Más de 200 presos políticos venezolanos inician una huelga de hambre por el cumplimiento de la amnistía

Las familias de los presos recluidos en la prisión El Rodeo I, ubicada en las inmediaciones de Caracas, convocaron una concentración en el auditorio de profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con el objetivo de dar visibilidad a las denuncias por falta de atención médica y por el estancamiento en la aplicación de la Ley de Amnistía. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) comunicó esta convocatoria luego de que los familiares hicieran un llamamiento a la sociedad civil para que se sumara a sus reclamos y no dejaran solos a los reclusos en su protesta. Según detalló el medio, la principal noticia gira en torno a la huelga de hambre que iniciaron más de 200 detenidos considerados presos políticos, en demanda de mejoras sanitarias y la aplicación efectiva de las excarcelaciones contempladas en la normativa recientemente aprobada.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó en redes sociales que, a las dos de la tarde del 22 de febrero, familiares confirmaron la participación de 213 reclusos en la huelga de hambre dentro de El Rodeo I. El grupo de apoyo denunció deficiencias en la atención médica de los privados de libertad y solicitó que se respeten y ejecuten las liberaciones previstas por ley, así como el cese de acciones que vulneran sus derechos humanos. De acuerdo con el comunicado reproducido por el medio, los allegados de los presos subrayaron la urgencia de contar con respaldo ciudadano para avanzar en la exigencia de garantías fundamentales.

Esta movilización de denuncia y protesta coincide con el anuncio, realizado por la Cruz Roja Venezolana, de su invitación a intervenir en el proceso de excarcelación estipulado en la nueva Ley de Amnistía. Según publicó la fuente, el organismo humanitario informó de la oferta de atención médica y evaluaciones de salud primaria para las personas que están saliendo de prisión en todo el país, como parte de la colaboración con las autoridades venezolanas.

El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía y la misma fue promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Según las declaraciones recogidas por el medio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que ya se han recibido más de 1.500 solicitudes para acogerse a la ley, e indicó que “ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley”. Sin embargo, el alcance de esta normativa fue objeto de cuestionamiento por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos lamentó públicamente que más de 500 personas encarceladas por motivos políticos quedarían excluidas de los beneficios legales, dado que la ley no contempla a quienes hayan sido procesados por delitos relacionados con corrupción, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional ni lesiones gravísimas. Según reportó la fuente, esto generó malestar entre los allegados de los reclusos, que consideran insuficiente la medida adoptada por el Parlamento.

En cuanto al avance de las excarcelaciones, el vicepresidente de la organización Foro Penal, Gonzalo Himio, informó el domingo de la liberación de 32 personas, y añadió en la red social X que desde el viernes ―fecha en que la ley comenzó a aplicarse― ya se confirmaron más de 40 salidas de prisión. Estos datos, también consignados por el medio, ilustran el desarrollo inicial del proceso, aunque persisten los reclamos por su limitada cobertura.

La protesta de los presos políticos a través de una huelga de hambre y la exigencia de cumplimiento íntegro de las liberaciones marcó la jornada dentro de El Rodeo I, donde la falta de atención médica y el tratamiento en condiciones consideradas como vulneración de derechos humanos motivaron la movilización tanto en el recinto como entre los grupos de familiares y organismos de la sociedad civil.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos remarcó en su pronunciamiento que la lucha por derechos fundamentales no se limita al pedido de excarcelaciones sino que abarca la garantía de asistencia médica adecuada para los reclusos. El llamado a la sociedad civil a acompañar la concentración en la Universidad Central de Venezuela responde a la intención de mantener la visibilidad y presión sobre las autoridades para una respuesta efectiva y transparente en la aplicación de la Ley de Amnistía y la protección de los derechos de quienes siguen privados de libertad bajo causas políticas, según publicó el medio.

La situación en El Rodeo I se suma a un escenario más amplio en Venezuela, en el que la aplicación de medidas de amnistía, su alcance y los criterios de exclusión constituyen motivo de debate entre organismos de derechos humanos, autoridades y la sociedad civil, tal como informó la fuente.