El Supremo comienza este martes a juzgar a los cinco acusados de idear el asesinato de Marielle Franco

El autor material del atentado que terminó con la vida de la concejal Marielle Franco y del conductor Anderson Gomes, Ronnie Lessa, condenó a los presuntos organizadores del crimen, según detalló el portal de noticias G1. La acusación contra los señalados se apoya en la información proporcionada por Lessa, un expolicía que cumple una sentencia de más de 78 años de prisión, y en la de Élcio Queiroz, el conductor del vehículo utilizado durante el ataque, quien recibió una condena cercana a los 60 años de cárcel.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha iniciado el proceso judicial contra los cinco individuos considerados responsables intelectuales del asesinato de Franco en 2018. Según informó G1, los acusados estarían ligados a organizaciones criminales vinculadas a redes de milicias y manejos fraudulentos en la especulación inmobiliaria en Río de Janeiro. Entre ellos se encuentran los hermanos Domingos y João Francisco Brazão; João Francisco, conocido como ‘Chiquinho’, perdió su reconocimiento parlamentario hace menos de un año, hecho que habilitó el juicio a esta instancia judicial. Domingos todavía ostenta el cargo de consejero en el Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro. Junto a los Brazão, figuran Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río, el exagente Ronald de Alves Pereira y Robson Calixto Fonseca, quien fue asesor de Domingos Brazão.

De acuerdo con lo publicado por G1, además de homicidio por las muertes de Franco y Gomes, los acusados enfrentan cargos de tentativa de asesinato hacia Fernanda Chaves, quien ejercía como asesora de la concejal y sobrevivió al ataque. Los hermanos Brazão suman a la acusación el delito de organización criminal por los supuestos vínculos con esquemas ilícitos de urbanización y control territorial mediante milicias armadas.

El proceso judicial recae en el Supremo Tribunal debido a la inmunidad parlamentaria que benefició a João Francisco ‘Chiquinho’ Brazão mientras conservó su mandato legislativo. Tras ser retirado este privilegio por el Congreso, se han habilitado las acciones penales contra los supuestos implicados.

En la deliberación judicial, el magistrado Alexandre de Moraes afirmó que el homicidio de la concejal tuvo por finalidad “eliminar la oposición política y disuadir a otros de imitarla”, señalando la relevancia de Franco como figura de resistencia frente a los intereses económicos defendidos por los Brazão.

Durante los procedimientos, G1 reportó la exigencia de las familias de las víctimas de aplicar una penalización destacada a los acusados. Anielle Franco, ministra de Igualdad Racial y hermana de Marielle Franco, expresó que una eventual condena representaría una respuesta institucional que demostraría que ningún crimen debe permanecer sin castigo. Según sus declaraciones a G1, el avance del caso ha sido posible tras el “regreso de la democracia en 2022”, refiriéndose a la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia. En contraste, mencionó que la administración precedente de Jair Bolsonaro resta importancia a los hechos ocurridos.

El asesinato de Marielle Franco atrajo la atención nacional e internacional por el contexto en el que ocurrió y por el simbolismo político de la víctima. De acuerdo con lo consignado por G1, se trató de un atentado ejecutado mediante disparos desde un automóvil, en el que tanto la concejal como su conductor perdieron la vida, mientras Fernanda Chaves logró sobrevivir.

La investigación identificó conexiones entre los acusados y operaciones especulativas en el sector inmobiliario de Río de Janeiro, lo que, según la causa, constituiría el trasfondo estructural del crimen. Las imputaciones contra los Brazão y los otros acusados incluyen el planeamiento, la coordinación y la protección institucional de la trama, sirviéndose de la influencia política y policial.

Según publicó G1, la condena previa de los ejecutores materiales no detuvo las demandas sociales para esclarecer la autoría intelectual y profundizar en los mecanismos de encubrimiento y protección que facilitaron el crimen. Por esta causa, el inicio del juicio en la máxima instancia judicial brasileña fue interpretado como un avance hacia el desmantelamiento de redes de impunidad.

A lo largo de los procedimientos, los testimonios de los condenados Lessa y Queiroz permitieron delinear la implicancia de las estructuras criminales vinculadas a antiguos agentes de la policía y actores políticos, confirmando la complejidad de las tramas de poder en Río de Janeiro. El desarrollo del caso, según lo documentado por G1, evidencia el desafío institucional que representan las milicias y su capacidad para infiltrar organismos estatales y manipular intereses económicos a costa de la vida de figuras públicas opositoras.

El proceso judicial continúa en el Supremo Tribunal Federal, donde se determinará la responsabilidad de los cinco acusados, marcando un precedente en la persecución penal contra la colaboración entre redes criminales y poderes políticos locales.