La jueza Aileen Cannon sostuvo que no encontró precedentes en los que un fiscal especial hubiera publicado un informe final tras presentar cargos penales que no condujeron a una declaración de culpabilidad. Esta observación formó parte de su decisión de bloquear de manera permanente la publicación del informe final preparado por el fiscal especial Jack Smith, relacionado con el caso de manejo de documentos clasificados por parte de Donald Trump. Según publicó el medio original, la prohibición sobre la difusión del informe se fundamenta en el potencial de daño irreparable para los exacusados y en los riesgos que supondría para la confidencialidad protegida por el privilegio abogado-cliente.
La magistrada Cannon, quien lideraba el caso cerrado contra el expresidente Trump, justificó su medida al argumentar que la publicación del informe vulneraría principios fundamentales de equidad y justicia. De acuerdo con la información del medio, Cannon también criticó la insistencia del fiscal Smith en finalizar y publicar el informe, describiendo esta conducta como una “estratagema descarada”, dado que existía un fallo previo, emitido en julio de 2024, que declaraba inconstitucional su nombramiento como fiscal especial. Según aportó la jueza en su resolución, el intento de divulgar el documento representaba una violación directa de esa orden judicial previa.
Cannon desestimó el proceso judicial contra Donald Trump y otros dos coacusados, luego de concluir que la designación del fiscal especial Jack Smith por parte del fiscal general Merrick Garland, bajo el gobierno de Joe Biden, no cumplía con las exigencias constitucionales. La defensa de Trump sostuvo que la cláusula constitucional sobre nombramientos prohibía la designación de Smith —a quien describían como “aliado político”— sin el aval del Senado. El medio original detalló que el fundamento central del fallo de Cannon giró en torno a la separación de poderes: según la jueza, el cargo de fiscal especial estaría invadiendo la autoridad legislativa reservada al Congreso, lo cual podría afectar la libertad que se deriva de la independencia entre poderes.
La jueza Cannon especificó en su decisión que, en casos anteriores, los fiscales especiales solo habían hecho públicos informes tras optar por no presentar acusaciones o una vez que existía una sentencia por declaración de culpabilidad, lo que no se corresponde con la situación de Trump y sus coacusados. El medio citó el escrito judicial, el cual explicaba: “Si bien es cierto que los abogados especiales han publicado informes finales al final de su trabajo, parece que lo hicieron después de optar por no presentar cargos o tras sentencias por declaración de culpabilidad o en un juicio”.
La cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del nombramiento de Jack Smith fue central para el desenlace del caso, dado que la jueza decidió no pronunciarse sobre la posible responsabilidad penal de Trump en relación con los documentos clasificados. Al respecto, Cannon declaró inexequible el cargo que ostentaba Smith, con lo cual consideró inválidos los procesos y documentos resultantes de su actuación. Según confirmó el medio original, el caso fue archivado tras esta decisión judicial.
Durante el proceso, la acusación sostenía que se hallaron más de una treintena de documentos clasificados en la residencia privada de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, tras su salida de la presidencia. Trump se había declarado no culpable de los cargos, enfrentando la investigación mientras aún era expresidente de Estados Unidos, según consignó la cobertura inicial.
El fallo de Cannon incluyó la motivación de que permitir la publicación del informe final representaba un riesgo de divulgar información protegida legalmente, además de causar perjuicio a las personas involucradas en el proceso. Tal como reportó el medio, Cannon subrayó en su argumentación que acciones como las del fiscal especial Jack Smith contravenían los principios del debido proceso.
La decisión de la jueza Aileen Cannon deja sin acceso público al informe preparado por Jack Smith y cierra, bajo los argumentos mencionados, el ciclo judicial iniciado contra Donald Trump por la supuesta gestión inadecuada de documentos oficiales clasificados. El medio resaltó la singularidad del caso, tanto por el uso de argumentos constitucionales en la resolución como por el debate sobre los límites de autoridad del poder judicial y del poder ejecutivo dentro del sistema estadounidense.
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