El Gobierno asegura que la regularización extraordinaria de migrantes no tendrá impacto presupuestario ni de personal

El trámite para acceder a la regularización extraordinaria de migrantes podrá realizarse en oficinas de la seguridad social, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, así como a través de vías telemáticas. Así lo detalló Elma Saiz, ministra portavoz y titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. La noticia principal es la aprobación del trámite de urgencia para la regularización, que, según comunicó el Ejecutivo español, podría beneficiar a unos 500.000 extranjeros y, de acuerdo con el Gobierno, no tendrá impacto alguno en los presupuestos ni requerirá refuerzos en materia de personal, tal como informó Europa Press.

De acuerdo a la memoria del análisis de impacto normativo, consultada por Europa Press, la propuesta de proyecto de Real Decreto busca modificar el Reglamento de la Ley de Extranjería para materializar este proceso de regularización. Desde este miércoles 28 de enero hasta el 6 de febrero, el texto estará a disposición pública en audiencia, aunque por el trámite urgente aprobado no se someterá a consulta pública. El Ejecutivo señala que la medida responde tanto a necesidades socioeconómicas como jurídicas. Según la memoria presentada, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirma que no se producirán impactos negativos en el presupuesto ni se prevén nuevas cargas administrativas. El documento sí apunta la posibilidad de un "ligero impacto presupuestario positivo" derivado de los ingresos en impuestos y cotizaciones sociales generados por los trabajadores regularizados.

A pesar de que desde el Gobierno se sostiene que la normativa no modifica los recursos actuales ni las dotaciones de personal, la propuesta va a ser sometida a revisión por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dado su alcance económico. El proyecto ha sido elaborado conjuntamente por los ministerios de Inclusión, Interior, Exteriores, Política Territorial y Memoria Democrática, de quienes se solicitarán informes adicionales. También intervendrán las comunidades autónomas, oficinas de extranjería, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, la Comisión Interministerial de Extranjería y la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. La Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia también emitirá informe, y antes de su aprobación definitiva se consultará al Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, además de recabarse el dictamen del Consejo de Estado.

El Ministerio de Inclusión argumenta que el Real Decreto se enmarca dentro del ordenamiento jurídico vigente en materia de extranjería y respeta el derecho comunitario, lo que permitiría, a juicio del Ejecutivo, que esté alineado con la normativa europea. No obstante, distintas fuerzas políticas expresaron posturas divergentes. Según publicó Europa Press, fuentes del Partido Popular comunicaron que su líder, Alberto Núñez Feijóo, presentará su rechazo a la regularización ante la cumbre del Partido Popular Europeo en Zagreb, al considerar que va en contra del pacto europeo de inmigración. Cabe recordar que, este mismo año, durante los debates en el Congreso acerca de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para abrir un proceso de regularización, el Partido Socialista sostuvo entonces que la legislación europea impedía una medida de este tipo, aunque más tarde cambió su criterio para apoyar que la ILP fuera tramitada.

Europa Press recoge que la Comisión Europea, por su parte, respondió que la regulación del estatus de nacionales de terceros países en situación irregular corresponde únicamente a los Estados miembros. Según las declaraciones del portavoz Markus Lammert, “los debates y políticas para regularizar el estatus de nacionales de terceros países que se encuentran en situación de ilegalidad recae exclusivamente en la responsabilidad del Estado miembro”, por lo que desde Bruselas declinan pronunciarse sobre el proceso español.

La memoria de impacto normativo incluida en la propuesta subraya que incorporar a la población extranjera al mercado laboral puede contrarrestar los efectos del envejecimiento demográfico y el descenso de la natalidad en España, aportando mano de obra joven y atendiendo necesidades en sectores donde hay carencias de personal, como agricultura, construcción y servicios. En su análisis, el Ministerio de Inclusión precisa que esta regularización puede favorecer la sostenibilidad de estos sectores clave para la economía.

Desde el punto de vista de la seguridad jurídica y social, el texto sostiene que la aprobación de la medida permite a los extranjeros beneficiarios, hasta ahora en situación irregular o pendientes de resolución sobre solicitudes de protección internacional, avanzar en su integración y ejercer derechos laborales y sociales. El informe asegura que el impacto es “positivo” para la infancia, la adolescencia y las familias que, a raíz de la regularización, podrían incorporarse plenamente a la vida social y laboral.

No obstante, la medida ha generado críticas en distintos sectores. Según reportó Europa Press, sindicatos policiales como Jupol advierten que la ausencia de refuerzos en extranjería y cuerpos de seguridad podría originar colapsos en la gestión y plantea riesgos operativos ante un proceso masivo. En su comunicado, Jupol manifestó su “seria preocupación por el impacto operativo y funcional” de la regularización, señalando posibles consecuencias negativas en la seguridad.

La Conferencia Episcopal Española intervino solicitando a las administraciones públicas que aseguren canales adecuados y suficientes para que la regularización pueda implementarse de manera efectiva y en beneficio de las personas migrantes, según escribió Europa Press.

Desde el punto de vista competencial, el Ministerio de Inclusión sostiene que el proyecto se ampara en el artículo 149.1.2ª de la Constitución, que otorga al Estado competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo. El Ejecutivo hace hincapié en que el decreto respeta los límites reglamentarios y legislativos del marco nacional y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico vigente.

Tras el pacto alcanzado entre PSOE y Podemos para poner en marcha esta regularización extraordinaria, fuentes de los partidos señalaron a Europa Press que el espacio político Podemos se mostró dispuesto a negociar una eventual transferencia de competencias migratorias a Cataluña, una petición histórica de Junts. Este posible traspaso depende de la obtención de los apoyos parlamentarios necesarios.

El Gobierno indica que no realizará una evaluación ‘ex post’ del proceso una vez concluya. El texto publicado por Europa Press aclara que la evaluación no figura en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2026, lo que significa que no se prevé un análisis posterior de resultados o efectos reales de la medida en el plazo inmediato tras su aplicación.