Hacienda pondrá el foco este año en el comercio digital y en los 'noeobancos' y vigilará a los 'influencers'

Las operaciones vinculadas con plataformas digitales de alquiler turístico estarán bajo una fiscalización más estricta en los próximos años, dado que la Agencia Tributaria ha manifestado la intención de prestar atención relevante a la intermediación, para asegurar que el sistema de comisiones y los ingresos derivados cuenten con “un adecuado reflejo” en las declaraciones tributarias. Según informó la Agencia Tributaria en su Plan de Control Tributario para 2026, consignado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), estas actuaciones buscan identificar arrendamientos de inmuebles residenciales para usos diferentes al de vivienda, o que hayan sido declarados como arrendamiento de vivienda pero funcionen realmente bajo otras modalidades, como pisos turísticos o alquileres de temporada. Esta medida se enmarca dentro de una serie de nuevas estrategias para abordar la economía sumergida y el fraude fiscal.

De acuerdo con lo publicado por el BOE, la Agencia Tributaria ampliará su supervisión en el ámbito de los negocios digitales, con especial énfasis en las operaciones de comercio electrónico y el análisis de la correcta tributación de creadores de contenido en redes sociales, comúnmente conocidos como “influencers”, y empresas u operadores asociados a la llamada “neobanca". La administración aprovechará una mayor cantidad de datos financieros facilitados por nuevos requerimientos informativos mensuales que los bancos deben presentar sobre cobros con tarjeta y movimientos en cuentas de diversa índole, lo que aportará más herramientas para identificar ocultaciones de actividades empresariales, empleo de sociedades pantalla y cualquier otra estructura instrumental diseñada para eludir obligaciones fiscales, tal como reportó el BOE.

El control sobre los denominados “neobancos” crecerá gracias a la nueva información financiera sobre pagos transfronterizos y movimientos en entidades digitales, que se suma a la ya disponible por parte de plataformas online, incluidas aquellas remitidas a través de la DAC7. Estas fuentes permiten detectar comportamientos sospechosos relacionados con la ocultación de rentas y patrimonios fuera de España, así como identificar si los contribuyentes emplean cuentas de estas entidades para sustraer activos de la fiscalización nacional, según consignó el BOE. Las inspecciones tendrán como objetivo a personas y entidades que realicen un uso irregular de cuentas en neobancos y operaciones digitales, con el fin de eludir sus responsabilidades tributarias.

El sector inmobiliario también quedará sujeto a una fiscalización reforzada. La Agencia Tributaria ha señalado que, además de centrarse en la deducción improcedente de gastos financieros y el empleo abusivo de subcontratas, atenderá a la correcta valoración de inmuebles en procesos de transmisión, particularmente en situaciones que involucren entidades vinculadas o estructuras societarias. Entre los riesgos a vigilar figuran artimañas en la venta y arrendamiento de propiedades, todo ello en un contexto de reactivación del mercado inmobiliario tras un periodo de menor actividad, según publicó el BOE. Dentro de este segmento destaca la vigilancia sobre las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMI), debido a su régimen fiscal especial y al papel que ocupan en el mercado de la vivienda.

El citado Plan de Control Tributario establece la necesidad de fortalecer la detección de posibles fraudes en la promoción, rehabilitación y sucesivas transmisiones de bienes raíces, además de comprobar el cumplimiento de los requisitos normativos en operaciones complejas. También se concretarán acciones sistemáticas en el control de la correcta declaración de los beneficios obtenidos a través de alquileres gestionados mediante plataformas digitales, poniendo especial énfasis en los arrendamientos turísticos y en asegurar la declaración real de los ingresos y comisiones que genera este tipo de actividad.

En lo relativo al comercio electrónico, la Agencia Tributaria priorizará el examen de sociedades que simulan estar establecidas en la Unión Europea con el fin de modificar la forma en que tributan el IVA en sus ventas a través de plataformas digitales, lo que podría suponer una elusión parcial o total del pago de este impuesto. El BOE detalla que la explotación de datos recabados a través de nuevas vías permitirá mejorar la capacidad de rastreo y prevención en operaciones digitales, tanto en la compraventa de bienes como en la prestación de servicios.

Los creadores de contenido e “influencers” también constituirán un grupo bajo análisis específico, no sólo por sus actividades internas, sino también por la evaluación de su residencia fiscal, elemento clave para determinar correctamente cómo y dónde deben tributar, según precisa el BOE.

Dentro de las novedades relativas a la fiscalización del uso de criptomonedas, el plan de la Agencia Tributaria proyecta para 2026 la intensificación de controles sobre contribuyentes que hayan realizado operaciones con monedas virtuales sin declarar las rentas o plusvalías generadas. La entidad hará uso de sistemas de trazabilidad en blockchain y de perfiles de riesgo para identificar patrimonios no justificados o rendimientos ocultos. El análisis se extenderá hasta aprovechar toda la información disponible para localizar aquellos casos en los que no se haya reportado a la administración tributaria la tenencia o transmisión de estos activos digitales, tal como informó el BOE.

En el sector de hidrocarburos se implementarán comprobaciones extras enfocadas en el seguimiento de quienes hayan accedido al Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef) en el IVA, para asegurarse de que se respetan los requisitos estipulados y evitar que la figura de titular de un depósito fiscal sirva de vía para prácticas fraudulentas. Paralelamente, la Agencia Tributaria se mantendrá vigilante en sectores y modelos de negocio caracterizados por un riesgo elevado de economía sumergida, desplegando planes de visitas centrados en actividades empresariales y profesionales y con un marcado carácter de revisión censal y formal, acompañados de medidas que desincentiven la aceptación de pagos con tarjeta.

En el ámbito de la recaudación de grandes patrimonios y grupos empresariales, las áreas de control estarán dirigidas al escrutinio de signos externos de riqueza que no correspondan con los ingresos y bienes declarados, así como a la revisión de la utilización de sociedades instrumentales para minimizar impuestos personales. El BOE indica que se pondrá especial atención sobre los grupos fiscales que presenten cifras de negocio notablemente bajas y sobre las multinacionales cuando exista sospecha de aplicación de normas tributarias más allá de los límites de una interpretación razonable.

La Agencia Tributaria refuerza así su intención de aprovechar el volumen creciente de información fiscal generada a través de nuevas tecnologías y obligaciones de reporte, aplicando este caudal de datos al despliegue de una estrategia más eficiente en la detección del fraude, el control de grandes fortunas y la persecución de prácticas de evasión en los principales sectores económicos digitales e inmobiliarios de España, conforme a lo detallado en el Plan de Control publicado en el Boletín Oficial del Estado.