El juez del 'caso Koldo' analiza si asumir también el 'caso Plus Ultra' en la Audiencia Nacional

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la jueza que estaba al frente de la investigación sobre Plus Ultra en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid ha decidido inhibirse y trasladar al juez instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional la decisión sobre si asume también la causa relativa al presunto uso irregular de fondos públicos en el rescate de la aerolínea. Esta inhibición ha recaído en manos del magistrado Ismael Moreno, quien ahora debe determinar si el proceso continúa en la Audiencia Nacional o bajo la jurisdicción madrileña.

Según reportó Europa Press, el caso examina la utilización de 53 millones de euros otorgados como ayuda estatal a Plus Ultra en el contexto de la pandemia, así como supuestas operaciones de blanqueo de capitales y movimientos de fondos relacionados con Venezuela. La jueza de Plaza de Castilla, que decidió remitir la investigación, había ordenado en diciembre pasado la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; del consejero delegado, Roberto Roselli; y del empresario Julio Martínez Martínez, en el marco de esta causa, cuyas diligencias permanecen bajo secreto.

La denuncia principal corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, que alertó sobre la posible desviación de los fondos concedidos en marzo de 2021 por el Consejo de Ministros a la aerolínea. Según detalló Europa Press, la Fiscalía sostiene que los 53 millones de euros “se habrían utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras empresas presuntamente vinculadas a la trama delictiva”. La denuncia fue presentada contra siete personas investigadas por presunto blanqueo de capitales, y apunta a una supuesta organización criminal en Francia, Suiza y España.

La información recogida en la denuncia y trasladada por Europa Press señala que la estructura criminal estaría compuesta por ciudadanos extranjeros, españoles nacionalizados y al menos un abogado residente en España. La finalidad de la organización, según aparece en una resolución de la Audiencia Nacional consultada por la agencia, era realizar operaciones de blanqueo de capitales en los tres países mencionados.

Uno de los aspectos que subraya la Fiscalía es el origen de los fondos, atribuyéndolos a actos de malversación perpetrados por funcionarios públicos en Venezuela. Europa Press especifica que estos fondos provenían en parte de los programas CLAP, desarrollados por el Gobierno venezolano para ofrecer alimentos subsidiados a la población, así como de ventas de oro realizadas por el Banco de Venezuela. La denuncia sostiene que Plus Ultra firmó y resultó beneficiaria de contratos de préstamo con tres sociedades vinculadas a la supuesta organización delictiva, las cuales participaron también en las operaciones de venta de oro. Esos contratos de préstamo sirvieron, según la acusación pública, como cobertura para que la empresa española restituyera fondos a cuentas extranjeras de sociedades relacionadas con la misma red, justo después de recibir la ayuda pública.

Además, la denuncia describe vínculos de la presunta organización con otros clientes actualmente bajo investigación judicial y policial, conforme detalló Europa Press. Entre las acciones reseñadas se encuentran operaciones realizadas por varias personas, a través de sociedades, para recibir fondos procedentes del extranjero destinados a la adquisición de bienes inmuebles y la formalización de préstamos a Plus Ultra que fueron completamente devueltos.

Según la información a la que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía también señaló el registro de una venta de oro por unos 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes Unidos, realizada por una entidad que previamente había concedido préstamos a Plus Ultra. Parte de ese dinero después fue transferido desde la misma sociedad a otra empresa cuyo destino era una cuenta en Panamá. La denuncia agrega que las actividades de blanqueo presuntamente incluyeron también ventas de relojes de lujo.

Europa Press señala que la Audiencia Nacional había rechazado en una primera instancia hacerse cargo de la denuncia al entender que no era competente y remitió el caso al Juzgado de Instrucción Número 15, que previamente investigó el rescate de la aerolínea y lo archivó. Sin embargo, este mismo juzgado prosiguió con las indagaciones en torno a los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción y, ahora, la decisión sobre cuál órgano debe continuar la investigación recae en el magistrado de la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas citadas por Europa Press remarcaron que la investigación se mantiene bajo secreto de actuaciones y que la instrucción examina un entramado con ramificaciones internacionales, en el que Plus Ultra habría tenido un papel relevante gracias a su vinculación contractual con sociedades asociadas a operaciones de lavado de activos y movimientos de capital, supuestamente con origen en fondos públicos venezolanos desviados mediante diferentes mecanismos. La articulación de préstamos, pagos y compras de bienes servía, según la denuncia, para dar apariencia de legalidad a fondos presuntamente ilícitos.