El Gobierno limita durante una semana los precios de los hoteles en Grazalema (Cádiz) y otros 13 municipios

En los municipios afectados por la borrasca Leonardo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reconoció el apoyo de varios establecimientos hoteleros y de hospedaje que aceptaron facilitar el realojo de personas en colaboración con las autoridades locales. La medida principal adoptada, según detalló el propio ministerio, consiste en la imposición de restricciones temporales sobre los precios de los alojamientos en catorce localidades de Andalucía y Extremadura. El objetivo es evitar incrementos bruscos en los costos de hospedaje en un contexto donde decenas de familias han debido abandonar de manera temporal sus viviendas.

Según informó el Gobierno, la iniciativa fue aprobada tras la sesión del Consejo de Ministros celebrada este martes. La decisión limita por siete días los precios en hoteles y otros establecimientos de hospedaje en un total de catorce municipios: Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz; Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra, en Granada; Cazorla y Santisteban del Puerto, en Jaén; Benaoján y Ronda, en Málaga; así como Burguillos del Cerro y Medellín, en Badajoz. Estas localidades cumplen con los criterios fijados por el Ejecutivo: haber desalojado a al menos diez personas que representen, como mínimo, el 0,1% de la población municipal.

El ministerio explicó que la restricción comenzará a regir mañana, miércoles 18 de febrero, y se mantendrá hasta el 25 del mismo mes. El texto aprobado precisa que durante ese período los precios de los alojamientos no podrán superar los vigentes en el mes anterior al inicio de la emergencia. El Gobierno justificó la medida como una acción preventiva para evitar posibles inconvenientes durante el retorno progresivo de la actividad turística y garantizar condiciones justas para las familias evacuadas que requieren alojamiento temporal. El Ejecutivo señaló que plataformas intermediarias de reserva de alojamientos podrían provocar incrementos súbitos de precios aprovechando el aumento de la demanda derivado de los desalojos y del regreso del turismo.

El medio oficialidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 comunicó que esta limitación de precios constituye la primera aplicación práctica del Real Decreto-ley aprobado la semana anterior. La normativa, impulsada por el ministro Pablo Bustinduy y ratificada la semana pasada, otorga al Gobierno la facultad de declarar situaciones de emergencia que habilitan restricciones temporales sobre los precios de ciertos bienes y servicios considerados esenciales para garantizar el acceso equitativo en escenarios excepcionales.

Según publicó la autoridad ministerial, la nueva disposición obliga a todos los establecimientos de hospedaje de las catorce localidades a comunicar de manera visible y transparente tanto la existencia de la restricción como los precios que corresponden, garantizando a los consumidores su derecho a un reembolso en caso de que se detecte cualquier incumplimiento de la norma. La implementación vigilará especialmente las prácticas de las plataformas en línea donde se comercializan estos servicios.

El propio Consejo de Ministros, de acuerdo con los datos compartidos por el ministerio, subrayó el respaldo de los alojamientos que han respondido con rapidez ante la emergencia. A través de mensajes de reconocimiento incluidos en la resolución adoptada este martes, el Gobierno agradeció la disposición mostrada tanto por hoteles como por otros espacios de hospedaje al colaborar en la relocalización de familias evacuadas, coordinados con las administraciones competentes en el ámbito local y regional.

El texto de la medida destaca que la decisión busca proteger a quienes han tenido que abandonar sus casas debido a la borrasca Leonardo y evitar abusos que puedan agravar su situación en un momento de especial vulnerabilidad. Según consignó el ministerio, la limitación de precios se enmarca entre las acciones coordinadas para reducir el impacto social de la emergencia y facilitar tanto el regreso seguro de las familias a sus hogares como la recuperación del flujo normal de turistas que visitan la zona.