Organizaciones de DDHH condenan la reforma de la pena de muerte israelí y su discriminación a los palestinos

El Centro Palestino de Derechos Humanos ha calificado a la recientemente aprobada reforma legal sobre la pena de muerte en Israel como un ataque directo contra la población palestina y una consolidación de la política israelí de ejecuciones extrajudiciales, todo ello bajo el amparo de la legalidad, según constata el organismo en mensajes publicados en redes sociales. Esta opinión se inscribe dentro de una ola de reacciones de condena que surge a raíz de la aprobación de la "Ley de Pena de Muerte para Terroristas" por el Parlamento israelí, que introduce la pena capital por ahorcamiento en secreto y restringe su aplicación exclusivamente a palestinos acusados de terrorismo. Según consignó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina, esta normativa refuerza la segregación, la discriminación racial y el apartheid, afectando a los habitantes palestinos de la Cisjordania ocupada e Israel, quienes en muchos casos enfrentan procesos judiciales considerados injustos.

De acuerdo con lo publicado por distintos organismos de derechos humanos, la nueva legislación israelí deja fuera de su alcance a la población judía bajo jurisdicción del Estado y se ciñe de forma específica a los palestinos, hecho que ha suscitado múltiples peticiones de derogación tanto dentro como fuera de la región. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido la revocación inmediata de la ley aprobada por la Knesset, argumentando que su vigencia infringe compromisos internacionales asumidos por Israel y contradice la postura opuesta a la pena capital que Naciones Unidas ha mantenido bajo cualquier circunstancia. En su declaración, el órgano subrayó que implementar este tipo de castigos supone una vulneración de la normativa internacional relativa a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, a través de un comunicado recogido por diferentes medios, ha señalado que la reforma legal representa la legalización de la ejecución por parte del Estado de personas que no representan una amenaza tangible. El director legal de Adalah, Suhad Bishara, afirmó que la norma infringe el principio de igualdad y la prohibición de discriminación racial, pues la legislación se ha construido con el objetivo de aplicarse solo a palestinos. Según Adalah, la Knesset carece de legitimidad para legislar sobre la población ocupada y la ley podría constituir un crimen de guerra, por lo que anunció la intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Israel con carácter urgente.

El medio informó que Amnistía Internacional y Human Rights Watch manifestaron su rechazo absoluto a la reforma legislativa impulsada por el Parlamento israelí. Amnistía Internacional, a través de su directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas, Erika Guevara-Rosas, exigió la urgente derogación de la ley: “El hecho de que esta ley se haya aprobado el mismo mes en que el fiscal general militar israelí retiró todos los cargos contra soldados israelíes acusados de agresión sexual contra una detenida palestina, decisión celebrada por el primer ministro (Benjamin Netanyahu) y varios ministros, pone de manifiesto el grado de deshumanización que Israel inflige a los palestinos”. Guevara-Rosas reiteró que Netanyahu, quien afronta cargos ante el Tribunal Penal Internacional, estuvo entre quienes apoyaron la reforma.

Según Amnistía Internacional, los tribunales militares de la Cisjordania ocupada podrán imponer la pena de muerte a los palestinos condenados por asesinato premeditado en el marco de actos definidos como terroristas bajo la ley antiterrorista israelí. Además, quienes reciban esta condena no accederán al derecho a indulto, colocándose la legislación entre las más estrictas del mundo respecto a la pena capital. Guevara-Rosas denunció que los tribunales militares tienen una tasa de condena superior al 99% para los palestinos y no garantizan el debido proceso. De igual modo, destacó que el texto legal permite ejecutar la sentencia 90 días después de dictarse el fallo definitivo, eliminando recursos básicos de apelación. "La comunidad internacional debe ejercer la máxima presión sobre las autoridades israelíes para que deroguen inmediatamente esta ley, abolan por completo la pena de muerte y desmantelen todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid contra los palestinos", concluyó la directora de Amnistía Internacional.

Human Rights Watch, por su parte, reafirmó su postura contraria a la pena de muerte en cualquier contexto. Adam Coogle, subdirector para Oriente Próximo, consideró que la reforma no responde a una lógica de seguridad sino que refuerza la discriminación y la existencia de un sistema judicial segregado, dos características que la organización asocia con situaciones de apartheid. Según la entidad, la pena de muerte es irreversible y restrictiva en cuanto a los procesos de apelación, lo que, junto al breve plazo de 90 días para la ejecución, se traduce en la posibilidad de realizar ejecuciones sin el adecuado escrutinio judicial, de acuerdo con lo reportado por Human Rights Watch.

El rechazo a la ley israelí también se hizo patente en Europa. El Consejo de Europa expresó su preocupación a través de su secretario general, Alain Berset, quien indicó que la entidad examinará las posibles implicancias de la normativa para los convenios internacionales suscritos por Israel y en los mecanismos de cooperación en los que el país participa. Berset indicó que la pena de muerte es un “anacronismo jurídico incompatible con los estándares contemporáneos de derechos humanos”, y puntualizó que la aplicación selectiva de la pena capital de forma discriminatoria resulta inaceptable en un Estado de derecho. Pese a las reiteradas recomendaciones del Consejo de Europa, el texto legal fue aprobado, lo que podría significar un mayor distanciamiento de Israel respecto a los valores que tradicionalmente ha reivindicado, tal como reportó el propio organismo.

Diversos países europeos sumaron sus objeciones tras la votación en el parlamento israelí. Alemania, Francia, Italia y Reino Unido expresaron una “preocupación profunda” por la legislación, que consideraron discriminatoria, e instaron al gobierno de Israel a abandonar el proyecto. A estas voces se añadió Irlanda, cuya ministra de Exteriores, Helen McEntee, subrayó el carácter selectivo de la reforma y solicitó tanto al Gobierno como al parlamento israelí que no la implementen.

El Centro Palestino de Derechos Humanos ha instado a la comunidad internacional a proteger a los presos palestinos y garantizar procesos de rendición de cuentas, insistiendo en que el silencio y la pasividad solo aumentarían la impunidad y debilitarían el marco internacional basado en normas, según reportaron las organizaciones implicadas.