Gobierno y sindicatos se reúnen la próxima semana por las 35 horas en la AGE, que serán efectivas desde marzo

La convocatoria de nuevas plazas en la Administración General del Estado (AGE), pendiente desde 2023 según la Unión General de Trabajadores (UGT), ha sido una de las principales demandas elevadas al Gobierno antes de la próxima ronda de negociaciones. Esta situación involucra 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna aún sin convocar, lo que genera inquietud tanto entre aspirantes como personal que busca promoción, y afecta la calidad de la atención al ciudadano en organismos clave.

De acuerdo con UGT, la jornada laboral de 35 horas para el personal de la AGE será una realidad a partir del próximo viernes, conforme detalló el medio. Para ultimar los detalles de esta medida, el Ministerio de Función Pública ha convocado a los sindicatos para dos reuniones técnicas, citadas para el lunes 23 y miércoles 25 de marzo, orientadas a definir la implantación definitiva de esta jornada, que forma parte del Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, ratificado anteriormente por UGT, CCOO y el Ejecutivo. Además, el Gobierno presentará en ambas sesiones la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026 y las directrices sobre el acceso de personas con discapacidad a la AGE.

UGT ha manifestado, según informó el citado medio, que la reducción de jornada no debe limitarse a una mejora optativa. El sindicato defiende que se consolide como un derecho universal y aplicable en toda la Administración, con garantías sobre la no afectación de la conciliación, la flexibilidad laboral ni la calidad en los servicios públicos. Por su parte, el Ejecutivo debe ratificar esta medida en la Mesa General de Negociación de la AGE, cumpliendo así con el compromiso asumido para su entrada en vigor en marzo.

La negociación abordará también aspectos relacionados con el empleo neto en la AGE. UGT exige al Ministerio de Función Pública la agilización de los procesos selectivos, reclamando que su inicio se produzca en el mismo año de su publicación y se acorten los plazos de resolución. La organización sindical subrayó que la falta de convocatoria de las ofertas de personal laboral correspondientes a 2023, 2024 y 2025 afecta directamente tanto la eficiencia del servicio público como las expectativas de los propios aspirantes y empleados.

En cuanto a la dotación de personal, UGT ha señalado la necesidad de reforzar plantillas, especialmente en organismos con alta demanda, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Dirección General de Tráfico, las oficinas de extranjería y la Seguridad Social. El sindicato advierte que cubre resulta especialmente difícil en la Seguridad Social obtener una cita previa, una situación que atribuye en parte a la insuficiencia de personal, y que repercute en el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales.

La inclusión y el acceso igualitario constituyen otro pilar relevante en la agenda de las nuevas negociaciones. UGT reiteró su compromiso con el desarrollo de una Administración diversa, inclusiva y accesible, y pidió que la normativa sobre el acceso de personas con discapacidad garantice de forma efectiva el ejercicio pleno de derechos laborales y sociales dentro de la AGE, según reportó el medio. Esta regulación se discutirá en paralelo a la jornada reducida y a la OEP de 2026, en las sesiones técnicas previstas para los días 23 y 25 de marzo.

Las demandas sindicales incluyen el cumplimiento por parte del Ejecutivo de los compromisos adquiridos en las ofertas anteriores, que según UGT aún no se han ejecutado completamente. Para la organización, integrar la jornada de 35 horas y el incremento de personal debe ir acompañado de la protección del servicio público y de condiciones laborales que favorezcan tanto la conciliación como la mejora de la atención a la ciudadanía.

El contexto de las negociaciones actuales responde a un proceso iniciado a partir del acuerdo por una Administración del Siglo XXI, donde el Gobierno se había comprometido a impulsar cambios en las condiciones laborales y en el acceso a plazas públicas desde marzo. Las próximas reuniones servirán para ultimar estas reformas y determinar la forma en que se implementarán tanto la jornada reducida como las medidas de empleo e inclusión que afectan directamente a quienes trabajan y acceden a la AGE.

Al concretar estos asuntos en la Mesa General de Negociación, el Ministerio de Función Pública y los sindicatos buscan cerrar un ciclo de compromisos extendidos en los últimos años. El impacto de las resoluciones será relevante para el funcionamiento cotidiano de los organismos públicos, los derechos y expectativas de los empleados y el nivel de servicio prestado a la ciudadanía, según detalló UGT en los comunicados y declaraciones recogidas por el medio. La intensidad de estas negociaciones refleja el interés por lograr que la jornada reducida, la creación de empleo y la accesibilidad sean ejes centrales de la Administración pública estatal en los próximos años.