EEUU sanciona a cinco altos cargos de Nicaragua por incitar a la "inestabilidad regional"

Las sanciones impuestas recientemente alcanzan a cinco altos funcionarios nicaragüenses, acusados de desempeñar papeles clave tanto en la consolidación del sistema autoritario como en actos dirigidos a reprimir disidencia interna y afectar la estabilidad regional, según difundió Estados Unidos. El anuncio oficial explica que las medidas responden a la participación directa de estos responsables en el fortalecimiento del control que ejerce el gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como en una serie de violaciones de derechos humanos en el país centroamericano, según consignó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado divulgado por el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, citado por diversas plataformas informativas, estas acciones buscarían frenar lo que Washington identifica como “abusos continuos contra el pueblo nicaragüense” y la afectación al contexto regional generada por las políticas de Managua. El medio estadounidense remarca que, desde el año 2018, el gobierno dirigido por Murillo y Ortega ha tomado medidas violentas contra manifestaciones pacíficas, ha efectuado detenciones arbitrarias de opositores, los ha sometido a tortura e incluso ha estado implicado en muertes de activistas y disidentes políticos.

En sus declaraciones, Pigott agregó que miembros de la administración Ortega-Murillo “han perseguido al clero católico” dentro de su estrategia para erradicar cualquier espacio de oposición en el país. Según publicó el Departamento de Estado, tanto medios independientes como organizaciones de la sociedad civil han sufrido “silenciamiento” y destierro, acciones calificadas como parte de un esfuerzo sistemático del régimen para restringir las voces críticas y limitar la pluralidad en el debate público.

Washington ha puesto énfasis en que las modificaciones a la Constitución de Nicaragua han sido empleadas para garantizar que las instituciones estatales actúen como mecanismos de castigo contra la oposición política. De acuerdo con la información recopilada, los cambios legales han permitido controles arbitrarios y supervisión intensificada de los sistemas de telecomunicaciones nacionales, restringiendo el flujo de información y dificultando la organización de movimientos alternativos o contestatarios.

Tommy Pigott indicó que la estructura estatal de Nicaragua no solo acude a represión directa, sino que también implementa “abusos laborales sistémicos”. Según reportó el Departamento de Estado, los aparatos de seguridad operan con la finalidad de vigilar y callar cualquier manifestación o individuo considerado como amenaza al control gubernamental. Las personas sancionadas ocupan cargos al frente de agencias clave responsables de llevar a cabo prácticas represivas y de vigilancia, explicó el portavoz.

El gobierno estadounidense no ha especificado, hasta el momento, los nombres de los altos funcionarios objeto de las sanciones. No obstante, Washington remarcó que el bloqueo busca responder a quienes, en su perspectiva, ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad en el hemisferio, comunicó el Departamento de Estado.

Según informó el portavoz del Departamento de Estado, la administración estadounidense recurrirá a todos los recursos diplomáticos y económicos a su disposición con el propósito de enfrentar amenazas derivadas de las actuaciones del ejecutivo nicaragüense. “Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua”, manifestó textualmente Pigott en el documento difundido, reportó la prensa internacional.

Las recientes sanciones se enmarcan en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Managua, tras años de denuncias de represión contra la sociedad civil, denuncias de persecución a líderes religiosos y acciones encaminadas a consolidar una concentración inédita de poder en la figura de la pareja presidencial Ortega-Murillo. Según publicaciones del Departamento de Estado, la decisión representa una continuación en la política estadounidense de presión contra el régimen nicaragüense, intentando incrementar el aislamiento internacional de los líderes señalados y limitar su acceso a recursos y vínculos financieros fuera del país.