Las autoridades iraníes establecieron un mecanismo destinado a verificar y dar seguimiento a cualquier información o dato contradictorio sobre los fallecimientos ocurridos durante las protestas recientes. De acuerdo con la información difundida por el medio original, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, instruyó que se hagan públicos los nombres y datos personales de quienes perdieron la vida en las manifestaciones antigubernamentales iniciadas a finales de diciembre. Esta decisión busca responder a los reclamos de transparencia y a las demandas sociales e internacionales surgidas tras la represión, marcada por una cifra oficial de cerca de 3.000 víctimas, aunque organizaciones civiles cifran en más de 6.000 los fallecidos.
Según informó la agencia de noticias en la versión original, el portavoz adjunto de prensa de la oficina presidencial, Mehdi Tabatabaei, precisó a través de redes sociales que la publicación de los nombres constituye un paso directo para enfrentar la difusión de mensajes “falsos y fabricados” en relación a lo sucedido. Tabatabaei detalló que se implementará un procedimiento que permitirá investigar a fondo cualquier reporte o testimonio divergente, con la finalidad de “exponer a cualquiera que mienta”, en referencia a quienes el gobierno considera responsables de la proliferación de informaciones inexactas o manipuladas.
El medio añadió que las autoridades iraníes responsabilizan a actores extranjeros de haber incentivado las protestas y de haber manipulado las cifras de víctimas. En diversas declaraciones oficiales, los portavoces afirmaron que integrantes de grupos “terroristas” y “alborotadores”, supuestamente apoyados por Estados Unidos y por Israel, se infiltraron entre los manifestantes. De acuerdo con el relato oficial, estos individuos habrían llevado a cabo ataques que incrementaron intencionalmente el número de fallecidos, entre quienes figuran varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad, con el aparente propósito de permitir al entonces presidente estadounidense, Donald Trump, concretar su amenaza de una intervención militar en Irán.
A raíz de estas acusaciones y ante la presión de diferentes sectores, el gobierno aceleró la decisión de difundir detalles individualizados sobre las víctimas. Según publicó el medio citado, el anuncio representa una estrategia orientada tanto a contrarrestar la que consideran desinformación proveniente del exterior, como a reforzar el control estatal sobre la narrativa pública y evitar manipulaciones que puedan prender en la opinión internacional o interna.
El medio destacó que, hasta ahora, existían notables discrepancias entre los datos arrojados por las autoridades y los denunciados por entidades civiles. Mientras la versión oficial cifra los decesos en unas 3.000 personas, agrupaciones no gubernamentales y de derechos humanos sostienen que el saldo supera las 6.000 muertes, atribuyendo este elevado número a la represión ejercida por el aparato estatal en el contexto de los disturbios.
Los informes consignados por el medio detallan que la orden del presidente Pezeshkian pretende ofrecer información verificable sobre cada fallecimiento, habilitando canales para el cotejo de registros y documentos oficiales con los testimonios independientes presentados tanto dentro como fuera del país. El mecanismo propuesto plantea rutas de supervisión que, según las autoridades, están diseñadas para asegurar la fiabilidad de los datos frente a cualquier posible manipulación, sea esta originada en el exterior o surgida a partir de contradicciones internas.
Según consignó el medio original, la medida también busca atender exigencias planteadas por familiares de las víctimas y por sectores de la sociedad civil que han requerido acceso a información precisa y completa sobre la identidad y las circunstancias de la muerte de cada persona afectada. Esta demanda se hizo especialmente urgente tras la circulación de múltiples listas no oficiales, muchas veces con discrepancias sobre nombres y detalles de los fallecidos, generando incertidumbre tanto entre los familiares como en la opinión pública.
Las protestas surgidas a finales de diciembre han representado un desafío considerable para el aparato estatal iraní. De acuerdo con lo publicado, las manifestaciones respondieron a diversas causas sociales, políticas y económicas, derivando en una movilización masiva a la que el gobierno replicó con medidas de represión, justificadas, según su versión, por la presunta presencia de elementos violentos y la intervención de potencias extranjeras.
La decisión de difundir públicamente los nombres de las víctimas se inscribe en un contexto de acusaciones cruzadas entre el gobierno y diversas organizaciones internacionales, que han reclamado investigaciones independientes sobre los hechos y han criticado la falta de transparencia institucional hasta la fecha. La respuesta oficial alude a la necesidad de restaurar la confianza en los organismos estatales y de demostrar la autenticidad de los registros disponibles frente a las versiones alternativas y a las denuncias de manipulación.
El procedimiento anunciado para gestionar disputas sobre la veracidad de la información constituye, según detalló el gobierno a través de Tabatabaei, una estructura destinada a asegurar que cada reclamación o contradicción sea examinada de manera integral, permitiendo tanto a organismos oficiales como a actores independientes aportar pruebas o refutaciones cuando existan dudas sobre algún caso específico.
A partir de la implementación de esta medida, se espera la publicación periódica de listados detallados que incluyan tanto el nombre como datos adicionales relevantes de las personas fallecidas durante las manifestaciones. Este proceso, subrayó el medio en sus reportes, contempla la posibilidad de revisión en caso de presentarse información novedosa o cuestionamientos documentados sobre cualquiera de los registros publicados.
La reacción internacional ha girado, según destaca la agencia, en torno a las discrepancias persistentes entre las cifras oficiales y las presentadas por observadores y organizaciones de derechos humanos, quienes en repetidas ocasiones han reiterado su solicitud de transparencia y de acceso irrestricto a los registros de víctimas. El gobierno, por su parte, ha insistido en defender la legitimidad de su versión, sostenida sobre la supuesta infiltración de actores externos que, según su perspectiva, habrían buscado desestabilizar la situación interna y exacerbar el nivel de violencia experimentado en las calles.
En el transcurso de los próximos días, la oficina presidencial prevé completar los mecanismos de validación y comenzar a publicar los primeros listados, abriendo así la posibilidad de un escrutinio público y de un contraste amplio entre las diferentes narrativas en torno a los hechos ocurridos a partir de diciembre y sus consecuencias.
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