La Fiscalía Europea investiga 67.000 millones en fraude en la UE, dos tercios ligados a IVA y aduanas

La fiscal general europea Laura Kövesi señaló que las redes criminales dedicadas al fraude del IVA y aduanas alcanzan beneficios millonarios mientras enfrentan riesgos bajos, un fenómeno que está alterando el mapa de la criminalidad financiera en la Unión Europea y desplazando a otras prácticas ilícitas más tradicionales. Según informó la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), esta tendencia está documentada en el informe anual que analiza los casos más recientes de fraude económico en el bloque.

De acuerdo con el último informe divulgado por la EPPO, el daño económico vinculado a investigaciones de fraude en la Unión Europea llega a los 67.270 millones de euros, de los cuales más de dos tercios corresponden a esquemas relacionados con el impuesto al valor agregado (IVA) y operaciones aduaneras. El documento, que recopila la actividad del organismo durante el transcurso de 2025, refleja un aumento significativo de los casos asociados a la evasión de gravámenes que deberían ingresar a los fondos públicos europeos, por encima de los delitos vinculados al desvío o uso indebido de subvenciones y fondos comunitarios, consignó la EPPO.

En total, la Fiscalía Europea mantiene abiertas 3.602 investigaciones en el territorio comunitario. Solo en España existen 97 expedientes activos, con un perjuicio estimado de 796,2 millones de euros. Según detalló el informe anual publicado por la EPPO, durante 2025 se abrieron en España 57 de esos procedimientos tras el ingreso de 108 denuncias, con un daño económico calculado en 414,15 millones de euros. De este conjunto, 23 investigaciones involucran tramas de fraude fiscal específicamente relacionadas con IVA y derechos de aduana, mientras que 22 casos evidencian una dimensión transnacional, dado que afectan o atraviesan las fronteras de varios Estados miembro.

En el contexto europeo, durante el ejercicio de 2025 la EPPO inició 2.030 nuevas investigaciones, un incremento del 35% sobre el año anterior, y el impacto estimado de estos casos eleva la afectación a 48.700 millones de euros. Este aumento sitúa el total de expedientes activos en 3.602 al cierre de 2025, reportó la Fiscalía Europea en su informe.

El estudio de la EPPO desglosa la naturaleza de estos delitos. Los casos referidos al uso fraudulento o indebido de fondos europeos, que incluyen ayudas, subvenciones y programas comunitarios, representan el 68% de las investigaciones abiertas, con 2.450 expedientes en curso. Sin embargo, el impacto económico de estos asuntos suma 18.670 millones de euros, equivalente al 27% del monto total estimado. En contraste, aquellas investigaciones relacionadas con el IVA y las aduanas —que configuran el 27% de los casos abiertos, es decir, 981 procedimientos— concentran el 67% del perjuicio económico global calculado por la EPPO. Esta diferencia porcentual pone de relieve el elevado rendimiento económico de estas redes de fraude fiscal en comparación con otros delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión.

El informe de la Fiscalía Europea también incluye 512 investigaciones en marcha sobre delitos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, un instrumento fundamental dentro del plan ‘NextGenerationEU’. El volumen de pagos previsto en esta herramienta, cuya vigencia se extiende hasta 2026, mantiene elevado el riesgo de fraude en la gestión de los fondos asignados, puntualizó la EPPO.

En materia de actuación judicial, la Fiscalía Europea reportó una tasa de condena próxima al 95% en los casos procesados por su organismo. Durante 2025, se presentaron 275 acusaciones formales —un 34% por encima de las cifras del año anterior— contra 1.438 personas ante los tribunales nacionales de los Estados miembro. La EPPO informa que los jueces europeos dictaron órdenes de embargo sobre activos por un valor total de 1.130 millones de euros, aunque el monto efectivamente bloqueado por las autoridades judiciales ascendió a 288,9 millones.

El número de denuncias recibidas durante 2025 también reflejó un incremento, con 6.966 comunicaciones ingresadas, un 6% más que las registradas en el ejercicio anterior. Según consignó la Fiscalía Europea, la mayor parte de estos reportes provinieron de personas particulares y de autoridades nacionales de los Estados miembros.

La investigación y vigilancia en torno a los fraudes fiscales y aduaneros requiere, según subrayó la fiscal general Laura Kövesi, el fortalecimiento continuo de las herramientas legales y la colaboración entre jurisdicciones europeas. El informe alude a las transformaciones recientes en las dinámicas delictivas, impulsadas en parte por la elevada rentabilidad que ofrecen los delitos económicos frente a la reducción de riesgos, lo que incentiva a organizaciones criminales a priorizar este tipo de actividades en detrimento de otras formas de estafa. La EPPO advierte que el fenómeno obliga a adaptar las estrategias de prevención y persecución, dado el volumen creciente de los casos y el impacto que tienen sobre el presupuesto y los intereses comunes de la Unión Europea.

La distribución de los expedientes abiertos en los Estados miembro, la naturaleza transfronteriza de muchas investigaciones, y el recurso frecuente a vacíos legales para eludir el pago de impuestos constituyen algunas de las tendencias identificadas por la Fiscalía en su balance anual. La institución resalta que el auge de nuevas formas de fraude y el uso de esquemas complejos exigen no solo recursos adicionales, sino también un marco normativo ágil y dinámico que pueda dar respuesta a los desafíos que presentan las redes delictivas especializadas en este campo.