El Tribunal Supremo de Justicia de Perú aprobó la petición de extradición a Estados Unidos del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y su esposa Eliane Karp por un presunto delito de lavado de dinero.
Se trata de la segunda vez que Toledo tiene que hacer frente a una petición de extradición después de las acusaciones que pesan sobre él con motivo de los supuestos sobornos que habría percibido de la constructora brasileña Odebrecht y de la empresa Camargo Correa, a cambio del concurso de varios tramos de la carretera Interoceánica.
Con el dinero que Toledo, actualmente preso en Estados Unidos, habría recibido, se constituyeron supuestamente, varias empresas ‘offshore’ en Costa Rica, entre ellas Ecoteva Consulting Group, la cual habría sido utilizada para lavar dinero de origen ilícito a través de la compra de varios inmuebles.
Toledo siempre negó las acusaciones y explicó que los cerca de 20 millones que habría ingresado en una de estas empresas procedían de una indemnización de Alemania a las víctimas del Holocausto, de la cual su suegra, Eva Fernenbug, se benefició, aunque las investigaciones lo descartaron.
La Fiscalía denunció que los supuestos sobornos habrían servido a Toledo para hacer frente a los pagos de varias de sus hipotecas y a la compra de inmuebles en Perú, por lo que piden para él y su mujer 16 años y ocho meses de cárcel por un delito de blanqueo de capitales.
El juez que lleva el caso de extradición del ex presidente peruano había denegado dos veces su salida en libertad o bajo fianza mientras duraba el juicio.
El magistrado Thomas Hixson, del distrito Norte de California, desestimó las pruebas aportadas por la defensa de Toledo en su oportunidad, y se ratificó en su decisión que permaneciese en prisión al hallar riesgo de fuga si le dejaba salir de la cárcel.
“Que jure que él personalmente no posee activos no me tranquiliza si la gente a su alrededor sí que los posee”, indicó Hixson, quien describió al ex mandatario peruano como un “individuo con conexiones, gente en su entorno con grandes activos y un lugar al que poder huir”.
Toledo, fue arrestado en julio de 2019 en Estados Unidos como parte del pedido de extradición hecho por las autoridades de Perú para procesarlo por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa brasilera, informó el Ministerio Público peruano.
“Según se informó, el ex mandatario se encuentra ante las autoridades judiciales norteamericanas, como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país”, señaló la Fiscalía en un mensaje en su cuenta de Twitter.
La detención de Toledo está relacionada con el proceso de extradición que se sigue en su contra desde mayo de 2018, luego de que testigos de la empresa Odebrecht confesaron haber pagado 20 millones de dólares al ex mandatario para obtener licitaciones en obras públicas.
En febrero de 2018, la Fiscalía de Perú anunció que llegó a un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien reconoció haber ayudado a Toledo a recibir esos pagos y blanquear el dinero en paraísos fiscales.
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