
El Congreso ha invalidado la propuesta del Ejecutivo que contenía medidas como el incremento de las pensiones mínimas hasta un 11,4% en determinados casos, la subida general del 2,7% para las pensiones contributivas, así como la revalorización del ingreso mínimo vital, lo que obliga al Gobierno a reformular el paquete y presentar una versión específica dedicada únicamente al aumento de las pensiones. Según consignó Europa Press, la votación contó con la oposición de PP, Vox, Junts y UPN, quienes se han posicionado en contra del denominado “escudo social” al considerar que agrupaba iniciativas heterogéneas y no separaba la subida de pensiones de otras medidas sociales.
El paquete rechazado incluía la prórroga de medidas destinadas a impedir desahucios y cortes de suministro de servicios como agua, luz y gas en hogares vulnerables, así como incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la exención del IRPF en indemnizaciones por daños personales sufridos en los incendios forestales ocurridos el verano anterior en varias comunidades autónomas, detalló Europa Press. Además, se preveía mantener la tabla de cotización para trabajadores autónomos y la actualización de las bases de cotización del sistema de seguridad social para 2026, manteniéndolas sin cambios respecto al año previo.
La votación se produjo tras el debate en el pleno del Congreso, donde el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió el decreto desde la tribuna apelando a los diferentes grupos a convalidar el paquete y evitar así un impacto negativo en millones de ciudadanos. Según informó Europa Press, Bolaños pidió “altura de miras” y subrayó el alcance social del paquete, pero el posicionamiento contrario de populares, Vox y Junts se sustentó en la objeción de que no se había presentado como una iniciativa aislada la subida de las pensiones, fenómeno que tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como el de Carles Puigdemont afirman respaldar de manera individual.
Con la derogación del decreto, la revalorización del 2,7% de las pensiones contributivas, que había empezado a aplicarse desde su publicación, deja de estar vigente, de acuerdo con Europa Press. También se anulan los incrementos previstos en las pensiones mínimas, que ascendían al 7% y llegaban al 11,4% en los casos de pensiones mínimas con cónyuge a cargo, así como las pensiones de viudedad con cargas familiares, las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital, que también iban a experimentar un aumento del 11,4%.
El rechazo no solo afecta a las medidas relativas a pensiones, sino que también implica la desaparición de las protecciones frente a desalojos y cortes de suministros básicos para la población más vulnerable, así como de los incentivos y exenciones fiscales vinculadas a compras de autos eléctricos e indemnizaciones por siniestros naturales, reportó Europa Press. Además, supone la necesidad de que el Ejecutivo elabore una nueva propuesta restringida exclusivamente al alza de las pensiones para intentar conseguir el respaldo parlamentario suficiente de PP y Junts.
Europa Press publicó que esta es la quinta ocasión en la actual legislatura en la que el Congreso deroga un decreto ley impulsado por el Gobierno por falta de apoyos parlamentarios. El primero se remonta a diciembre de 2023 y abarcó reformas judiciales; dos más, tumbados simultáneamente en enero de 2025, abarcaban el gravamen a empresas energéticas y otras medidas de índole variada, mientras que el último derogado antes del actual, fechado en julio del año pasado, contemplaba actuaciones para reforzar el sector eléctrico. Esta serie de reveses refleja las dificultades del Gabinete para sacar adelante medidas legislativas en ausencia de una mayoría consolidada.
En contraste con la derogación del Decreto del “escudo social”, el Congreso sí convalidó el decreto que extiende las ayudas al transporte público hasta 2026 y crea un abono único de transportes válido en toda España. Europa Press detalló que este texto salió adelante gracias a la abstención del PP, a pesar de la crítica inicial formulada por este grupo, así como por el apoyo final de Junts y Esquerra Republicana de Catalunya, quienes también habían planteado objeciones relacionadas con los servicios de Rodalies en Cataluña.
Esta normativa contempla la gratuidad de los viajes en autobús para menores de catorce años, un descuento del 40% en bonos de diez viajes, una reducción del 50% en el abono mensual nominativo y del 70% para el abono joven de hasta 26 años, según expuso Europa Press. Además, fija un precio de 60 euros para el abono único de transportes en todo el país, con tarifa reducida de 30 euros para usuarios menores de 26 años. El abono integrará tanto los autobuses interregionales de titularidad estatal como los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distancia.
Durante el debate de esta medida, la portavoz de Transportes de Vox en el Congreso, Carina Mejías, manifestó su rechazo a la aprobación del decreto argumentando que debía haberse retirado del orden del día debido a los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que fallecieron 46 personas, según publicó Europa Press. A pesar de esta postura, el resto de grupos, excluyendo Vox, votaron a favor, asegurando así la convalidación del paquete de ayudas al transporte público.
La sesión parlamentaria refleja la fractura en torno a la gestión de políticas sociales y económicas por parte del Gobierno y los equilibrios políticos que requieren la aprobación de cada decreto ley, según sintetiza la cobertura de Europa Press. Tras la derogación, el Ejecutivo deberá tramitar de nuevo la propuesta sobre pensiones de forma independiente, con el objetivo de recabar el apoyo específico de los partidos clave para avanzar en la aplicación de los incrementos previstos inicialmente.
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