Cuerpo da a entender que el plan integral ante la guerra en Irán no incluirá medidas en materia de vivienda

Los precios del gasoil han subido un 28% y los de los fertilizantes cerca del 50% desde el inicio del conflicto en Irán, mientras que el precio de la gasolina ha aumentado un 16%, lo que representa una presión significativa sobre el bolsillo de los ciudadanos y las empresas en España. Este escenario ha llevado al Gobierno a diseñar un nuevo paquete de medidas en respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, que será presentado el viernes tras el Consejo de Ministros extraordinario, de acuerdo con información difundida por Europa Press. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anticipó que estas acciones no incluirán nuevas disposiciones en materia de vivienda, a pesar de las reiteradas solicitudes de Sumar y otros socios parlamentarios para que el Ejecutivo contemple la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027.

Según detalló Europa Press, el ministro Cuerpo explicó que el plan se ha elaborado considerando las evaluaciones de la actual coyuntura económica y tras las conversaciones mantenidas con agentes sociales, sectores afectados y distintas formaciones políticas. Dicho plan será expuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuenta ya con una estructura definida que se articula en torno a cuatro áreas principales. La primera está enfocada en reforzar la apuesta por energías renovables, promoviendo fórmulas como la creación de comunidades energéticas y el autoconsumo, así como la electrificación. La segunda dimensión aborda la reducción de los costes energéticos y eléctricos mediante medidas de carácter fiscal, diseñadas para minimizar el impacto de los incrementos en los precios de la energía.

La tercera parte de este paquete de acciones está orientada a mitigar el impacto de la subida de los combustibles y fertilizantes, poniendo un foco especial en sectores como el campo, la pesca, los transportistas y las industrias con mayor consumo energético. El último bloque de medidas corresponde al “escudo social” e incluye disposiciones que garanticen, por ejemplo, que los hogares más vulnerables no sufran cortes en el suministro energético. Europa Press informó que estas medidas buscarán un consenso amplio entre las fuerzas parlamentarias, con el objetivo de que el decreto pueda ser convalidado en la próxima sesión del Congreso, el jueves de la semana entrante.

Carlos Cuerpo señaló que el Ejecutivo no contempla, al menos en esta ocasión, implementar una reducción del IVA en los alimentos ni establecer bonificaciones directas al precio de los combustibles, como la ayuda de 20 céntimos por litro puesta en marcha tras el inicio de la guerra de Ucrania. El titular de Economía subrayó que la delimitación de las medidas del Real Decreto-Ley obedece a la necesidad de adaptarlas al contexto y a los efectos observados hasta la fecha. No obstante, reiteró que la vivienda sigue siendo un asunto prioritario para el Ejecutivo y motivo de preocupación compartida con los socios de Gobierno, aunque su abordaje en este plan queda pendiente según el diagnóstico actual.

Sumar y otras formaciones han insistido en la inclusión de medidas que frenen los desahucios de personas vulnerables y prorroguen contratos de alquiler, peticiones que, según el propio ministro, no formarán parte del paquete inmediato a aprobarse. Estas demandas cuentan con la oposición expresa del Partido Popular, que ha advertido que votará en contra del decreto si incorpora mecanismos que, según esta formación, servirían para “legalizar la okupación”.

Entre los sectores más afectados por el alza de precios destacan el transporte, la logística, la agricultura, la pesca y aquellas industrias con un consumo elevado de energía. Carlos Cuerpo manifestó que el alcance del impacto en estos ámbitos no se limita a los aumentos directos de costes, sino que genera efectos en cadena sobre toda la economía, al incidir en los precios de numerosos productos de la cesta de la compra. Esta situación justifica, según puntualizó, la necesidad de adoptar medidas específicas para las ramas económicas más expuestas al shock internacional.

En cuanto a la situación macroeconómica, el ministro descartó indicios de afectación significativa a la economía española como resultado inmediato de la guerra en Irán. Europa Press recogió que el ministro argumentó que la evolución reciente muestra una aceleración en la afiliación a la Seguridad Social durante las dos primeras semanas de marzo, dato que contrasta con la incertidumbre derivada de otros conflictos internacionales recientes. El responsable de Economía destacó que, a diferencia de la crisis desencadenada tras el inicio de la guerra de Ucrania, España ha incrementado su preparación frente a tensiones energéticas gracias al avance en la transición hacia fuentes renovables.

Cuerpo señaló que el impacto de la crisis en los precios de la electricidad y el gas ha resultado más moderado que en episodios anteriores, tanto en comparación con situaciones previas en España como frente a los países del entorno europeo. Argumentó que esta resistencia se debe, en parte, al refuerzo de las capacidades en materia de renovables y a una política energética que ha favorecido la contención de los costes para consumidores y empresas.

El ministro enfatizó que la economía española encara la coyuntura con una solidez reforzada. Destacó que la afiliación a la Seguridad Social se situó en 21,96 millones de personas en términos desestacionalizados, una cifra que representa un comportamiento positivo del mercado laboral y que, según los registros, ha mejorado incluso respecto al mes anterior. Asimismo, Cuerpo sostuvo que las perspectivas de crecimiento para el año 2026 añaden un elemento adicional de fortaleza tanto en el ámbito macroeconómico como en la generación de empleo en el país.

De acuerdo con Europa Press, el Gobierno considera fundamental actuar con rapidez a la espera de que el conflicto en Irán se resuelva lo más pronto posible, para evitar que los efectos económicos iniciales puedan transformarse en daños más estructurales. Cuerpo remarcó que si la crisis se prolonga existe la posibilidad de que el incremento de precios se extienda o incluso alcance la actividad económica en mayor grado, aunque por el momento no se han apreciado señales que apunten en esa dirección.

La estructuración del plan presentado tiene como prioridad colaborar con todos los agentes implicados y ajustarse en función del desarrollo de los acontecimientos, manteniendo el objetivo de proteger a los ciudadanos y a la economía frente a eventuales shocks internacionales.