PP, Vox y Junts desdeñan la ley de Sumar para prohibir los despidos en deslocalizaciones de empresas

El borrador de ley impulsado por Sumar incluye una cláusula que obliga a las empresas a devolver toda ayuda pública recibida en los cuatro años previos en caso de trasladar operaciones fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, una propuesta que ha suscitado amplio debate en el Congreso. Según informó el medio original, la proposición no solo contempla esta devolución, sino que busca prohibir los despidos colectivos en procesos de deslocalización, otorgando además a los sindicatos un papel activo en las discusiones y acuerdos relacionados con la venta o transmisión de empresas y sus unidades productivas. La noticia principal radica en que el Partido Popular (PP), Vox y Junts, quienes suman mayoría en la Cámara Baja, han rechazado esta medida, alegando una intervención excesiva en la actividad empresarial y un aumento en la carga burocrática.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, defendió la iniciativa ante el pleno argumentando la necesidad de proteger los fondos públicos y el empleo. La portavoz expresó: “Basta de trampas, basta de fraude con dinero público. El dinero público, el dinero de todas y de todos ha de estar para proteger el empleo y para sostener y crear industria, no para financiar cierres y deslocalizaciones”. La intervención de Martínez Barbero se centró en el requerimiento de una mayor responsabilidad social por parte de las empresas que han percibido ayudas estatales y, posteriormente, deciden trasladar su producción fuera del ámbito comunitario europeo.

El debate parlamentario mostró una línea divisoria clara entre los partidos de la mayoría conservadora y las formaciones progresistas y nacionalistas minoritarias. Según consignó el medio original, la diputada del PP María Isabel Prieto calificó la propuesta de “desproporcionada”. Argumentó que introduce nuevas obligaciones y aumenta la burocracia a la que ya están sometidas las compañías. Además, sostuvo que esta reforma requiere un amplio consenso en el marco del diálogo social e indicó: “Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a las empresas y crear las condiciones para mejorar los derechos de los trabajadores”.

El representante de Vox, Juan José Aizcorbe, manifestó que aunque el propósito de la ley es legítimo, los mecanismos propuestos añadían rígidos obstáculos al sector productivo nacional. “El perjuicio para un trabajador cuyo centro se traslada es igual tanto si la producción se va a China como si se traslada a otro país de la UE como Alemania o Polonia”, indicó. Además, criticó la generalidad de la restitución de ayudas públicas, que, a su juicio, penaliza decisiones empresariales que considera legítimas.

Por parte de Junts, el diputado Josep Maria Cervera argumentó que su grupo no apoyaría la tramitación de la propuesta debido a lo que denominó “incumplimientos” del Gobierno central respecto a Cataluña. Calificó la visión de Sumar de “míope” al supeditar la protección de los trabajadores a una normativa más estricta, lo que, a su entender, endurecería en exceso el marco normativo vigente.

Mientras tanto, la propuesta recibió apoyo de otros partidos como PSOE, PNV, Bildu, ERC, Podemos y BNG. La diputada socialista María Luisa Sanz Martínez resaltó que la iniciativa iba en línea con la Ley de Industria del Gobierno, aunque advirtió que la legislación propuesta por el Ejecutivo ampliaba el alcance de las medidas planteadas por Sumar. Esta normativa espera proteger la actividad productiva nacional y atraer proyectos, lo que tendría efectos positivos en el empleo y la cohesión social.

El PNV, a través de su portavoz económica Idoia Sagastizabal, expresó respaldo al debate, citando experiencias de países como Francia y Alemania que aplican medidas comparables. Según reportó el medio original, Sagastizabal defendió el principio de que el Estado no debe ser mero espectador cuando se destruyen empleos como resultado de la deslocalización.

EH Bildu, representado por Oskar Matute, también anticipó su voto favorable, aunque reclamó un endurecimiento en las condiciones de devolución de ayudas públicas. Matute instó a ampliar de cuatro a diez años el periodo de devolución para fortalecer la protección pública frente al desmantelamiento empresarial.

BNG y Podemos se sumaron al apoyo, aunque tanto Néstor Rego como Javier Sánchez Serna solicitaron que la ley adoptara “mayor severidad” contra quienes trasladen su actividad fuera del país, considerando las consecuencias para el empleo local y el tejido productivo.

Desde Esquerra Republicana, Jordi Salvador anunció el respaldo de su formación, justificando el voto en la necesidad de poner freno a lo que denominó “abuso de poder” y “feudalismo moderno” ejercido por algunas compañías en los procesos de cierre y externalización.

Tal como detalló el medio original, la discusión en la Cámara Baja reflejó la diversidad de opiniones en torno a la intervención estatal en la economía y la protección de los trabajadores frente a la movilidad transnacional de las empresas. Mientras que una mayoría de la derecha y el nacionalismo catalán considera la normativa una intromisión y un obstáculo a la competitividad, sectores progresistas y nacionalistas vascos y gallegos destacan la urgencia de mecanismos legales para garantizar la justa utilización de los fondos públicos y la estabilidad laboral.

La proposición de Sumar establece así una confrontación entre dos visiones opuestas: por un lado, la defensa de la flexibilidad empresarial y la eliminación de cargas regulatorias, y por otro, la demanda de mayor control sobre el destino de los fondos públicos y el mantenimiento del empleo ante la amenaza de la deslocalización. Según lo manifestado en el debate, mientras la ley avanza hacia su posible tramitación, las posiciones de los partidos se mantienen firmes y dejan entrever discusiones pendientes sobre el equilibrio entre libertad empresarial, responsabilidad social y protección del empleo.