La recompensa de hasta cinco millones de dólares (4,2 millones de euros) ofrecida por las autoridades estadounidenses por información que lleve a la captura de Luis Motta Domínguez intensificó la respuesta de la oposición venezolana tras el reciente nombramiento del exministro como viceministro de Seguimiento de Gestión de Gobierno. Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores del país, solicitó oficialmente su destitución inmediata, según informó la agencia Europa Press. Este pedido se basa en los presuntos vínculos del funcionario con actividades de narcotráfico y corrupción.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la designación de Motta Domínguez quedó registrada en la Gaceta Oficial número 6984. Primero Justicia explicó a través de sus redes sociales que Motta Domínguez es objeto de una solicitud de captura por parte de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), que lo señala como presunto colaborador en delitos relacionados con el narcotráfico. El partido calificó de preocupante la permanencia de funcionarios cuestionados en puestos de alto nivel, especialmente en el marco de la reorganización institucional impulsada desde la Presidencia interina de Delcy Rodríguez.
Europa Press detalló que Luis Motta Domínguez fue ministro de Energía Eléctrica entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Nicolás Maduro. Según consignó el medio, el opositor Primero Justicia recordó que desde el año 2019, Motta Domínguez enfrenta sanciones bajo el concepto de “corrupción significativa”, relacionadas con su gestión en Corpoelec, la Corporación Eléctrica Nacional. Según investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el exministro habría recibido sobornos de gran cuantía a cambio de adjudicar contratos públicos durante su paso por la administración eléctrica venezolana.
El reclamo presentado por Primero Justicia incluye la exigencia de separar a Motta Domínguez no solo de su nuevo cargo, sino también de toda actividad política mientras se mantengan las investigaciones en su contra. El partido sostuvo, según citó Europa Press, que resulta indispensable que el exministro comparezca ante la justicia venezolana por los delitos que se le imputan. Desde la agrupación opositora se advirtió que la inclusión de figuras bajo sospecha en cargos estratégicos compromete la transición hacia una nueva etapa política, al considerar que estas decisiones debilitan los procesos de depuración institucional.
En el comunicado emitido desde sus plataformas digitales, Primero Justicia afirmó que “una acción destinada a entorpecer el cambio político en el país no frenarán la sed de justicia de los venezolanos.” Esta declaración surge pocos días después de que Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la reorganización, anunciara el cierre definitivo de siete entidades vinculadas a la Presidencia y creadas entre 2000 y 2016. Según relató Europa Press, Primero Justicia interpretó este proceso como “el desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo”, y reclamó que tal reorganización responda a un proceso real y no meramente formal o cosmético.
El contexto político de estas decisiones adquiere relevancia dentro del debate nacional sobre la transición en Venezuela. Europa Press puntualizó el aumento de la presión opositora para asegurar que cualquier proceso de cambio cuente con garantías de transparencia y legalidad, excluyendo a personas alcanzadas por sanciones o sospechas graves de corrupción y narcotráfico. El rol de organismos internacionales y la cooperación con agencias extranjeras como la DEA y la OFAC en asuntos venezolanos también fue resaltado en varias declaraciones públicas recogidas por Europa Press.
Luis Motta Domínguez, al frente de Corpoelec y posteriormente en diferentes cargos públicos, ha estado en el centro del debate sobre la gestión de la infraestructura eléctrica venezolana, una de las áreas más afectadas por la crisis multifactorial del país. Durante su mandato, ocurrieron múltiples apagones nacionales y denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de contratos. Europa Press señaló que estas circunstancias motivaron parte de las sanciones y las investigaciones internacionales, así como los procesos sancionatorios aplicados por Estados Unidos y otras jurisdicciones.
La embestida opositora contra la permanencia de Motta Domínguez en la nueva estructura gubernamental representa una nueva manifestación de la disputa por el control político y administrativo en Venezuela, en la que la presencia de funcionarios sancionados agrega tensión a un panorama marcado por llamados reiterados a la justicia y a la consolidación de la transición institucional, según documenta el medio Europa Press.
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