“Esos ingresos deben transferirse a la Autoridad Palestina, de conformidad con el Protocolo de París, y son vitales para la prestación de servicios básicos a la población palestina en Gaza y Cisjordania”, afirmaron España y otros 19 países y organizaciones internacionales en un comunicado conjunto. Tal como publicó Europa Press, el texto colectivo instó a Israel a liberar de inmediato los fondos fiscales retenidos y subrayó que la transferencia de estos recursos resulta esencial para la subsistencia diaria de la población palestina.
En el pronunciamiento divulgado el lunes, los gobiernos y entidades firmantes —entre ellos España, Brasil, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Indonesia, Irlanda, Egipto, Jordania, Luxemburgo, Noruega, Palestina, Portugal, Qatar, Arabia Saudí, Eslovenia, Suecia, Turquía, así como los secretarios generales de la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica— condenaron en términos contundentes el plan del Gobierno israelí para expandir el control sobre Cisjordania. De acuerdo con Europa Press, las naciones atribuyeron a Israel actuaciones unilaterales, en particular la decisión de avanzar en su política de asentamientos y la reciente aprobación del denominado proyecto E1, señalando que dichas medidas, consideradas ilegales bajo el derecho internacional, constituyen una “violación flagrante”.
Los países firmantes advirtieron, según detalló Europa Press, que las acciones de Israel suponen un intento de modificar la situación demográfica, jurídica y administrativa del Territorio Palestino Ocupado desde 1967, incluido Jerusalén Este. Resaltaron que dichas decisiones ponen en riesgo la posibilidad de una solución de dos Estados y perjudican los esfuerzos regionales e internacionales por restablecer la estabilidad y avanzar hacia la paz, haciendo referencia, entre otras iniciativas, al Plan de 20 puntos para Gaza. Los gobiernos rechazaron cualquier iniciativa tendiente a la anexión “de facto”, catalogando estos movimientos como obstáculos directos a la viabilidad de un futuro Estado palestino.
El comunicado, según informó Europa Press, urgió al gobierno israelí a revocar de manera inmediata estas recientes disposiciones y a respetar las obligaciones internacionales derivadas de los tratados, advirtiendo sobre la necesidad de abstenerse de realizar acciones que generen cambios duraderos en la administración de los territorios ocupados. De acuerdo con el texto colectivo, el avance de Israel en su política de asentamientos representa un ataque directo a la implementación de la solución de los dos Estados, recomendada por diversas resoluciones de Naciones Unidas y apoyada por la Iniciativa de Paz Árabe.
El documento incluyó un llamamiento explícito dirigido a las autoridades israelíes para poner fin a los episodios de violencia en Cisjordania. Según consignó Europa Press, los firmantes instaron a Israel a tomar medidas concretas para detener la violencia protagonizada por colonos israelíes contra la población palestina y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la ley. Destacaron el aumento alarmante de incidentes violentos y subrayaron la obligación de las partes de proteger a la población civil, en cumplimiento del derecho internacional humanitario.
En medio del mes sagrado del Ramadán, los países y organizaciones signatarias enfatizaron la importancia de preservar el “statu quo” histórico y legal de Jerusalén y sus lugares santos, según recogió Europa Press. Además, reconocieron el papel específico de los hachemitas en la custodia de los sitios sagrados y condenaron las reiteradas transgresiones al “statu quo”, alertando sobre los riesgos que implica para la estabilidad regional cualquier alteración de la normativa vigente en la ciudad.
Los firmantes reafirmaron su oposición a toda forma de anexión y cualquier intento de modificar la composición demográfica y administrativa de los territorios ocupados, e hicieron hincapié en la necesidad de que se respete el marco legal internacional, conforme reportó Europa Press. Insistieron en la importancia de adoptar medidas concretas y coordinadas para frenar la expansión de asentamientos considerados ilegales por la comunidad internacional y advirtieron sobre los riesgos de políticas y amenazas de desplazamiento forzado en la región.
Además, los gobiernos y organizaciones reiteraron su respaldo a la creación de un Estado palestino independiente, soberano y democrático, como única vía para lograr una paz justa y duradera en Oriente Próximo, según las fronteras del 4 de junio de 1967. Tal como reportó Europa Press, el comunicado subrayó que la única manera de garantizar la coexistencia entre pueblos y estados en la zona radica en el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas y la implementación de la solución binacional incluida en la Iniciativa de Paz Árabe.
El medio Europa Press contextualizó las preocupaciones internacionales recordando que el gobierno israelí aprobó, el pasado 15 de febrero, una iniciativa destinada a designar extensas áreas de Cisjordania como “terrenos del Estado” y a aumentar su control administrativo en parte de Palestina. Cisjordania, junto con la Franja de Gaza y Jerusalén Este, permanecen bajo ocupación militar israelí desde el conflicto bélico de 1967, en el que Israel también tomó control de los Altos del Golán en Siria. Europa Press estimó que aproximadamente 700.000 colonos israelíes residen en Cisjordania, en asentamientos legales para Israel o en colonias ilegales incluso para las propias autoridades israelíes, aunque el derecho internacional considera ilegal toda colonización en tierras ocupadas y la tipifica como crimen de guerra.
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