El PSOE quiere bajar los umbrales de velocidad delictiva de 60 a 50 km/h en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera

El impacto de la velocidad como principal factor en siniestros mortales ha sido objeto de análisis por parte de organismos como la Dirección General de Tráfico, que cifra en un 22% los accidentes fatales asociados a la velocidad exagerada o inadecuada durante el año 2024. En este contexto, la proposición legislativa presentada por el grupo parlamentario socialista busca modificar el Código Penal para endurecer la respuesta penal frente al exceso de velocidad en España. Según informó Europa Press, la propuesta del PSOE contempla la reducción de los umbrales a partir de los cuales sobrepasar los límites de velocidad se considerará delito: en el ámbito urbano pasaría de 60 a 50 kilómetros por hora, mientras que en carretera se situaría en 70 kilómetros por hora frente a los anteriores 80 km/h.

De acuerdo con Europa Press, esta iniciativa implica la modificación específica del apartado 1 del artículo 379 del Código Penal, fijando en estos nuevos valores el punto a partir del cual una infracción administrativa pasa a ser considerada penalmente relevante. Aunque la propuesta rebaja los límites de velocidad para incurrir en delito, el PSOE ha decidido mantener inalterado el régimen de sanciones actualmente vigente: las condenas incluyen prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, o la imposición de trabajos en beneficio de la comunidad por un periodo que oscila entre 31 y 90 días. Además, en cualquier caso, se contempla la privación del derecho a conducir por un plazo superior a uno y hasta cuatro años.

El medio Europa Press detalló que los socialistas justifican la necesidad de actualizar la legislación penal tras casi veinte años desde la reforma del Código Penal que, en 2007, introdujo los denominados delitos de peligro en la lucha contra la violencia vial. Desde entonces, los umbrales de velocidad asociados a una conducta delictiva han permanecido inalterados, a pesar de los cambios en la movilidad y las recomendaciones que emanan tanto de estudios científicos como de estándares internacionales de seguridad vial. El grupo proponente subraya en la exposición de motivos que “de acuerdo con los estudios científicos, un aumento del 1% en la velocidad de circulación produce un aumento del 4% en el riesgo de verse involucrado en un accidente mortal”.

Según consignó Europa Press, la Dirección General de Tráfico procesa anualmente casi 3.500.000 denuncias por exceso de velocidad, de las cuales cerca de 450.000 implican la pérdida de puntos del permiso de conducir, lo que representa aproximadamente el 40% del total de sanciones con dicha consecuencia en España. Esta proporción refleja la persistencia de la velocidad como factor determinante en la accidentalidad vial, pese a las campañas de concienciación y endurecimiento de las medidas de vigilancia.

La propuesta registrada en el Congreso se fundamenta, según destaca Europa Press, en la necesidad de adaptar la legislación a los avances técnicos y científicos en materia de seguridad vial, así como armonizar la ley española con los compromisos internacionales y europeos en la materia. Los socialistas sostienen que, manteniendo los actuales umbrales del artículo 379, la normativa resultaría “obsoleta” y no respondería a la evolución de la movilidad urbana y carretera, ni a las nuevas exigencias de protección de la vida y la seguridad ciudadana.

A lo largo de la exposición de motivos, recogida por Europa Press, se menciona que la violencia vial y las consecuencias de los grandes excesos de velocidad han motivado la introducción del delito de peligro en la normativa penal en el año 2007. El PSOE argumenta que, dado el peso que la velocidad sigue teniendo en el número de siniestros mortales y las recomendaciones de organismos especializados, resulta necesario acometer una revisión que permita adaptar la respuesta penal a la gravedad objetiva de las conductas y su potencial lesivo.

El medio Europa Press detalla que la proposición de ley no incrementa las sanciones, sino que pretende limitar el margen permitido antes de que una infracción sea considerada penal, de tal manera que conductas actualmente sancionadas de forma administrativa conlleven consecuencias penales más gravosas. Este cambio se orienta, según el grupo parlamentario, a reforzar la prevención mediante la proporcionalidad y actualización del sistema sancionador, así como a garantizar que la respuesta frente a quienes sobrepasen del modo más grave los límites de velocidad tenga un efecto disuasorio real.

Según publicó Europa Press, la medida busca situar la normativa española en línea con las evidencias científicas que vinculan directamente el aumento de la velocidad media de circulación con la incidencia y gravedad de los siniestros, así como responder a la realidad de la accidentalidad vial y su impacto en la seguridad pública. El texto presentado en el Congreso se encuentra ahora pendiente de tramitación parlamentaria y debate por parte del resto de grupos políticos.