
Seis días pasaron entre el primer arresto de un aspirante presidencial en Nicaragua y el cuarto: desde el 2 de junio hasta este martes 8 quedaron privados de su libertad los opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga Blandon y Juan Sebastián Chamorro. Los cuatro tienen intenciones de disputar la Presidencia del país frente a Daniel Ortega.

La primera detenida fue Cristiana Chamorro, hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo.
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Efectivos de la Policía ingresaron el miércoles 2 de junio a su domicilio con una orden de “allanamiento y detención” emitida por una jueza local. Tras cinco horas de allanamiento, a las 5:15 pm (hora de Managua) Cristiana quedó bajo arresto domiciliario, según reveló su hermano Carlos Fernando Chamorro.
El Ministerio Público de Nicaragua la acusó por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
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La Fiscalía del régimen sandinista también solicitó la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.
Además, el Ministerio Público procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria con el fin, según indicó, de evitar que evada el proceso investigativo llevado en su contra. Asimismo, pidió se prohíba a Chamorro Barrios a concurrir a determinadas reuniones y lugares, y de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados.
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El segundo detenido fue Arturo Cruz, quien se desempeñó como embajador en Estados Unidos del Ejecutivo de Daniel Ortega entre 2007 y 2009. Fue retenido el sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, cuando regresaba de una gira por EEUU, informó su equipo de prensa.
Cruz, precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadana, arribó a Managua a las 09:00 hora local (15:00 horas GMT), pero tres horas después aún se encontraba en el interior del aeropuerto y sin responder llamadas ni mensajes a su teléfono celular.
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Cuando ya habían pasado varias horas del sábado sin que se conociera el paradero del candidato y también ex embajador, el Ministerio Público de Nicaragua confirmó su detención: “Fue detenido (...) y está siendo investigado por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
Durante su visita a Estados Unidos, Cruz, ex embajador y uno de los aspirantes que cumplen con casi todos los requisitos exigidos por el Poder Electoral, había puesto en duda su candidatura: “Si continúa la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso (electoral)”.
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El tercer arrestado fue el dirigente opositor y candidato presidencial Félix Maradiaga Blandon. En un comunicado, la Policía Nacional informó que fue acusado de una serie de delitos como “desestabilización”, “proponer bloqueos económicos”, “aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua” y “lesionar los intereses supremos de la nación”.
Maradiaga, un académico y activista, fue detenido después de comparecer a declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, por lo que, según dijo a los periodistas, estaba preparado para lo que viniera.
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Por su parte, Juan Sebastián Chamorro se convirtió en la noche de este martes en el cuarto detenido. El político es primo de Cristiana Chamorro y precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad.
Su arresto ocurrió bajo cargos de “incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos” y “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”, entre otros, según indicó la nota de prensa de la Policía Nacional.
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Los cargos por los que son señalados están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del régimen de Ortega.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó el arresto de Maradiaga y denunció que las autoridades están empleando “un nuevo modelo represivo: citar sin decir por qué a quienes considera enemigos políticos, entrevistarlos, dejarlos salir de la Fiscalía para luego detenerlos camino a casa o ya adentro”.
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Otros aspirantes a la Presidencia, como el campesino Medardo Mairena, el afrodescendiente George Herníquez Cayasso, el periodista Miguel Mora, la doctora María Eugenia Alonso, y Luis Fley han denunciado ser objeto de persecución y asedio por parte de la Policía Nacional.

El ex presidente de la principal patronal del país y otra dirigente opositora también están detenidos
La Policía Nacional nicaragüense informó en las últimas horas que detuvo al economista José Adán Aguerri Chamorro, ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, y a la dirigente opositora Violeta Granera.
Tanto el dirigente empresarial como la activista opositora fueron arrestados bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares” contra el régimen que preside Ortega, dijo la Policía Nacional en una declaración.
Luego aseguró que Granera, que aspiró a la Vicepresidencia de Nicaragua en las elecciones de 2016 y pertenece al Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, “permanece en su casa bajo custodia policial”.

Mientras el ex titular del Cosep fue trasladado a las cárceles preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, en Managua.
“Ambos son investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, señaló la Policía Nacional.
La ola de arrestos ocurre a menos de cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre y en medio del rechazo internacional, que exige la liberación inmediata de los detenidos.
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