Estados Unidos dijo que algunos de los funcionarios objeto de las nuevas sanciones “fueron designados para sus cargos gubernamentales por Ortega y son partidarios clave del régimen y sus políticas antidemocráticas”.
También incluyen a varios funcionarios implicados en una violenta represión de las protestas masivas contra el régimen de Ortega en 2018 que se cobraron más de 300 vidas en el país más pobre de Centroamérica, agrega el comunicado.
“Esta acción está dirigida a quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”, dijo el Tesoro.
Más tarde, el ministerio de Exteriores británico anunció prohibiciones de viaje y congelación de activos a ocho funcionarios de alto rango de Nicaragua, entre ellos Murillo, el fiscal general y el presidente de la Corte Suprema.
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