Más de 5.800 personas han perdido la vida en Irán a raíz de la represión contra las recientes protestas, una cifra difundida por la ONG Human Rights Activists in Iran, que destacó que entre los fallecidos se encuentran 77 menores de edad y 209 agentes de las fuerzas de seguridad. El balance, publicado por la organización con sede en Estados Unidos y reproducido por diversos medios internacionales, asegura también que más de 41.000 personas fueron arrestadas durante los disturbios y que se han documentado al menos 240 casos de confesiones bajo coacción mientras continúa restringido el acceso a Internet en el país.
Según informó la cadena iraní Press TV, las autoridades de Irán han presentado demandas formales ante organismos internacionales en contra de Estados Unidos, Israel y varios grupos señalados como terroristas, argumentando su presunta implicación en los acontecimientos y la violencia registrada durante las últimas semanas de protestas. El jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, explicó que Washington y Tel Aviv fueron identificados como los responsables principales y que su implicación habría incluido el suministro de respaldo financiero y militar a los grupos y actores involucrados en los disturbios.
De acuerdo con lo publicado por Press TV, Mohseni-Ejei insistió en que, desde la perspectiva del gobierno persa, Estados Unidos e Israel desempeñaron un papel directo en los incidentes, con un apoyo explícito a elementos que, en palabras del responsable judicial, "perpetraron actos de terrorismo y disturbios". Estas acciones son calificadas por las autoridades iraníes como una extensión de la confrontación iniciada en junio con la ofensiva militar israelí, a la que después, según la denuncia, se habría sumado Estados Unidos.
El aparato judicial iraní, de acuerdo con lo detallado por la cadena iraní, también advirtió que no se prevé clemencia para quienes resulten hallados responsables de muertes tanto de manifestantes como de elementos de las fuerzas de seguridad, ni para quienes hayan causado daños a la propiedad pública o privada. Mohseni-Ejei sostuvo que los involucrados, sin importar el grado de participación, enfrentan la obligación de responder ante la justicia y compensar los daños materiales generados.
Entre los datos difundidos por Human Rights Activists in Iran, se indicó que, del total de 5.848 muertos, 5.520 eran manifestantes, mientras que 42 personas fallecieron sin participar en las protestas. Se reportó igualmente la existencia de 7.804 heridos de consideración. Además, la organización señala que aún se investigan 17.091 incidentes relacionados con las movilizaciones, lo que podría elevar aún más el número final de víctimas.
El medio Press TV informó que las autoridades iraníes reiteran que la crisis está siendo alimentada desde el exterior, atribuyendo a Washington y a Tel Aviv el financiamiento y la asesoría logística a las redes armadas y grupos acusados de terrorismo activos en el país. Para el gobierno iraní, los recientes sucesos formarían parte de un enfrentamiento internacional más amplio que se habría intensificado tras las operaciones israelíes a mediados de año.
Por su parte, cifras oficiales iniciales publicadas por medios estatales iraníes mencionaban más de 3.000 muertos, pero la ONG con sede en Estados Unidos actualizó estos números tras analizar documentación y testimonios recogidos durante las movilizaciones. Según consignó esta organización, la represión se ha traducido también en una amplia campaña de detenciones, que incluye además el uso de bloqueos prolongados a servicios de Internet como mecanismo para restringir el flujo de información entre la población y hacia el exterior.
El relato oficial, según informó Press TV, subraya la determinación estatal de procesar judicialmente a todos los implicados en la planificación, instigación o ejecución de actos violentos, señalando de forma específica la responsabilidad internacional en la escalada de la crisis social y en el agravamiento de la situación de derechos humanos en el país.
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