Ecuador deja en manos de España el descubrimiento de una acusación a Noboa por el asesinato de Villavicencio

Wilmer Chavarría Barré, conocido como 'Pipo' y catalogado como uno de los antiguos objetivos prioritarios del crimen organizado latinoamericano, negó ante la Justicia española su implicación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Durante su comparecencia, explicó que decidió no responder las 24 preguntas formuladas por autoridades ecuatorianas, limitándose a contestar únicamente a su defensa y a la Fiscalía española. De acuerdo con el medio El Periódico de Aragón, Chavarría afirmó que una persona muy próxima al ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, le comunicó que la orden para cometer el asesinato provino del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El propio Chavarría añadió que el difunto legislador Villavicencio tenía en su poder un audio que supuestamente vinculaba al presidente Noboa con un caso de menores.

Según informó El Periódico de Aragón, la Fiscalía General de Ecuador optó por rechazar formalmente la solicitud para obtener la declaración de Chavarría, decisión que deja en manos de las autoridades judiciales de España la entrega o no del testimonio del detenido. El organismo ecuatoriano manifestó que “su negativa de atender a la solicitud del abogado, en aplicación del principio de especialidad, el cual limita el uso de la información exclusivamente al objeto de la API requerida”, refiriéndose al mecanismo internacional de Asistencia Penal Internacional (API). No obstante, la Fiscalía reconoció que corresponde a las autoridades judiciales españolas determinar el destino del testimonio conforme a las leyes nacionales de ese país.

Chavarría, arrestado en Zaragoza tras un operativo conjunto entre policiales de Ecuador y España, se encuentra encarcelado desde noviembre de 2025. Durante su declaración en un juzgado aragonés, además de negar participación directa en el crimen, alertó que su vida estaría en riesgo si se ordenara su extradición a Ecuador o Estados Unidos, donde la organización que lideraba, Los Lobos, está catalogada como grupo terrorista. El detenido sostuvo ante la jueza que la supuesta implicación de Noboa en el asesinato vincula directamente a personas cercanas al actual gobierno ecuatoriano. Chavarría también señaló que su captura fue descrita por Noboa como “el objetivo de más alto valor” para el Ejecutivo.

El partido opositor Revolución Ciudadana denunció presuntas reticencias a transparentar el caso. Su líder, el expresidente Rafael Correa, expuso en redes sociales que “la Fiscalía General del Estado reconoce que no quiere que se entregue la transcripción y el audio de la declaración de ‘Pipo’, donde acusa directamente a Daniel Noboa de ser narcotraficante y el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio”. El medio El Periódico de Aragón consignó que desde esa formación se advirtió que habría intereses en ocultar información clave sobre el caso.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el testimonio de Chavarría de “absurdo” y planteó que responde a un intento de evadir la extradición. En sus palabras, afirmadas en redes sociales y recogidas por medios ecuatorianos, “son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad. Pero les digo: cero impunidad, nadie está por encima del Estado ni de la ley, de esta no los salva nadie”. El ministro sostiene que Chavarría actúa bajo el temor de ser trasladado a Ecuador o Estados Unidos, donde enfrentaría posibles condenas por sus delitos.

Por parte de la familia de Fernando Villavicencio, Amanda Villavicencio, hija del político asesinado, criticó públicamente a Los Lobos y al correísmo mediante publicaciones en la red social X, calificando la situación de “miserables” y expresando que “los veremos caer. Los Lobos y el correísmo están desesperados”. Su hermana Tamia, también en X, argumentó que “los mafiosos acorralados solo saben darse tiros en los pies”, y añadió que se han intentado imponer dos narrativas distintas para desviar la responsabilidad del crimen, primero atribuyéndolo al expresidente Guillermo Lasso y luego al actual mandatario Noboa. Como respaldo, publicó un video donde Villavicencio aseguraba que, si sufría algún daño, la responsabilidad recaería en los correístas.

En el marco del proceso judicial ecuatoriano, se recuerda que la jueza que lleva la causa sobre el asesinato de Villavicencio dictó en octubre de 2023 prisión provisional para los dos presuntos autores intelectuales, Xavier Jordán, empresario, y José Serrano, quien fue ministro en gobiernos del expresidente Rafael Correa. La decisión judicial se anunció cuando faltaban once días para las elecciones presidenciales de 2023, y el caso puso en evidencia la dimensión de la crisis de seguridad interna.

Por este crimen fue sentenciado Edwing Angulo, alias ‘Invisible’, identificado como otro líder destacado de Los Lobos, quien recibió junto a otras cuatro personas condenas como autores materiales. El caso ha involucrado a diversos sectores del entramado político y criminal del país, y sus implicaciones se han mantenido en el debate público ecuatoriano.

La asistencia penal internacional, citada en este contexto por la Fiscalía ecuatoriana, representa uno de los mecanismos principales para la cooperación entre Estados en procesos judiciales transnacionales. No obstante, el principio de especialidad restringe el empleo de información compartida únicamente al asunto especificado en la solicitud original, evitando así el uso indiscriminado de las pruebas en causas ajenas a la cooperación acordada inicialmente. En este caso específico, la Fiscalía ecuatoriana argumentó que la limitación responde al estricto cumplimiento de estos acuerdos internacionales.

Hasta el momento, la decisión sobre la entrega o no del testimonio de Chavarría queda bajo jurisdicción de la Justicia española, mientras las partes implicadas aguardan una resolución que podría repercutir en el desarrollo del caso y en la información que se revele sobre el asesinato de Villavicencio y posibles ramificaciones dentro de la política ecuatoriana.