El Supremo de EEUU falla en contra de la prohibición en Colorado sobre terapias de conversión a jóvenes LGTBI

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de remitir la prohibición de las terapias de conversión sexual en Colorado a instancias judiciales inferiores tendrá efectos más allá de este estado. Según consignó el medio que reportó sobre el caso, la medida podría impactar legislaciones similares en otras partes del país, alimentando un debate nacional sobre derechos, salud mental y el alcance de la libertad de expresión.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, el fallo conocido este martes suspende momentáneamente la validez plena de la ley estatal de 2019 que restringe la realización de terapias de conversión en menores de edad. Aunque la norma sigue vigente por el momento, el caso regresará a los tribunales inferiores para un examen más exhaustivo. El pronunciamiento coincidió con el Día Internacional de la Visibilidad Trans, y contó con ocho votos a favor por parte de los jueces conservadores y uno en contra, de la jueza liberal Ketanji Brown Jackson.

El litigio fue impulsado por la terapeuta evangélica Kaley Chiles, quien argumentó que la prohibición atenta contra la Primera Enmienda de la Constitución, referida a la libertad de expresión, y limita sus posibilidades de abordar este tipo de terapia en el diálogo con sus pacientes menores de edad. Según detalló Europa Press, la demanda recibió el respaldo de la organización Alliance Defending Freedom, que apoyó a Chiles en su defensa fuera del tribunal. Chiles explicó que, de mantenerse la prohibición, se arriesgaría a sanciones que podrían incluir una multa de 5.000 dólares, suspensión de su práctica y la pérdida definitiva de su licencia profesional, ya que la ley estatal considera ilícito recomendar o promover terapias para cambiar la orientación sexual o identidad de género de un menor.

En el escrito emitido por el juez Neil Gorsuch, el Tribunal Supremo señaló que la legislación de Colorado “no solo prohíbe intervenciones físicas, sino que también censura la libertad de expresión de quienes defienden las terapias de conversión”. Gorsuch sostuvo que “la Primera Enmienda refleja la convicción de que todo estadounidense posee un derecho inalienable a pensar y hablar libremente, y una fe en el libre intercambio de ideas como el mejor medio para descubrir la verdad. Por muy bien intencionada que sea, cualquier ley que suprima la libertad de expresión en función del punto de vista representa un ataque flagrante contra ambos compromisos". Esta argumentación legal se suma a la tendencia del máximo tribunal de abordar temas donde coexisten derechos constitucionales y restricciones estatales bajo el prisma de la libertad individual.

El caso despierta reacciones entre organizaciones y expertos del ámbito sanitario y de derechos humanos. Según publicó Europa Press, Polly Crozier, directora de Familia en Glad Law, un colectivo a favor de la comunidad LGTBI, advirtió que este fallo abre la puerta para que otros estados permitan “prácticas dañinas, sin escrúpulos y engañosas que separan a los progenitores de sus hijos y ponen en riesgo a los jóvenes LGTBI”. Crozier enfatizó que “la evidencia es clara de que las prácticas de conversión conducen a un aumento de la ansiedad, la depresión y la tendencia al suicidio. Esta es una práctica peligrosa que ha sido condenada por todas las asociaciones médicas importantes del país”.

En el mismo sentido, las terapias de conversión se encuentran desacreditadas por la mayoría de los organismos médicos estadounidenses. Entre ellos destacan la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Academia Estadounidense de Pediatría, cuyas posturas se sustentan en evidencia que califica estos métodos como ineficaces y potencialmente perjudiciales. Europa Press indicó que más de veinte estados estadounidenses cuentan con normativas que prohíben total o parcialmente la realización de estas terapias a menores.

La respuesta de los activistas por los derechos de la comunidad LGTBI ha subrayado la sensación de retroceso que supone esta resolución. De acuerdo con Europa Press, Karla Gonzales García, directora de Género, Sexualidad e Identidad en Amnistía Internacional, consideró que el fallo tendrá un “impacto devastador en los derechos, la salud y la dignidad de las personas LGTBI” dentro de Estados Unidos. Gonzales García manifestó en un comunicado que la llamada “terapia de conversión” implica daños graves y sostenidos en jóvenes LGBTQ+, provocando un alto riesgo de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, y señaló que, según el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, esta práctica puede constituir tortura.

La representante de Amnistía Internacional alertó sobre el peligro de retirar salvaguardas legales, lo que, según sus palabras recogidas por Europa Press, “deja a la comunidad LGTBI a merced de una práctica altamente insegura y desacreditada en un momento de escalada contra los ataques a la comunidad en todo el país”. Remarcó, además, que los jóvenes LGTBI “tienen los mismos derechos a una vida de dignidad y bienestar que todos los demás, y a estar protegidos contra la discriminación por su orientación sexual o identidad de género”.

El contexto legal estadounidense muestra un panorama en disputa a nivel nacional respecto de las políticas hacia el colectivo LGTBI. Según informó Europa Press, durante la administración del presidente Donald Trump, se adoptaron distintas medidas que restringieron derechos de este grupo, tales como recortar financiación federal para cirugías de reasignación de sexo y limitar la participación de personas transgénero en deportes femeninos.

En el caso concreto de Colorado, la legislación analizada restringía tanto acciones como expresiones verbales por parte de profesionales de la salud mental en torno a intentos de modificar la identidad o la orientación de menores de edad. El juicio del Tribunal Supremo no ha anulado la ley de 2019, pero obliga a una revisión judicial que podría generar jurisprudencia en torno a la colisión entre las libertades de expresión y la protección de la infancia en el ámbito sanitario y psicológico.

Según Movement Advancement Project, citado por Europa Press, al menos una veintena de estados han implementado restricciones legales sobre las terapias de conversión, lo que refleja la evolución del contexto político y social estadounidense frente a esta controvertida práctica. Los resultados del proceso judicial en Colorado podrían influir en otras jurisdicciones y modificar el enfoque sobre la validez y constitucionalidad de estas leyes a escala nacional.