La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó al gobierno de Bolivia a modificar su política que pone en riesgo la estabilidad laboral de periodistas y medios independientes a través de presiones, persecuciones fiscales, la imposición de servicios gratuitos de difusión y una serie de medidas que "asfixia" sus finanzas.
Durante su reunión semestral celebrada a fines de marzo en Cartagena, Colombia, la organización aprobó una resolución en la que pidió respeto a las convenciones y tratados internacionales que protegen la libertad de expresión para evitar "las restricciones a este derecho fundamental por vías directas, tal como la aplicación de la publicidad gratuita", al tiempo que urgió al gobierno a suprimir esta medida.
El informe sobre la situación de la libertad de prensa en Bolivia presentado en Cartagena, reveló la preocupación de los medios por el "ciclo de fragilidad financiera" y denunciaron que desde 2010 el gobierno promulgó 13 leyes que "responden a un esquema político e ideológico orientado a debilitar la palabra independiente de periodistas y medios".
"Cada una de las 13 normas impone a radioemisoras, difusoras de televisión, medios virtuales, pero en particular a diarios privados e independientes, la publicación de avisos gratuitos en páginas específicas que generan pérdidas de hasta 30 por ciento por concepto del servicio de publicidad", destacó el informe.
La SIP no es la primera organización que hace un llamado de atención sobre la situación de la prensa en Bolivia, en 2018, el informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló que elo país había caído cuatro lugares en su ranking sobre libertad de expresión, para ubicarse en el puesto 110, entre 180 países estudiados, y fue clasificada entre las naciones con "problemas notorios" para el ejercicio del periodismo en democracia.
"Bolivia se ubica en el puesto 110 y cae cuatro puestos respecto de 2017. La prensa sobrevive con gran precariedad. El Gobierno de Evo Morales hace acallar a medios de comunicación críticos", señala el informe de RSF.
Entre las presiones más recientes a los comunicadores en el país destaca la señalada por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que consideró como "otro golpe financiero" un nuevo proyecto de ley (Proyecto de Abreviación Procesal Penal) que elimina la obligación de publicar los edictos en los diarios y lo sustituye por su divulgación digital y gratuita. La ANP explicó que los medios obtienen ingresos por la impresión y difusión de avisos de notificación legal, por lo que esta iniciativa "terminará provocando su colapso".
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
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