Uno de los dirigentes de la comunidad de exiliados nicaragüenses en Costa Rica, Joao Maldonado, fue atacado a balazos la tarde del sábado y su condición fue descrita este domingo como crítica por familiares y compañeros.
El dirigente opositor, de 32 años, estaba en los preparativos de una marcha programada para este domingo en la capital costarricense en contra del régimen de Daniel Ortega, cuando dos hombres dispararon desde una moto al vehículo en el que viajaban en Escazú, cercana a San José, según detalló una portavoz de la policía.
El activista recibió “al menos” tres disparos, dijo la portavoz, y añadió que se desconocían las causas del ataque contra el también ex campeón centroamericano de judo y que hasta abril de 2018 había trabajado en el gobierno nicaragüense, al que renunció para sumarse a las protestas en su contra.
La esposa de Maldonado, Nadia Robleto, declaró a la agencia Reuters que el reconocido dirigente de las manifestaciones del 2018 en Jinotepe, al sur de la capital de Nicaragua, recibió cuatro balazos en intestinos, pulmones y el brazo derecho.
El secretario de la llamada Unidad de Exiliados Nicaragüense en Costa Rica (UEN), Yefer Bravo, a la que Maldonado pertenece, atribuyó el ataque a sicarios contratados por Ortega, quien buscará mantenerse en el poder en la nación centroamericana por cuarto periodo consecutivo en los comicios presidenciales de noviembre.
“Seguimos luchando a pesar de la distancia y las amenazas. Claramente esos dos muchachos fueron contratados para ejecutarlo porque allá en mi país han ido silenciando las voces y ahora resistimos desde el exilio”, denunció Bravo.
“No cederemos al temor y a la inacción frente a los actores intelectuales y materiales de este delito contra la UEN y el exilio radicado en Costa Rica”, agregó la UEN en un comunicado.
La dictadura de Ortega no respondió de inmediato a una consulta sobre los dichos de Bravo y lo sucedido a Maldonado.
Más de 80.000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica desde las protestas del 2018, pero las solicitudes se han elevado mucho en los últimos tres meses por el endurecimiento de la represión y persecución del régimen sandinista contra activistas y políticos opositores de cara a las elecciones de noviembre.
En los últimos tres meses, Ortega ha detenido a 35 líderes de la oposición, ha suspendido a un partido rival y ha retenido papel para periódicos, entre otras tácticas que funcionarios de la ONU, Estados Unidos y Europa han calificado como abuso de poder para reprimir la libertad de expresión y las elecciones libres.
Entre los detenidos están siete líderes que expresaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios de noviembre. También han sido arrestados líderes de movimientos sociales, periodistas y mujeres defensoras de derechos humanos, según el comunicado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos para Centroamérica y República Dominicana exigieron la semana pasada que la dictadura de Nicaragua cese las detenciones “arbitrarias e ilegales” de opositores.
En un comunicado fechado en Washington y Panamá, los organismos internacionales condenaron la “criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua”, en particular la reciente orden de detención, allanamiento y acusación en contra del escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez.
Además, denunciaron las “graves condiciones de detención” de los opositores, que según aseguraron están siendo sometidos, en particular las mujeres, a interrogatorios constantes, aislamiento o exposición a la luz artificial las 24 horas del día. También advirtieron que los detenidos son alimentados de forma insuficiente y no tienen atención médica ni reciben agua.
El Ministerio Público nicaragüense dictó una orden de detención contra Ramírez Mercado, de 79 años, quien se encuentra fuera de Nicaragua y ya había anunciado que no regresaría al país para evitar represalias del régimen.
Ramírez, Premio Cervantes 2017, que fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y ahora es crítico de Ortega, fue acusado por la Fiscalía de “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”, informó el pasado miércoles la Fiscalía nicaragüense.
Con información de Reuters y EFE
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