La excandidata correísta González rechaza el allanamiento de su domicilio y acusa al Gobierno de corrupción

Durante su comparecencia en la sede de Revolución Ciudadana, Luisa González instó a la Fiscalía de Ecuador a enfocar sus investigaciones sobre presunta corrupción hacia la sede del Gobierno, aludiendo directamente al Palacio de Carondelet. "Si quieren algún delito, vayan a Carondelet", exhortó, según consignó el medio 'Primicias'. González argumentó que el verdadero motivo tras el allanamiento de su vivienda reside en un intento de desviar la atención pública de irregularidades que atribuyó tanto al presidente Daniel Noboa como a funcionarios de su gabinete, conectando a varias figuras del Ejecutivo con el narcotráfico y lamentando la ausencia de prácticas similares de allanamiento en esos casos.

De acuerdo con 'Primicias', la excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana rechazó enérgicamente el operativo judicial realizado en su domicilio. Este allanamiento se desarrolló en el contexto de una investigación impulsada por la Fiscalía, bajo la sospecha de que González recibió financiación proveniente de Venezuela durante su campaña electoral de 2023. González negó haber aceptado recursos económicos tanto de Venezuela como de grupos delictivos, afirmando que ni su candidatura ni su movimiento político han recibido dinero de dichos orígenes. "La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cartel, ni de nadie", subrayó, según citó 'Primicias'. Además, señaló que las acusaciones son una maniobra del Gobierno y del Ministerio Público para eliminar a sus opositores.

El medio 'Primicias' reportó que la Fiscalía también intervino los domicilios de otras figuras relevantes de la Revolución Ciudadana. Entre los objetivos de la operación, conocida públicamente como caso 'Caja Chica', se encuentran Andrés Aráuz—excompañero de fórmula de González para las presidenciales de 2023 y candidato presidencial en 2021— así como el diputado Patricio Chávez. En total, se investigan a ocho personas por su presunta vinculación con aportes irregulares para la campaña electoral de 2023, comicios que culminaron con la derrota de González ante el actual presidente Noboa en la segunda vuelta.

En su intervención difundida por redes sociales, González planteó que la medida judicial representa un intento premeditado por encubrir delitos vinculados a altos niveles del Gobierno. "Allanan mi domicilio y no sabemos si lo hacen para tapar la corrupción de este Gobierno", expresó, al tiempo que identificó lo que considera una falta de proporcionalidad en el tratamiento judicial. Según su perspectiva, existen casos de mayor gravedad en los que la acción de la Fiscalía ha resultado insuficiente por tratarse de personas allegadas al Ejecutivo o al propio presidente.

Durante su comparecencia, la exsecretaria general de la Revolución Ciudadana también dirigió acusaciones directas contra Daniel Noboa, a quien aludió como "niño llorón" y señaló por abandonar el país tras el resultado adverso de su Gobierno en el referéndum constitucional y consulta popular del 16 de noviembre de 2025. González interpretó la derrota de Noboa en ese proceso como un factor que habría motivado respuestas políticas, entre ellas la investigación en su contra.

'Primicias' señaló que, de ser encontrada culpable del delito de delincuencia organizada para blanquear capitales, la exaspirante presidencial se arriesga a una condena que podría alcanzar hasta treinta años de cárcel. A pesar del desarrollo de la investigación, González intentó desplazar la responsabilidad hacia Marcela Aguiñaga, quien entonces presidía la formación política. Según la versión de González, la gestión de las cuentas de la campaña recayó en Aguiñaga, no en ella.

Por su parte, Marcela Aguiñaga declaró su rechazo a la vinculación directa a los hechos y a las actuaciones de la Fiscalía respecto a su persona. Según recogió el diario 'El Telégrafo', Aguiñaga insistió en que no integró el equipo de campaña durante el período bajo investigación e indicó que ya había dejado la presidencia del partido cuando se presentaron las cuentas electorales. La exdirigente lamentó el regreso de la política a escenarios de imputaciones y allanamientos.

Este operativo llega cuando González enfrenta un segundo proceso legal por casos relacionados con la financiación de su campaña electoral. Tras dimitir como secretaria general del partido el 18 de enero, ese mismo día recibió una notificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre supuestas infracciones en el manejo financiero y en los gastos de su campaña, según reseñó 'Primicias'. Estos hechos mantienen el foco público sobre el financiamiento de los partidos y las distintas esferas de responsabilidad en la gestión de recursos durante el ciclo electoral reciente.