Tres ONG denuncian "interferencia" y "amenazas" contra los periodistas árabes en Haifa, Israel

Un incidente descrito por las organizaciones civiles implicó a un inspector municipal de Haifa que, durante una cobertura informativa, habría amenazado a un periodista diciéndole que se quitaría el uniforme para agredirlo físicamente. Esta situación se enmarca dentro de una serie de denuncias presentadas por entidades defensoras de los derechos árabes en Israel, que solicitan medidas legales ante lo que consideran episodios persistentes de hostigamiento y restricciones hacia la prensa en la ciudad. Según consignó el medio original, tres organizaciones no gubernamentales con actividades centradas en la protección de los derechos de la población árabe en Israel presentaron este lunes una demanda formal ante el Tribunal de Asuntos Administrativos del Distrito de Haifa, exigiendo el cese inmediato de la interferencia por parte de inspectores municipales en las labores periodísticas de comunicadores árabes.

De acuerdo con la información difundida por las organizaciones, los incidentes reportados se han intensificado desde el comienzo del conflicto armado actual, el 28 de febrero de 2026, fecha que coincide con el inicio de las hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán. Según la demanda, las autoridades municipales habrían adoptado una actitud de presión contra estos profesionales, con intimidaciones que van desde amenazas de imponer multas y confiscación o daño al equipo periodístico, hasta amagos de detención y coacción física. Las ONG han registrado casos en los que se alega que inspectores municipales emiten advertencias infundadas sobre la exigencia de un “permiso municipal” para transmitir en vivo o grabar imágenes, pese a que, según lo recopilado por estas entidades, la Policía local ha reiterado en varias ocasiones que no existe ninguna normativa que prohiba realizar este tipo de coberturas siempre que se cumpla con la legislación vigente en materia de censura.

El medio informó que la abogada Hadil Abú Salí, representante de Adalah —el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel— ha encabezado la presentación judicial actuando además en nombre del Centro Mossawa y de I’lam, el Centro Árabe para la Libertad de Prensa, el Desarrollo y la Investigación. El comunicado de Adalah enfatiza que la solicitud judicial presentada busca que el municipio de Haifa se abstenga de pasar los límites de sus competencias interfiriendo en la labor informativa, especialmente durante transmisiones en directo y filmaciones. Esta demanda se apoya en la declaración de la Policía de que las transmisiones solo están sujetas a las normas generales de censura a la prensa que rigen para todos los medios, por lo que el accionar de los inspectores carecería de justificación legal.

Según publicó la abogada Abú Salí tras la demanda, los hechos relatados por las tres ONG formarían parte de un patrón de persecución sistemática que afecta a quienes, durante situaciones de conflicto, se ubican fuera del consenso predominante en la sociedad israelí. Abú Salí considera que el municipio local incurre en prácticas discriminatorias y arbitrarias al intentar controlar a los comunicadores, sin que tenga competencias para hacerlo, extendiendo conductas de represión que también se reflejan en actos dirigidos contra manifestantes, artistas y espacios culturales. “Ahora, este abuso de poder se ha extendido a periodistas árabes en un intento de imponer censura ilegal”, detalló la abogada en su alegato judicial y citado por el medio.

Por su parte, el director del Centro Mossawa, Jafar Fará, instó durante la presentación a que el alcalde de Haifa ponga fin a lo que considera una “instrumentalización política del personal municipal” en contra de los periodistas árabes. Fará también criticó lo que describió como políticas municipales discriminatorias hacia la población árabe en general. El directivo denunció que las autoridades están empleando la unidad Oz, originalmente creada y financiada mediante un nuevo impuesto a los habitantes locales para combatir la delincuencia, para perseguir fines políticos. Entre los ejemplos aportados, mencionó la retirada de carteles escritos en idioma árabe en la vía pública, en lugar de implementar acciones para enfrentar la criminalidad que afecta a la ciudad. El portavoz manifestó su preocupación por la actitud de ciertos funcionarios municipales que, en sus palabras recogidas por el medio, “parece que algunos dentro del municipio se creen el gobernador militar de Haifa”.

La demanda presentada se apoya en una serie de quejas documentadas desde el inicio de la actual guerra, que incluyen testimonios de periodistas que aseguran haber recibido amenazas directas al intentar realizar su labor informativa en Haifa. Otras situaciones señaladas involucran intentos de limitar la cobertura mediática, influyendo negativamente en el acceso a la información para la comunidad local y planteando interrogantes sobre el respeto a los derechos fundamentales y la libertad de prensa en contextos de excepcionalidad bélica. Según reportó la abogada de Adalah, la represión de la protesta y la censura a expresiones culturales y mediáticas traduce un clima de presión institucional que trasciende los casos individuales documentados, repercutiendo de manera generalizada sobre sectores de la sociedad árabe en Israel.

El medio detalló que la Policía de Haifa, citada en la demanda, ha reiterado que los profesionales de la información solo deben respetar las restricciones comunes de censura y no necesitan permisos adicionales para la transmisión o grabación, contrastando con los fundamentos esgrimidos por la administración municipal para justificar las intervenciones. Tanto Adalah como las restantes ONG insisten en que los actos denunciados constituyen una práctica de discriminación en momentos de especial tensión social y política, solicitando al tribunal una respuesta judicial inmediata que garantice la libertad de prensa y el ejercicio pleno de los derechos de los periodistas árabes en el espacio público haifano.

Las organizaciones firmantes han sostenido ante la justicia que estas acciones se enmarcan en una discriminación sistemática y han subrayado la importancia de garantizar estándares igualitarios en el trato de comunicadores, independientemente de su origen étnico o afinidad política. La judicialización de este conflicto marca un nuevo episodio en las tensiones entre las ONG defensoras de derechos humanos y el gobierno local de Haifa, profundizando el debate sobre los mecanismos de control, la transparencia en las actuaciones públicas y la vigencia de la libertad de prensa en escenarios de conflicto armado, de acuerdo a lo expuesto en la documentación presentada ante las autoridades judiciales y reproducida por el medio.