Qué países no condenaron en la OEA las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) votó el martes una resolución en la que condenó el arresto de precandidatos presidenciales y las restricciones impuestas a partidos políticos en Nicaragua y pidió la inmediata liberación de todos los presos políticos.

En una reunión virtual, el Consejo aprobó el documento en el que expresó su “alarma ante el reciente deterioro” político en el país centroamericano.

La votación, sin embargo, no fue unánime: 26 países se pronunciaron a favor de condenar la ola de represión de régimen de Daniel Ortega, tres votaron en contra y cinco se abstuvieron.

Los países que votaron a favor de la resolución son El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Guatemala, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Costa Rica.

En contra votaron Nicaragua, San Vicente y las Granadina y Bolivia.

Se abstuvieron Honduras, México, Argentina, Belice y Dominica.

El texto aprobado por la OEA exhorta al régimen de Ortega a aplicar todas las normas internacionales que correspondan para la realización de elecciones libres y justas el 7 de noviembre, “incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países”.

El texto subraya con “grave preocupación” que las autoridades nicaragüenses no hayan implementado a mayo de este año las reformas electorales para garantizar la transparencia de los comicios del 7 de noviembre, un plazo que había sido fijado por la Asamblea General de la OEA en octubre pasado.

La delegación nicaragüense repudió durante la sesión la aprobación del texto, al considerar la acción del organismo internacional de “injerencista”. El gobierno de Nicaragua “rechaza enérgicamente la convocatoria a la sesión y la resolución, sin efecto vinculante para el Gobierno”.

“A menos de cinco meses para elegir a un nuevo presidente, debemos unirnos para demandar a las autoridades nicaragüenses la liberación inmediata de los presos políticos, de los líderes políticos y sociales, garantizando su seguridad, sus derechos políticos, y su integridad física”, indicó la embajadora de Costa Rica, al tiempo que pidió “terminar el asedio, intimidación, persecución, allanamientos, maltratos, y abusos” por parte del régimen de Ortega. “Exigimos el respeto a sus obilgaciones internacionales, y en particular en materia de derechos humanos”.

Estados Unidos, por su parte, consideró “impensable” la posibilidad de celebrar “elecciones libres y justas en esta atmósfera” de persecución y represión. “El régimen no sólo arresta a líderes políticos y candidatos opositores, también a líderes del sector privado y de organizaciones sociales (...) Se les ha impedido visitas y el derecho a su defensa; algunos requieren medicación, o padecen alguna enfermedad”.

La sesión extraordinaria de forma virtual fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Brasil expresó su “satisfacción” por la aprobación de la resolución.

13 opositores detenidos en dos semanas

La resolución se dio poco después de que el ex vicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco fuera detenido por la policía de Nicaragua acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra miembros del régimen de Daniel Ortega.

En menos de dos semanas, el régimen detuvo a 13 dirigentes opositores: los aspirantes a la Presidencia Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, dos ex vicecancilleres, dos ex guerrilleros sandinistas disidentes y tres mujeres líderes de diferentes grupos adversarios del dictador.

En todos los casos la Policía informó que se los investiga por presuntamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”. También se los acusa de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.

Tanto las agrupaciones a las que pertenecen los detenidos, como sus abogados, han coincidido en que los arrestos de las últimas dos semanas son ilegales por ejecutarse sin orden judicial, y que violan los derechos humanos porque en la mayoría de los casos no se ha vuelto a saber de los capturados.

En las elecciones del próximo noviembre Ortega se jugará 42 años de primacía casi total sobre la política nicaragüense.

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