
La exigencia de una sentencia que detenga los ataques a católicos ha marcado la postura de la Asociación Española de Abogados Cristianos en el juicio iniciado contra Pablo Echenique, exdiputado de Podemos, por un tuit publicado en mayo de 2024. El proceso judicial se desarrolla en la Audiencia Provincial de Madrid, donde Echenique afronta la acusación de un presunto delito de odio tras replicar en redes sociales a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo y vincular en su mensaje a sacerdotes con delitos sexuales. La entidad denunciante aspira a obtener una condena que, de acuerdo con sus representantes, "no implica entrar en prisión", sino que sirva para frenar lo que consideran una secuencia continua de menosprecios hacia los fieles católicos, según consignó Europa Press.
De acuerdo con lo publicado por el medio, Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha comparecido ante la Audiencia y remarcó la necesidad de "seguir pidiendo respeto para los católicos", subrayando que la libertad de expresión "no puede abarcar el insulto" cuando este, afirma, siempre recae sobre el mismo colectivo. Castellanos precisó que la acusación reclama la imposición de una pena de un año de cárcel junto a una multa de seis meses, enfatizando que la finalidad es lograr una sentencia condenatoria como fórmula para inhibir ultrajes y ataques dirigidos a los creyentes cristianos.
La génesis de la denuncia se encuentra en el mensaje difundido por Echenique el 10 de mayo de 2024, en el que hacía alusión a manifestaciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, respecto a la inmigración: "Dentro de la apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados". Como respuesta, el exdiputado publicó en la red social X: "Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria". Según publicó Europa Press, el escrito de acusación sostiene que esa publicación podría constituir provocación al odio y a la discriminación, tipificada en el artículo 510 del Código Penal.
Tras la denuncia de Abogados Cristianos, el Juzgado de Instrucción Número 38 de Madrid acordó la apertura de juicio oral contra Echenique, instando a esclarecer si el contenido del tuit excedió los límites de la crítica política o social y pasó a incitar hostilidad hacia un colectivo. Mantiene Europa Press que, durante la vista oral señalada para las 10.00 horas, están llamados a testificar el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dos periodistas especializados en investigaciones sobre abusos sexuales en instituciones eclesiásticas y la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García Ayuela. La presencia de estos testigos busca aportar elementos contextuales sobre la materia objeto del proceso.
Por su parte, la acusación particular sostiene la postura de que la expresión de Echenique no se limita al ámbito de la libertad de expresión amparada constitucionalmente, sino que sobrepasa su marco, generando un clima adverso contra los sacerdotes y, por extensión, los católicos. Polonia Castellanos, en declaraciones recogidas por Europa Press, destacó: "Apoyamos la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no puede abarcar el insulto".
Frente a la demanda de castigo formulada por la parte acusadora, la Fiscalía ha solicitado la absolución, argumentando que los hechos relatados "no son constitutivos de delito alguno" y que no existen circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal del acusado. "Al no existir delito no procede imponer pena alguna", señala el Ministerio Público en el escrito incorporado por Europa Press, subrayando la necesidad de proteger el ejercicio de la crítica social y política aunque resulte incómoda o polémica para determinados sectores.
Durante su declaración en fase de instrucción, Echenique negó cualquier intención de criminalizar a la totalidad del colectivo de sacerdotes e insistió en que su tuit constituyó "una contraposición irónica entre dos absurdos" como respuesta a los comentarios sobre inmigración vertidos por el arzobispo de Oviedo. El exdiputado solicitó entonces el archivo de la causa por entender que no existía ilícito penal.
Según detalló Europa Press, la denuncia de Abogados Cristianos se fundamenta en el entendimiento de que discursos como el de Echenique contribuyen a la creación de un ambiente en el que los fieles y líderes religiosos católicos se ven expuestos a humillaciones o vejaciones públicas. Por este motivo, la asociación demanda un fallo condenatorio aunque ello no conlleve privación efectiva de libertad, sino que actúe como precedente normativo ante manifestaciones de tinte ofensivo o discriminatorio.
El proceso judicial que sigue la Audiencia Provincial de Madrid, puntualizó Europa Press, pone el foco en los límites legales de la libertad de expresión en redes sociales, la sensibilidad social ante referencias a delitos cometidos por miembros de instituciones religiosas y la protección jurídica de los derechos de grupos religiosos frente a ataques verbales. En la sala convergen posiciones encontradas sobre el equilibrio entre la crítica política y el discurso que puede calificarse como incitación al odio de acuerdo a lo previsto en la ley penal española.
Las declaraciones programadas de testigos como el Defensor del Pueblo y expertos en la investigación de abusos en el entorno eclesiástico aportan al debate judicial matices sobre el impacto social y mediático de la denuncia, así como sobre la relevancia de los discursos críticos en el espacio público. Según ha venido reportando Europa Press, el desenlace de la causa podría influir en casos futuros relacionados con la protección de la libertad religiosa y de expresión, y el alcance del artículo 510 del Código Penal en la era digital.
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