Una persona muere cada 16 minutos en las listas de espera de la dependencia, según un informe

El dictamen más reciente del Observatorio Estatal de la Dependencia apunta que, desde diciembre de 2024 hasta diciembre de 2025, murieron 32.704 personas en España sin haber recibido las ayudas de dependencia que esperaban, según informó Europa Press tras consultar el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, presentado en el Congreso de los Diputados. De acuerdo con el documento, la cifra comprende tanto a quienes aguardaban la resolución de su grado de dependencia, que suman 17.994 personas, como a aquellas que, aún con su situación reconocida, continuaban a la espera de atención, 14.710 en total. Este informe sostiene que, en promedio, una persona fallece cada 16 minutos sin que se hayan garantizado sus derechos en el sistema.

Los datos recopilados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, difundidos por Europa Press, indican que la lista de espera sigue creciendo y que, al cierre de 2025, se contabilizan 258.167 personas pendientes de resolución o atención. El estudio destaca también la duración de este proceso: el plazo medio desde la solicitud hasta la resolución del expediente de dependencia alcanza los 341 días en 2025, siete días más que el año anterior. Este incremento en el tiempo de espera, según el documento, refleja la persistencia y el agravamiento de los retrasos en la tramitación.

El reporte puntualiza que 1.784.369 personas contaban con un reconocimiento oficial de su situación de dependencia al término de 2025, cifra que supone un aumento de 158.618 personas atendidas respecto al año previo. La expansión del sistema ha permitido que, en los 19 años transcurridos desde su implantación, más de 4 millones hayan accedido a alguna prestación, aunque el documento subraya también que cerca de 900.000 han fallecido esperando respuesta durante ese período.

El informe, reseñado por Europa Press, examina el tipo de apoyos ofrecidos por el Sistema de Atención a la Dependencia. Actualmente, 66.246 personas reciben como única respuesta la teleasistencia, dato que representa un incremento de 273 individuos en comparación con 2024. La modalidad de atención con mayor presencia continúa siendo la prestación económica para cuidadores familiares, que abarca al 44,6% de las personas beneficiarias (735.889), con un importe medio mensual de 264,55 euros.

A través de la Escala del Observatorio, el informe compara la situación entre comunidades autónomas. Castilla-La Mancha y Castilla y León figuran en la parte alta del ranking, con calificaciones de 8,25 y 7,5 respectivamente. Por contraste, Extremadura, así como Ceuta y Melilla, quedan en los últimos puestos con puntuaciones de 2,25 y 2,5. Estas diferencias evidencian, según la Asociación de Directoras y Gerentes, una marcada desigualdad territorial en el acceso y calidad de las prestaciones.

Europa Press señala que el dictamen cuestiona la gestión presupuestaria reciente. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que, en 2024, el Gobierno de España interrumpió el aumento de los 600 millones de euros adicionales que el Plan de Choque había aportado entre 2021 y 2023. Según esa misma fuente, la interrupción de estos recursos "se ha visto reflejada en la limitación de sus prestaciones y servicios".

La entidad añade que, aunque el nivel de gasto estatal concertado con las comunidades autónomas no creció en 2025, sí se produjo un aumento global de 159 millones de euros debido al incremento de personas atendidas, una carga que tuvo que asumir el Ministerio para mantener el nivel mínimo de financiación. A ello se añadieron otros 121 millones de euros distribuidos entre los gobiernos autonómicos, en función del suplemento de crédito estipulado en el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, conocido como Ley ELA, según publicó Europa Press. Además, se suplementaron 96 millones de euros para cubrir las cuotas de la Seguridad Social de cuidadoras no profesionales.

A pesar de este refuerzo presupuestario, el informe constata que la inversión total del sistema en 2025 se situó en 13.506,6 millones de euros, equivalente al 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB), una proporción que representa la mitad del promedio asignado por los países de la Unión Europea a políticas similares.

El documento del Observatorio Estatal de la Dependencia, al que hace referencia Europa Press, recuerda que se ha aprobado recientemente un proyecto de reforma del sistema sin dotación presupuestaria adicional y mientras aún permanecen incumplidos algunos de los compromisos del marco legal anterior. Si bien la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que existen aspectos positivos dentro del nuevo proyecto, advierte que serían necesarios al menos 1.000 millones de euros extra en los próximos Presupuestos Generales del Estado para materializar las mejoras prometidas.

El informe incide en la necesidad de que las comunidades autónomas aceleren los procedimientos que permitan reducir las listas de espera y que amplíen tanto el importe de las prestaciones como la intensidad de los servicios. Además, plantea la conveniencia de flexibilizar la compatibilidad entre diferentes tipos de ayuda. Según concluye el dictamen, recogido por Europa Press, solo incrementando la inversión y mejorando la organización se podría garantizar una respuesta eficaz y equitativa para todas las personas en situación de dependencia a nivel nacional.