
La sugerencia de que algunos documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 se mantienen ocultos y que otros se han extraviado apunta a la persistencia de aspectos sin aclarar en torno al papel que tuvieron distintos actores durante aquel episodio. El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, expuso estas dudas luego de revisar los archivos históricos de su organización. Según informó Europa Press, Santiago indicó que los materiales recientemente desclasificados siguen sin ofrecer una visión completa de los acontecimientos y reclamó una apertura total de los archivos oficiales para esclarecer el papel desempeñado por el anterior jefe del Estado, Juan Carlos I.
De acuerdo con Europa Press, Santiago ha denunciado públicamente que la reciente desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de Estado de 1981 constituye, en sus palabras, una “clarísima operación de blanqueo” de la figura de Juan Carlos I. El líder del PCE cuestionó especialmente la autenticidad de una nota, supuestamente atribuida al Comité Central del propio partido, en la que los comunistas habrían hipotéticamente advertido del riesgo de vincular a la Monarquía con la intentona golpista. El documento, fechado el 11 de mayo de 1981 y registrado en su día por la Dirección General de la Policía, generó alarma por cuanto sugería que el liderazgo del PCE recomendaba evitar señalar directamente al rey respecto al golpe fallido.
El dirigente comunista subrayó, según reportó Europa Press, que tras una verificación exhaustiva en los archivos históricos del partido, dicha nota “no existe en absoluto”. Este hallazgo refuerza sus sospechas acerca de la existencia de intenciones de manipular la imagen del anterior jefe del Estado mediante la divulgación selectiva de información que, según manifestó, está incompleta y no corresponde fielmente a la realidad de los hechos.
En sus declaraciones recogidas por Europa Press en los pasillos del Congreso, Santiago recalcó que los documentos difundidos el pasado miércoles revelan un elevado grado de infiltración policial en el PCE durante la época de la Transición. El propio partido padecía la presencia de agentes policiales a pesar de que, según recordó Santiago, España se encontraba inmersa en un régimen democrático y la formación comunista había participado en la ponencia constituyente que dio lugar a la Constitución de 1978.
El líder del PCE planteó que la ausencia del documento en los archivos lleva a poner en duda la veracidad de otros materiales liberados recientemente. Según consignó Europa Press, Santiago concluyó que se trata de una “nueva operación de blanqueo del papel del Jefe de Estado”, en referencia a Juan Carlos I. Además, sostuvo que existe un consenso generalizado en torno a la figura del monarca emérito, señalando que “todo el mundo coincide” en que era conocedor de los preparativos del golpe y que optó por esperar y observar cómo se desenvolvían los acontecimientos antes de intervenir, aguardando la postura de los diferentes capitanes generales para actuar cuando el desenlace ya era previsible.
Europa Press también detalló que Enrique Santiago ha resaltado las opiniones de diversos historiadores que afirman que la desclasificación es incompleta. Estos especialistas sostienen que no solo existen numerosos documentos aún sin desclasificar, sino que otros han desaparecido. En este contexto, Santiago hizo referencia a informaciones sobre un capitán del entonces CESID –los servicios secretos de la época– que se habría marchado con una maleta repleta de archivos, lo que habría contribuido a la ausencia de materiales clave para esclarecer con exactitud lo ocurrido.
El dirigente comunista reiteró, conforme a lo publicado por Europa Press, que la liberación de documentos históricos no debería realizarse “a cuenta gotas”, sobre todo cuando se trata de sucesos ocurridos hace más de cuatro décadas. Insistió en la necesidad de sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales, que proviene de la época franquista, por una nueva normativa que permita la desclasificación automática y global de los documentos cuando así se acuerde, evitando filtraciones parciales o manipulaciones de la información.
Las afirmaciones de Santiago ponen sobre la mesa tanto la persistencia de sombras sobre el papel de la Monarquía en el 23-F como el debate en torno al modelo de transparencia de los archivos oficiales españoles. De acuerdo con Europa Press, las exigencias del PCE de desclasificación total buscan evitar que la gestión de la memoria histórica se realice de manera parcial o interesada y reclaman una revisión normativa que garantice el acceso pleno a los documentos, contribuyendo así al esclarecimiento de uno de los episodios más significativos de la reciente historia de España.
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