Condenada a más de 21 años de cárcel la mujer que entregó el empleada en el asesinato del senador Uribe

Katherine Martínez admitió haber recibido y entregado la pistola utilizada por un adolescente para atacar al legislador Miguel Uribe, según el acuerdo con la Fiscalía, mientras la familia exige avanzar sobre los autores intelectuales y la estructura criminal involucrada

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El abogado Víctor Mosquera solicitó a las autoridades que la investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe incluya a los posibles determinadores, instigadores y financiadores del crimen, y subrayó que persiste la intención de impulsar medidas legales para lograr capturas, imputaciones y sentencias contra quienes hayan ejercido la dirección intelectual de este magnicidio. Con estas declaraciones entregadas a través de una nota pública citada por la defensa de la familia Uribe, se busca que la acción judicial no se limite a los autores materiales o personas que ejecutaron o facilitaron la logística del atentado. Según consignó el medio Europa Press, la familia del parlamentario conservador enfatizó que el homicidio no fue un hecho fortuito ni aislado, sino que estuvo marcado por un alto grado de organización y correspondió a la actuación de una red criminal que operó por motivos políticos y económicos.

Una jueza penal del circuito especializado de Bogotá dictaminó este lunes que Katherine Martínez deberá cumplir una pena de 21 años y dos meses de prisión, luego de admitir su papel en el ataque al senador Miguel Uribe perpetrado en junio del año pasado, informó Europa Press. El fallo llegó tras la aprobación de un acuerdo entre la Fiscalía y Martínez, por el cual la procesada aceptó que recibió y transfirió el arma utilizada contra la víctima y, en consecuencia, fue condenada por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todos en su modalidad agravada.

El Ministerio Público detalló en un comunicado que Martínez se encargó de recibir y trasladar una pistola tipo Glock, modificada para incrementar su capacidad letal, hasta las inmediaciones del parque El Golfito en Bogotá. Desde un vehículo, entregó el arma a Elder José Arteaga Hernández, quien a su vez la puso en manos del adolescente de 15 años que efectuó los disparos contra Uribe. El documento oficial también precisó que la operatividad y logística de este acto tuvieron como objetivo facilitar el ataque, en el que el senador resultó gravemente herido.

Europa Press reportó que la defensa de la familia Uribe reconoció el trabajo técnico y estructural desarrollado por la Fiscalía General de la Nación durante el proceso, así como la decisión calificada de independiente y jurídicamente sólida adoptada por la jueza. Según la información difundida a través de redes sociales, los familiares consideraron que la condena a Martínez representa un avance importante dentro del proceso judicial, aunque insistieron en que la investigación no debe cerrarse solo con los implicados materiales.

Durante el proceso judicial, las autoridades identificaron hasta el momento a nueve personas relacionadas con la planeación y ejecución del atentado, según reportó Europa Press. La investigación apunta a la existencia de una estructura criminal más amplia, con motivación política y económica, que organizó el asesinato del senador conservador. Víctor Mosquera, representante legal de la familia, expresó la necesidad de esclarecer la participación de quienes conformaron la dirección estratégica del crimen y exhortó a la Fiscalía a continuar con las acciones suficientes para llegar a los autores intelectuales.

El senador Miguel Uribe falleció el 11 de agosto de 2025 tras pasar dos meses internado en estado grave debido a las heridas causadas por los disparos realizados durante un evento público en Bogotá, cuando fue atacado por un menor de edad, detalló Europa Press. El impacto del fallecimiento generó conmoción a nivel nacional y reavivó el debate en torno a la protección de figuras políticas y la lucha contra las organizaciones delictivas con intereses en el escenario político colombiano.