China convoca a la cónsul de EEUU por declarar una alerta sobre cambios en la ley de seguridad de Hong Kong

El Gobierno de Hong Kong matizó recientemente que la Policía únicamente podrá solicitar contraseñas de dispositivos personales cuando exista autorización legal, tras la controversia originada por la entrada en vigor de un añadido a la Ley de Seguridad Nacional. Esta aclaración llega después de que varios medios internacionales, en palabras de las autoridades hongkonesas, difundieran interpretaciones consideradas "exageradamente generalizadas" acerca del alcance de la normativa, que posibilita penas de hasta un año de prisión para quienes se nieguen a entregar dicha información a las fuerzas del orden. Según informó el diario chino Global Times, estas acciones han planteado dudas sobre la amplitud del control policial en el territorio y suscitado críticas de organismos internacionales y miembros de la oposición.

De acuerdo con la información difundida por Global Times, el Ministerio de Exteriores chino convocó a la cónsul de Estados Unidos en Hong Kong, Julie Eadeh, después de que la diplomática alertara públicamente a los ciudadanos estadounidenses sobre los riesgos asociados a la nueva legislación. El aviso señalaba que, en el marco de la ley impuesta por Pekín, la Policía tendría la facultad de exigir claves de dispositivos electrónicos a partir del 23 de marzo, fecha en la que comenzó a regir la actualización normativa. El Gobierno chino interpretó esta advertencia como una injerencia en asuntos internos y advirtió a Eadeh que se abstenga de realizar comentarios similares en el futuro, según recogió Global Times en su reporte.

El comisario Cui Jianchun comunicó oficialmente a la diplomática estadounidense que este tipo de posicionamientos constituye, a juicio de las autoridades chinas, una interferencia directa tanto en los procesos internos de China como de la región administrativa especial de Hong Kong. Conforme a la versión consignada por Global Times, el mensaje buscó enfatizar el rechazo del Gobierno chino ante cualquier cuestionamiento internacional relacionado con la Ley de Seguridad Nacional.

La legislación de seguridad nacional fue implementada por Pekín con el argumento de que resulta necesaria para contrarrestar lo que consideran "elementos desestabilizadores extranjeros". Desde la entrada en vigor de la ley original y sus adiciones más recientes, parte de la comunidad internacional y ONG han expresado preocupación por la erosión de las libertades civiles en Hong Kong. Como señaló el medio Global Times, las autoridades locales defienden la norma como esencial para la estabilidad, pero sus críticos, incluyendo opositores y organizaciones no gubernamentales, señalan que se ha convertido en el principal instrumento para suprimir la disidencia política y restringir la autonomía.

La reacción de las autoridades de Hong Kong frente a la interpretación de la prensa internacional se ha centrado en desmentir que la Policía pueda revisar el contenido de teléfonos móviles sin procedimiento legal previo. Conforme al Gobierno local, solo la existencia de una orden correspondiente permitirá a los agentes solicitar contraseñas, lo que, en la opinión oficial, limita el riesgo de vulneraciones indiscriminadas a la privacidad de la ciudadanía. La normativa estipula que la negativa a cooperar con los requerimientos de la Policía podrá acarrear penas privativas de libertad.

El aviso emitido por la representación diplomática estadounidense provocó la respuesta inmediata de Pekín, que ha mantenido su postura de no permitir intervenciones externas en la administración de Hong Kong. Las relaciones entre China y Estados Unidos, en el contexto de la ley de seguridad y sus incidencias, han estado marcadas por episodios de tensión derivados de acusaciones de intervención y denuncias sobre derechos humanos formuladas por el gobierno estadounidense y diversas organizaciones internacionales, según lo publicado por Global Times.

Desde su promulgación, la Ley de Seguridad Nacional ha sido señalada, particularmente por opositores y representantes de la sociedad civil, como una medida destinada a consolidar el control de las autoridades locales y centralizar la toma de decisiones bajo el gobierno de Pekín. Estos sectores consideran extinguida gran parte de la disidencia política en Hong Kong, que fue objeto de intenso escrutinio durante las protestas registradas años atrás y, desde entonces, sujetas a mayores restricciones normativas y operativas.

La polémica suscitada por la advertencia diplomática refleja el clima de vigilancia e inquietud respecto de la situación de derechos y libertades en Hong Kong, en tanto la administración local prosigue con la aplicación de la ley como mecanismo para enfrentar los desafíos definidos por el Gobierno central chino. Las medidas y matices anunciados por las autoridades se inscriben en un contexto de creciente foco internacional sobre la autonomía y el manejo policial en la región, de acuerdo con el seguimiento periodístico de Global Times.