El grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni en el Parlamento Europeo, ha transmitido a la Comisión Europea inquietudes sobre el impacto de la iniciativa española de regularizar a 500.000 migrantes, solicitando un análisis del alcance de esta medida en el espacio Schengen. Según reportó Europa Press, esta agrupación argumentó ante la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el comisario de Interior, Magnus Brunner, que una regularización de tal magnitud podría tener implicaciones directas en la gestión migratoria común y en el funcionamiento de las fronteras interiores de la Unión Europea.
De acuerdo con información obtenida por Europa Press, la carta enviada por ECR enfatizó que la medida propuesta por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, puede “socavar la credibilidad del control migratorio de la UE”, pues la concesión de permisos de residencia a personas en situación irregular abriría la posibilidad de acceso a la ciudadanía española, y con ello a la europea. Los eurodiputados españoles Diego Solier y Nora Junco, impulsores de la misiva tras su salida del grupo Se Acabó la Fiesta en favor de la bancada liderada por Meloni, sostuvieron que este proceso no se trata solo de una cuestión interna española. Argumentaron que, al producirse en un espacio sin controles fronterizos, como el área Schengen, decisiones nacionales de tal magnitud trascienden el ámbito doméstico y afectan a los demás socios europeos.
El medio Europa Press detalló que la misiva expresaba preocupación por el riesgo de que las “regularizaciones repetidas y a gran escala” generen un “efecto llamada”, mermando la confianza entre Estados miembro sobre la eficacia de la gestión de fronteras y obstaculizando la aplicación de políticas europeas clave, como la devolución de migrantes irregulares y la política de visados condicionada. El ECR subrayó que la política migratoria requiere coordinación, ya que decisiones individuales podrían aumentar la presión en las fronteras exteriores y dificultar la gestión de movimientos secundarios, es decir, desplazamientos de personas regularizadas a otros países del espacio Schengen.
Según publicó Europa Press, los eurodiputados solicitaron que la Comisión Europea lleve a cabo y publique un análisis formal sobre los efectos previsibles de la regularización en España, evaluando sus consecuencias operativas. Este informe debería abarcar el impacto en la seguridad interior, la presión en los pasos fronterizos, la capacidad de control y la gestión de posibles movimientos migratorios adicionales dentro del espacio comunitario.
El grupo ECR también planteó dudas sobre la compatibilidad de la medida española con el Derecho de la UE, y consultó a la Comisión acerca de si la política de regularización extraordinaria se ajusta a los objetivos comunes en materia de retorno y readmisión de migrantes. Según el contenido divulgado por Europa Press, los conservadores solicitaron aclaración sobre las posibles salvaguardias necesarias para asegurar que las decisiones nacionales no contradigan o dificulten los compromisos asumidos a escala europea.
La correspondencia dirigida a Bruselas incluyó, además, recomendaciones dirigidas a fortalecer el papel del Ejecutivo comunitario. El ECR sugirió que la Comisión refuerce las exigencias y consecuencias para los países terceros que no cooperen en materia de readmisión de ciudadanos irregulares, recurriendo de manera más consistente a las herramientas de la política de visados y a otros instrumentos disponibles. Asimismo, reclamaron mayor coordinación entre los Estados miembros para prevenir “efectos no deseados” de las regularizaciones nacionales en el funcionamiento del área Schengen, según recogió Europa Press.
Consultado sobre esta iniciativa española, Magnus Brunner, comisario europeo del Interior, afirmó la semana pasada que la competencia para decidir sobre regularizaciones corresponde a cada Estado miembro y reconoció la legalidad de este tipo de medidas en el marco europeo. Durante una conferencia de prensa recogida por Europa Press, Brunner afirmó que depende de cada gobierno decidir las soluciones legales para los migrantes presentes en su territorio, en función de las necesidades de su mercado laboral. “Las personas que ya están en un Estado miembro de la UE pueden ser objeto de distintas medidas según lo determine dicho Estado, en función de cómo desee abordar la migración legal y las demandas laborales. España está actuando en ese sentido”, declaró.
El debate sobre la medida de regularización española se produce en un contexto donde los Estados miembro de la UE gestionan de diferente manera la presencia de migrantes irregulares y la integración en sus mercados laborales, según detalló Europa Press. Las acciones emprendidas por el Gobierno español se enmarcan dentro de la legalidad, de acuerdo con la interpretación de la Comisión Europea, si bien los efectos de la medida y su encaje en la política migratoria común continúan siendo objeto de discusión en la Eurocámara.
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