Comienza este lunes en Valladolid el juicio por el 'cambiazo de ataúdes' de la 'Operación Ignis'

El avance del juicio por la llamada 'Operación Ignis' tendrá características particulares, entre ellas la declaración de los 23 acusados en la fase final del proceso, después de que rindan testimonio los 239 testigos y 17 peritos convocados. Esta decisión responde a la necesidad de que los acusados respondan a todas las pruebas que se presenten en el transcurso de la vista oral, pactada para desarrollarse hasta el 9 de junio, según informó Europa Press en base a la información difundida por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Desde la mañana de este lunes, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid acoge la primera sesión del macrojuicio que involucra al Grupo Funerario El Salvador, procesado por delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y atentado contra el respeto a los difuntos. Según publicó Europa Press, la Fiscalía de Valladolid solicita un total de más de 200 años de cárcel para los 23 acusados, entre los que se encuentran miembros de la familia que gestionaba la empresa y trabajadores del grupo.

El caso, conocido como el 'cambiazo de ataúdes', surge tras la investigación policial iniciada en enero de 2019. La pesquisa determinó que durante dos décadas, entre 1995 y 2015, se habría ejecutado el reemplazo de féretros de alto valor por otros de coste inferior justo antes de la incineración de los cadáveres en el crematorio de Santovenia de Pisuerga. De acuerdo con la acusación, los féretros originales eran limpiados y revendidos como nuevos a otras familias, violando la normativa vigente que prohíbe la reutilización de ataúdes tanto en el ámbito nacional como autonómico.

De acuerdo con los datos aportados por Europa Press, la Fiscalía dirige las más severas peticiones de condena a la viuda del empresario Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, y a sus tres hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V. Para cada uno de estos miembros del núcleo familiar, el Ministerio Público solicita 20 años de prisión, 30 años de inhabilitación para trabajar en servicios funerarios y multas que podrían ascender a 12 millones de euros. Los otros 19 trabajadores procesados enfrentan solicitudes de condena que oscilan entre 2 y 9 años de cárcel, distribuidas de la siguiente manera: nueve años para cuatro de los encausados, seis años y medio para nueve, cinco años para cuatro empleados más y dos años para un último inculpado.

El alcance del presunto delito ha impactado a más de 1.300 familias, con cerca de 900 denuncias registradas, detalló Europa Press. La magnitud y complejidad del proceso obligaron a la Audiencia de Valladolid a establecer un calendario de 35 sesiones, que inicia con la presentación de cuestiones previas y la eventual búsqueda de acuerdos de conformidad. Para evitar dilaciones indebidas, la Audiencia agrupó las acusaciones particulares y asignó a cada letrado la representación de al menos 54 afectados.

El modus operandi, según la acusación pública citada por Europa Press, consistía en una primera fase en la que los trabajadores retiraban los ataúdes originales a los difuntos justo antes de su ingreso al horno crematorio. Los cuerpos eran introducidos para su cremación en cajas de menor coste o sobre simples tablones. Los féretros retirados regresaban al tanatorio, donde los trabajadores limpiaban los ataúdes y los reincorporaban al circuito comercial, vendiéndolos como nuevos en futuros servicios funerarios, ya sea para cremaciones o para inhumaciones.

Las actuaciones descritas por la acusación permanecían ocultas tanto a los familiares de los fallecidos cremados como a los nuevos compradores de féretros reutilizados. El escrito señala que a los familiares de los difuntos no se les permitía observar el ingreso de los ataúdes al horno crematorio y tampoco se informaba a nuevos clientes que los ataúdes adquiridos ya habían tenido un uso previo.

Ignacio Morchón Alonso, propietario del negocio y máximo responsable de Funeraria Castellana y Parque El Salvador, ideó y dirigió el esquema presuntamente ilícito, según sostiene la acusación publicada por Europa Press. La ejecución del plan requería la colaboración activa de los empleados encargados del traslado de cuerpos, aquellos responsables de la incineración y el personal del cementerio, quienes participaban en el intercambio de ataúdes.

La investigación calcula que, entre 1995 y 2015, se reutilizaron 6.055 ataúdes. El valor total de los féretros que se retiraron y pusieron a la venta de nuevo alcanzó los 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes retirados a 5.973 difuntos, sumados a 381.056,14 euros por 3.174 motivos florales también recuperados y revendidos, lo que generó un beneficio total de 4.048.768,09 euros para la empresa. El expediente subraya, según Europa Press, que no consta que los trabajadores hayan recibido beneficios personales directos por estas operaciones.

Ignacio Morchón Alonso, señalado como pieza central de la Operación Ignis, falleció antes de la apertura del juicio. Lo mismo ocurrió con Justo Martín, ex trabajador que figuraba como principal testigo tras haber anotado durante años detalles de la supuesta actividad delictiva. Ambos quedaron excluidos de la causa. Antes de su muerte, Morchón Alonso, de 75 años, permaneció en prisión hasta depositar una fianza hipotecaria de 800.000 euros. Sus hijos también cumplieron prisión preventiva hasta el pago de fianzas de 800.000 y 200.000 euros, respectivamente, detalla Europa Press.

La organización de las sesiones del juicio contempla el inicio de las declaraciones testificales el 9 de marzo, mientras que el turno de palabra de los acusados se reserva para el 20 de mayo. De esta manera se busca que los imputados puedan responder a la totalidad de las pruebas practicadas durante el proceso, explicó el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y recogió Europa Press.

Este caso llega tras otros macroprocesos de relevancia en Castilla y León, como los que se conocieron bajo las denominaciones 'La Perla Negra' y 'la trama eólica'. La Operación Ignis destaca por la cantidad de familias perjudicadas y el volumen de denuncias interpuestas, así como por la complejidad de las diligencias y el elevado número de acusados cuya responsabilidad penal se dirime en este juicio. Europa Press reportó que, debido a la cifra de damnificados que forman parte de la causa, la Audiencia Provincial adoptó medidas para optimizar el desarrollo del proceso y dar respuesta a las expectativas de justicia de los afectados.