Donald Trump ha puesto en duda la consecuencia práctica del reciente dictamen del Tribunal Supremo sobre los aranceles y ha sugerido la posibilidad de convocar una nueva audiencia o reconsiderar la resolución adoptada por la corte. Según publicó Europa Press, el exmandatario manifestó su inquietud porque, a su juicio, la decisión podría generar beneficios inesperados para países y empresas extranjeras. El punto principal de su reproche radica en que el fallo afecta a los instrumentos que el Gobierno estadounidense emplea para imponer aranceles y limita el alcance de los poderes presidenciales en esta materia.
La controversia se originó después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de seis a tres, que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no confiere al presidente la facultad de imponer aranceles recíprocos. De acuerdo con Europa Press, esta decisión representa una de las derrotas judiciales de mayor relevancia para Trump desde su regreso al poder, ya que revierte la interpretación que su Gobierno había hecho para justificar medidas arancelarias unilaterales. El Tribunal argumentó que la IEEPA, una ley de 1977, no fue diseñada para habilitar la imposición de gravámenes de este tipo ni otorga al presidente dicha competencia sin el aval del Congreso.
En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Trump sostuvo que la reciente decisión del Supremo “podría permitir que cientos de miles de millones de dólares sean devueltos a países y empresas que han estado ‘estafando’ a Estados Unidos durante muchos años y que, según esta decisión, podrían seguir haciéndolo, incluso a un nivel aún mayor”. El expresidente calificó de ilógica la posibilidad de que actores que, según su visión, se han aprovechado de la economía estadounidense durante décadas, ahora obtengan lo que describió como una “ganancia inesperada” e “inmerecida”. Trump también cuestionó si el Alto Tribunal estadounidense tuvo en cuenta todas las implicaciones de este fallo durante sus deliberaciones.
De acuerdo con la información consignada por Europa Press, el fallo del Supremo se produjo la semana pasada y supuso la confirmación de una resolución previa emitida por un tribunal inferior, que determinó que la interpretación dada por la Casa Blanca excedía la autoridad presidencial. El dictamen se interpreta como un límite claro a la capacidad del presidente para recurrir de forma unilateral a la IEEPA con el fin de justificar la implementación de aranceles de carácter recíproco.
En respuesta a la anulación de la mayor parte de los gravámenes por parte del Tribunal Supremo, el Gobierno de Estados Unidos instauró un nuevo arancel global del 10%, según reportó Europa Press. Este fue anunciado el viernes anterior al fallo y comenzó a aplicarse desde el martes 24 de febrero, amparado en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta legislación sí otorga al presidente la autoridad para abordar determinados problemas de pagos internacionales mediante la imposición de sobretasas y otras restricciones específicas a las importaciones. El nuevo gravamen mantiene un carácter provisional y fija su vigencia durante un periodo de 150 días, contados a partir de las 00:01 horas de la fecha señalada.
En publicaciones recientes en redes sociales, Trump afirmó que el dictamen del Supremo, de manera “accidental e involuntaria”, le confiere más herramientas y fuerza de las que disponía previamente. El exmandatario destacó que el Tribunal validó todos los demás aranceles y que estos pueden aplicarse con mayor contundencia y seguridad jurídica, según detalló Europa Press.
El medio indicó que Trump ha sostenido en sus comentarios públicos que las limitaciones impuestas por el Supremo a través de la IEEPA abren la puerta a que actores extranjeros sigan obteniendo beneficios a costa de los Estados Unidos. Para el exmandatario, esta situación pondría en desventaja a la economía nacional al restringir la capacidad ejecutiva para tomar medidas de protección comercial ante prácticas consideradas injustas.
A pesar de la restricción judicial, la implementación de aranceles bajo otras disposiciones legales refleja la intención del Gobierno actual de mantener instrumentos de defensa comercial. Según Europa Press, el nuevo gravamen global diferencia su alcance y justificación respecto a las medidas previamente adoptadas bajo la IEEPA, puesto que su temporalidad y fundamentación legal se vinculan con las facultades delegadas por el Congreso bajo la Ley de Comercio de 1974.
La sentencia del Tribunal Supremo trazó un límite en torno al uso de emergencias económicas internacionales como motivo para establecer barreras comerciales. Los jueces que integran la mayoría conservadora del Alto Tribunal respaldaron la conclusión de que la IEEPA no autoriza expresamente al presidente a fijar aranceles de reciprocidad de manera autónoma, una interpretación que el equipo jurídico de Trump había defendido durante su anterior mandato al justificar políticas de presión sobre socios comerciales de Estados Unidos.
Según la crónica elaborada por Europa Press, las reacciones del presidente estadounidense reflejan la preocupación de la actual administración por la posibilidad de que empresas y Estados que sostienen un intercambio comercial desfavorable con el país resulten eximidos de instrumentos negociadores vinculados a tarifas y gravámenes. Trump ha mantenido que, bajo la nueva coyuntura jurídica, los beneficios para esos actores podrían incrementarse y el margen de maniobra ejecutivo limitarse.
El revés en el Supremo coincide con la entrada en vigor del nuevo arancel impuesto al amparo de una norma distinta y limitada en el tiempo. Este instrumento busca responder a preocupaciones inmediatas sobre desequilibrios en los pagos internacionales y la necesidad de mantener la competitividad de la economía estadounidense frente a prácticas que la administración identifica como perjudiciales.
Europa Press informó que en este contexto, Trump solicitó una revisión o reapertura del caso por parte del Tribunal Supremo. Aunque la sentencia mantiene firme la resolución del tribunal inferior, la respuesta del Gobierno federal se focaliza en el diseño de mecanismos alternativos de defensa comercial, utilizando para ello las facultades conferidas por otras leyes vigentes.
El debate que se ha suscitado a raíz de este fallo pone de relieve las tensiones entre los distintos poderes del Estado en la interpretación de las atribuciones presidenciales y el alcance de los instrumentos legales disponibles para la gestión de la política comercial exterior. La decisión del Supremo y las posteriores declaraciones del presidente han evidenciado la importancia de estas herramientas como elementos centrales en la estrategia comercial y la protección de los intereses económicos nacionales según la visión del Ejecutivo.
El desarrollo de esta controversia se inscribe en un contexto marcado por la pugna entre el Ejecutivo y el Judicial respecto a la definición de los límites constitucionales del poder presidencial. Europa Press reportó que en adelante, el seguimiento a la efectiva aplicación del nuevo arancel y la eventual respuesta de los socios comerciales extranjeros podrían influir en la evolución del debate en materia de política comercial y en las futuras acciones de la administración estadounidense.
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