
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la condena contra Jimmy Lai, fundador del diario Apple Daily en Hong Kong, se fundamentó en hechos ocurridos antes de la promulgación de la ley de seguridad nacional y ha manifestado inquietud porque la sentencia se basó, incluso, en las interacciones de Lai con la propia ONU. Esta postura se enmarca en un comunicado difundido tras el fallo judicial, que reitera la petición de la ONU para que Lai sea puesto en libertad y que el veredicto en su contra quede sin efecto por incompatibilidad con las obligaciones internacionales de Hong Kong en materia de derechos humanos.
De acuerdo con la información publicada por la oficina de Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la condena impuesta al empresario de medios constituye una criminalización del ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, prensa y asociación. El comunicado de la entidad enfatiza que la sentencia contra Lai, que lo condena a 20 años de prisión por conspiración para coludir con fuerzas externas y por publicar contenidos considerados sediciosos, ilustra el alcance amplio y vago de la legislación de seguridad nacional de Hong Kong. Este marco normativo, impuesto por autoridades chinas en 2020, limita significativamente la independencia y el margen de actividad periodística y política en la ciudad.
La ONU ha destacado que los cargos atribuidos a Lai fueron tipificados según un marco legal posterior a los hechos investigados, y advierte de que las autoridades han recurrido a definiciones demasiado vagas y extensas para procesar conductas protegidas internacionalmente. El Alto Comisionado subrayó que estas formas de interpretación y aplicación de las leyes locales van en detrimento de los compromisos internacionales adquiridos por Hong Kong y China en relación con las libertades fundamentales.
Turk también ha solicitado que la liberación de Jimmy Lai se produzca de forma inmediata por razones humanitarias, aludiendo a su edad avanzada, al estado de salud y al tiempo prolongado –más de cuatro años– que permaneció privado de libertad mientras avanzaba el proceso judicial. El comunicado recuerda que junto a Lai, otras personas vinculadas al ya desaparecido Apple Daily han recibido sentencias de entre seis y diez años de prisión. Entre los condenados se encuentran seis exempleados del periódico, además de un activista y un asistente jurídico, todos juzgados bajo la misma legislación de seguridad nacional.
Según la información de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, la situación de la prensa en Hong Kong se ha degradado desde la imposición de la ley de seguridad nacional en 2020. El comunicado menciona el cierre de numerosos medios independientes y el arresto de decenas de periodistas, así como el endurecimiento de políticas de visado y requisitos para corresponsales extranjeros. La oficina de Turk advierte que estas prácticas corresponden a un patrón más amplio de represión documentado en la ciudad y en el marco de aplicación de estas leyes.
La evaluación realizada por la oficina de Volker Turk indica que la sentencia menciona como relevantes las interacciones de Jimmy Lai con Naciones Unidas y mecanismos internacionales de derechos humanos. Este aspecto, según el comunicado de la organización, evidencia cómo el vínculo con instancias internacionales puede convertirse, bajo la actual interpretación legal en Hong Kong, en argumento para establecer culpabilidad penal.
La escala de la represión reportada por la oficina del Alto Comisionado involucra a cientos de personas arrestadas y procesadas bajo la legislación de seguridad nacional. El medio de comunicación subraya que, hasta el momento, las autoridades de Hong Kong han condenado a 175 individuos en virtud de estas leyes, lo que implica un impacto considerable sobre la sociedad civil y sobre el entorno mediático local.
Las demandas internacionales exponenciadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, según el propio comunicado, apuntan a la reconsideración de los criterios legales aplicados en el enclave y reafirman la necesidad de que Hong Kong se someta plenamente a las obligaciones internacionales surgidas de instrumentos de derechos humanos, como las garantías de libertad de prensa, de asociación y de expresión.
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