Venezolanos con TPS en peligro de deportación, a pesar de fallo judicial a su favor

El riesgo de deportación afecta actualmente a alrededor de 600.000 venezolanos en Estados Unidos, según informó EFE, pese a que una reciente sentencia del Noveno Circuito de Apelaciones señala que la decisión gubernamental de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para este colectivo se realizó de manera ilegal. Aunque el tribunal dictaminó que el proceso para terminar el amparo fue opuesto a las leyes emanadas del Congreso y estuvo influenciado por animosidad racial, un fallo anterior del Tribunal Supremo permite que continúe la aplicación de la medida mientras se resuelve el litigio en curso.

El panel de tres jueces del Noveno Circuito, según consignó EFE, determinó que la cancelación del TPS dictada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, contravino el estatuto congresual, al tiempo que señaló motivaciones discriminatorias detrás de dicha resolución. En el fallo firmado por el juez Salvador Mendoza, se expresó que la terminación del programa no solo afecta los permisos de trabajo, sino también incrementa el riesgo de detenciones y expulsiones inmediatas para la población beneficiaria.

El medio EFE detalló que, pese a la sentencia favorable a los demandantes, esta no produce un alivio inmediato. El Tribunal Supremo estadounidense autorizó en octubre anterior la implementación de la medida que elimina la protección, por lo que los venezolanos amparados por el TPS continúan en un estado de incertidumbre legal. Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organizaciones de Trabajadores Jornaleros (NDLON) y una de las representantes legales del grupo afectado, argumentó en un comunicado que los beneficiarios “aún enfrentan” amenazas serias de deportación y detención. Según palabras recogidas por EFE, Bansal afirmó: “La magnitud de la ilegalidad en nuestro sistema de inmigración en este momento es realmente difícil de comprender”.

Según publicó EFE, el impacto de la medida no es homogéneo dentro de la comunidad venezolana acogida al TPS. De las 600.000 personas que accedieron a esta protección, 250.000 la perdieron tras las modificaciones aprobadas en noviembre pasado. El resto, unas 350.000, verán extinguirse su beneficio en octubre próximo, lo que aumentará la incertidumbre y las posibilidades de expulsión para un grupo que ha dependido del amparo migratorio temporal.

Por su parte, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Universidad de California en Los Ángeles, expuso al medio EFE que, a su juicio, la administración encabezada por Donald Trump continuará con las acciones de detención y deportación de los beneficiarios venezolanos del TPS, al amparo de la orden del Tribunal Supremo, que calificó de “ilegal”. El especialista, quien argumentó el caso en representación de los demandantes, describió el escenario futuro como poco alentador para quienes habían alcanzado cierto alivio mediante el programa.

Las acciones de la administración Trump han sido objeto de nuevos cuestionamientos al considerarse parte de una tendencia orientada a eliminar sistemáticamente el TPS para diferentes comunidades. Emi MacLean, abogada principal de la Fundación de la ACLU del Norte de California, declaró para EFE que la cancelación de TPS para Venezuela y Haití representa “solo la punta del iceberg” y aseguró que el objetivo es acabar con el programa de forma extendida. MacLean agregó que el TPS se creó con la función específica de poner límites al poder unilateral del Ejecutivo.

La Alianza Nacional TPS, según indicó su coordinador José Palma en declaraciones a EFE, juega un papel central dentro de la presión que ejercen las organizaciones inmigrantes. Palma subrayó que se mantienen con esperanzas de lograr un resultado favorable, remarcando logros anteriores como la conservación del TPS para nacionales de seis países cuando la administración Trump intentó eliminar este beneficio en 2017. Además, Palma hizo un llamado al Congreso estadounidense para que proporcione una solución legislativa permanente a la situación de las personas protegidas por el TPS, al afirmar: “La justicia para nuestra comunidad exige nada menos”.

Los abogados y organizaciones que representan a los demandantes incluyen, de acuerdo a los datos de EFE, a NDLON, las Fundaciones de la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) del Norte y del Sur de California, el Centro de Derecho y Política Migratoria y la Alianza Puente Haitiano. Todas ellas insisten en la necesidad de una intervención legislativa que otorgue estabilidad legal a los migrantes afectados.

El litigio jurídico continuará avanzando en el sistema judicial, mientras defensores y activistas exponen cómo persisten los riesgos para una comunidad que depende del TPS para evitar la deportación y asegurar la permanencia y el empleo en territorio estadounidense. El resultado del proceso influirá directamente en el destino de 600.000 venezolanos, quienes se mantienen atentos a los fallos pendientes de las distintas instancias judiciales, en un ambiente de inseguridad migratoria constante, según reportó EFE.